Pulso en el Gobierno por la moratoria de alquileres: Sumar pide que esté entre los anuncios de Sánchez de enero y el PSOE lo contempla con restricciones

Sumar confía todavía en impulsar políticas de vivienda en los primeros compases de 2026, con el paquete de anuncios que Pedro Sánchez prevé hacer en enero, y para el que pidió a sus ministros medidas de bajo impacto presupuestario o que no tuvieran que pasar por el Congreso. Los de Yolanda Díaz aspiran a incluir entre esas medidas la moratoria de los contratos de alquiler que venzan en los próximos dos años, para evitar nuevas subidas en los precios. Una propuesta que no convence al PSOE, que sí se ha mostrado abierto, en todo caso, a una fórmula 'light' que congele estas subidas sólo en determinados casos, como en situaciones de vulnerabilidad.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo cifra en 300.000 el número de contratos que deben renovarse en 2026 y otros 300.000 para 2027, con un total de 1,6 millones de potenciales afectados por la subida. En octubre, Sumar presentó un real decreto sobre vivienda que incluía la congelación y la prórroga automática de todos los contratos de alquiler, para añadir tres años adicionales a los contratos que finalicen, y aumentar a cinco en zonas tensionadas, además de pedir que esta congelación se mantenga aunque cambie el propietario del piso.

Sumar reclamaba al PSOE anunciar esta prórroga a lo largo de diciembre para dar certidumbre a quienes tengan que afrontar la renovación de aquellos contratos firmados en 2021, tras la pandemia y con los precios a la baja. Pero el mes de diciembre pasó y la sensación ahora es de "frustración". No obstante, en Sumar creen que aún es posible hacerlo, con efecto retroactivo, a lo largo del mes de enero, el mes en que precisamente Pedro Sánchez prevé dar impulso al Gobierno con una serie de medidas.

Para diseñar ese paquete, el presidente ha pedido a los ministerios de PSOE y de Sumar propuestas de gran impacto social que no conlleven gran coste presupuestario y, a ser posible, que no deban pasar por el Congreso, para evitar el suplicio de ahormar las mayorías tras la ruptura de Junts y con un Podemos instalado en la oposición.

En Sumar consideran que dentro de ese paquete encajaría la prórroga de los alquileres para evitar subidas masivas de precios, y en esto se han centrado las conversaciones entre los socios de coalición en las últimas semanas. En esas conversaciones, sin embargo, el PSOE habría mostrado resistencias a una medida de este tipo generalizada, ante las dudas de que PNV o Junts las pudieran apoyar, y se plantearía limitarla a situaciones concretas de vulnerabilidad o a rentas más bajas, según fuentes próximas a las conversaciones del ala minoritaria de la coalición.

En Sumar, sin embargo, rebaten esta tesis y apuntan a que la subida afectará a las clases medias, y no sólo a las más empobrecidas, a las que creen entregadas a Vox o al abstencionismo. Además, creen que partidos como Junts o PNV ya apoyaron la congelación de alquileres durante la pandemia, cuando los precios aún estaban contenidos. Un precedente que, valoran, haría difícil un voto en contra.

La coalición de izquierdas confía en que Sánchez termine incluyendo la propuesta como uno de los revulsivos de la legislatura. En el entorno de Yolanda Díaz hay quien fía la respuesta directamente a la figura del presidente de Gobierno, a quien ven más abierto a hacer concesiones que al propio Partido Socialista. Prueba de ello, argumentan, es que algunas de las propuestas más alineadas con el socio minoritario de coalición fueron desbloqueadas precisamente por Sánchez, como las ayudas al transporte -incluidas en el escudo social-, o el abono único.

Pero el hastío va en aumento en el ala minoritaria de la coalición, y el epicentro es precisamente la vivienda. Consideran que se ha perdido una oportunidad para recuperar la agenda política y para dar certidumbre a miles de familias, pudiendo aprobar una medida con efectos materiales inmediatos. El hecho de que se apruebe en enero, y no en diciembre, advierten en Sumar, también tendrá efectos colaterales. No sólo porque la retroactividad pudiera generar dudas legales, sino por la incertidumbre entre los inquilinos a la hora de abandonar o no su piso de alquiler.

Malestar en aumento

Desde octubre, el socio minoritario del Gobierno viene reclamando al ala socialista medidas en materia de vivienda, el principal problema de los españoles, según el CIS. Pero hasta ahora, la respuesta ha sido más que tímida, y el malestar en Sumar va in crescendo. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, llegó a sugerir la salida de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Esta semana, el portavoz del grupo en la comisión de Vivienda, el diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez, ha pedido abiertamente el "cese" de la ministra por parte del presidente del Gobierno después de que se confirmara que el Ejecutivo desoía la moratoria de los alquileres para 2026.

Mientras tanto, y dos meses después de que Sumar anunciase a bombo y platillo un decreto sobre vivienda, tampoco hay novedades al respecto. Aunque el socio minoritario del Gobierno aseguró durante semanas que estaba en conversaciones con el ala socialista, lo cierto es que no se ha materializado en ninguna propuesta concreta.

En las últimas semanas sí parece haber cierto acuerdo, que aún debe concretarse en medidas, para prohibir por ley que los inquilinos puedan hacerse cargo del pago de impuestos como el IBI, dentro de la ley de alquileres de temporada. Un acercamiento mínimo frente a una relación ya envenenada con el departamento de Isabel Rodríguez, a quien critican por su "falta de sensibilidad", y sobre la que advierten: "La interlocución es cada día más difícil".

Suscríbete para seguir leyendo