Junts debate el 'plan 8 millones' para actualizar su posición frente a la inmigración

¿Cómo se debe abordar la inmigración? Es la pregunta que sobrevuela a Junts desde hace más de dos años. Los alcaldes de los municipios con más población de origen extranjero, y que temen más el avance de formaciones de extrema derecha como Aliança Catalana, hace tiempo que presionan a la dirección del partido para que tome cartas en el asunto. Ya en enero de 2024, los posconvergentes pusieron la delegación de competencias en inmigración como una de sus principales prioridades en las negociaciones con el PSOE. Sin embargo, la propuesta que costó más de un año acordar cayó en saco roto por la oposición de Podemos en el Congreso. A pesar de este revés, Junts sigue insistiendo en su petición y está elaborando internamente un plan sobre cómo gestionar las llegadas para cuando Catalunya tenga mayores competencias.

La iniciativa surgió del congreso celebrado en octubre de 2024 en Calella. Desde entonces, la sectorial de migraciones ha estado entrevistándose con los alcaldes del partido que gestionan diariamente la cuestión, así como con expertos en la materia. El resultado de este análisis de la situación queda recogido en el 'plan 8 millones' que se presentó hace unas semanas en una asamblea abierta con la militancia del partido, en la que intervinieron alcaldes como Albert Castells (Vic), Jaume Ars (Guissona) o Xavier Fonollosa (Martorell), además de la responsable de inmigración del partido, la exconsellera Victòria Alsina, y el presidente de la sectorial, Èric Bertran.

Ahora el plan deberá pasar por un consejo asesor y posteriormente lo analizará la ejecutiva del partido, que puede introducir cambios en el texto. La propuesta, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, es tender hacia un "modelo sandía", es decir, con controles más estrictos a la llegada, pero con más derechos y facilidades una vez dentro. "Ahora tenemos el modelo melocotón, es fácil entrar pero después todo son problemas", relata un dirigente posconvergente.

El planteamiento es que haya controles más estrictos en las fronteras y que el permiso de trabajo sea un requisito 'sine qua non' para poder acceder al padrón y tener acceso a los servicios públicos como son la sanidad o la educación. "Ahora no tienen ninguna posibilidad de trabajar en la economía legal, les estamos condenando a la marginalidad", afirma un alcalde del partido, que denuncia que la infrafinanciación que sufren los ayuntamientos "tensiona" los servicios sociales y hace que no se pueda atender a familias vulnerables que ya llevan un tiempo aquí para destinar los recursos a los que acaban de llegar.

"Se necesita dinero y capacidad para regular el censo y poder evitar que gente sin contrato de trabajo tensione las ciudades", afirma una tercera fuente de la formación, que se refiere también al reciente desalojo de 400 personas en Badalona: "Se tiene que evitar situaciones como la del instituto B9. Si esta gente llegara con contratos de trabajo, esto no pasaría". La apuesta, insiste, no es "cerrar fronteras", sino una inmigración "gestionada desde origen".

La competencia con Aliança

Desde la dirección de Junts niegan que detrás de estas propuestas se esconda el temor a que Aliança Catalana haga mella entre sus votantes. Aseguran que su voluntad es abordar la cuestión porque forma parte de las preocupaciones de la ciudadanía y que tienen su propia propuesta alejada de Aliança, a quien acusan de no tener ningún plan y de hacer proclamas "irrealizables". Sin embargo, a pesar de no dar por buenas las encuestas, internamente hay preocupación ante el eventual auge de la formación liderada por Sílvia Orriols. La última encuesta del CEO pronosticó que los posconvergentes perderían hasta 16 diputados y empatarían con esta formación en tercera posición con 19-20 escaños.

Frente a esta circunstancia, la propuesta de Puigdemont pasa por cargar tanto contra la extrema derecha, como contra los partidos de izquierdas. "No se puede mirar hacia otro lado ni ir con los bidones de gasolina llenos para apagar un fuego", afirmó hace unos días el presidente de Junts a cuenta de la situación en Badalona. El posconvergente acusó al alcalde Xavier García Albiol de "incendiar la ciudad", pero también arremetió contra Illa por "dimitir de su liderazgo", intentando alejarse tanto de unos como de otros. Según Junts, los socialistas tienen parte de la culpa de la situación actual porque el Gobierno "no controla las fronteras, no financia los servicios públicos, no cede competencias y se desentiende de las problemáticas".

Más allá del debate sobre el modelo migratorio, Junts afronta ahora un dilema político de mayor calado: cómo tratar a Aliança Catalana a partir de las elecciones municipales de 2027. Si los pronósticos se cumplen, en más de un ayuntamiento Junts se puede encontrar en la tesitura de tener que contar con los votos de la extrema derecha para poder ostentar la vara de mando. La dirección del partido pone como línea roja de cualquier acuerdo el respeto a los "derechos humanos", pero no ha querido cerrar la puerta a nada y da autonomía municipal para forjar los pactos que convengan.

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