El Parlament encara un año decisivo para blindarse frente a los discursos de odio y modernizar la institución

Con el ecuador del mandato en el horizonte, el Parlament encara un 2026 clave para avanzar en la modernización de la Cámara, reforzar la institución ante el auge de la extrema derecha y trabajar en los preparativos de la conmemoración del milenario del parlamentarismo catalán en 2027. Tres ejes que marcarán la hoja de ruta de la Mesa este próximo año y que se sumarán a una larga lista de deberes pendientes a los que los sus miembros -PSC, Junts y ERC-, encabezados por el presidente de la institución, Josep Rull, tratarán de dar respuesta en estos próximos doce meses.

Desde la aprobación de un nuevo plan de igualdad hasta el despliegue del plan de acción climática y el de accesibilidad, pasando por la ampliación de espacios del edificio, la aceleración de los procesos legislativos y la regulación pendiente de las dietas de los diputados, la lista de retos es amplia. Pero uno destaca por encima del resto: dar con la mejor fórmula para poner coto a los discursos de odio sin erosionar los derechos parlamentarios ni reforzar la estrategia de confrontación de la extrema derecha.

Cinco expedientes pendientes

"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dice que la libertad de expresión en sede parlamentaria tiene márgenes muy amplios y que se deben tolerar discursos aun cuando sean perturbadores, impactantes o chocantes, pero también pone límites y define qué son los discursos de odio", explica a EL PERIÓDICO el jefe del hemiciclo. Rull recuerda que desde el inicio de esta legislatura esta ha sido una de las cuestiones más complicadas de resolver y que 2026 será clave para comprobar si el Parlament cuenta con los mecanismos necesarios para atajar los llamados "discursos deshumanizadores", aquellos que, según la doctrina europea, cruzan esos límites.

¿Cómo saberlo? De entrada, todavía no hay precedentes en la Cámara catalana y eso será una de los primeros pasos que deberá dar la institución con el nuevo año. Actualmente, hay cuatro expedientes en la comisión del estatuto del diputado, el órgano formado por representantes de todos los grupos parlamentarios que debe analizar si ha habido vulneración del código de conducta en intervenciones de Joan Garriga y Júlia Calvet, de Vox; y de Sílvia Orriols, de Aliança Catalana. Así se acordó en la última reunión de la comisión, celebrada a finales de octubre del año pasado, por lo que, según fuentes parlamentarias, se espera que en los primeros meses de 2026 se emita un dictamen. En cualquier caso, la decisión final sobre si se sanciona o no a los parlamentarios recaerá en el órgano rector, el único que tiene esta potestad.

Una vez estén estas resoluciones sobre la mesa, comenzará a definirse la hoja de ruta para futuros casos. Los expertos ya han avisado en varias ocasiones de que el Parlament carece de garantías suficientes para penalizar expresiones ofensivas, al no contar con un código de conducta con rango de ley. Sin embargo, cualquier reforma que habilite y blinde esta cuestión debe ser motivada por los grupos parlamentarios, no por la Mesa. Por parte del órgano rector, reconocen fuentes parlamentarias, se analizará, una vez haya dictamen de la comisión, si hay "algún cambio en las advertencias", pues ahora se aboga por interrumpir lo mínimo, en consonancia con lo que hacen otros parlamentos europeos.

Por parte de los grupos, como ya avanzó EL PERIÓDICO, hace tiempo que PSC, Junts y ERC trabajan en una propuesta de reforma del reglamento que actualice el código de conducta y lo incorpore a la norma del hemiciclo para resolver la falta de cobertura legal. Además, con el resto de formaciones también se trabaja en la aprobación de un nuevo plan de igualdad que incluya la lucha contra el racismo. El actual está caducado desde 2022, por lo que, un año más, vuelve a situarse como una asignatura pendiente.

Paralelamente, la Cámara catalana quiere seguir avanzando en la modernización de los procesos legislativos, pues desde el Parlament entienden que mejorar la calidad democrática es el mejor antídoto para el avance de los extremismos. En verano, la Mesa envió a los grupos parlamentarios unas recomendaciones para acotar los tiempos de aprobación de las leyes hasta los seis meses -la mayoría se alargan más de un año- y ahora, según explica Rull, también se quiere incluir un "mecanismo de evaluación" que permita, al cabo de un tiempo, verificar si la ley ha cumplido o no con su propósito y, en caso de concebirse efectos indeseados, poder "analizar" cómo revertirlo. "Las leyes se deben hacer y se tienen que hacer bien hechas, debemos poder acreditar que después de haberse aprobado, han sido útiles o leales a la voluntad del legislado", comenta el jefe del hemiciclo.

La calidad democrática y los procesos legislativos

Por ello, la Mesa ya maneja informes que analizan la viabilidad de esta medida a partir del derecho comparado de otros parlamentos que ya la aplican. Una iniciativa que, además, responde a una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aconseja evaluar las normas tanto 'ex ante' como 'ex post'. Todo ello en línea con la apuesta del Govern de mejorar el proceso de elaboración normativa el próximo año y reformar la administración catalana, dos retos compartidos por ambas instituciones y que, en el caso del Parlament, ya ha implicado una reestructuración interna de la plantilla que continuará durante 2026. En enero, está previsto que se dé a conocer la persona que ocupará la dirección de Govern Interior, vacante desde 2022 y una de las posiciones clave de la institución, responsable de la gestión de personal.

De cara al exterior, la Cámara también prevé avanzar este año en la modernización de sus espacios con el objetivo de acercarse a la ciudadanía. Los trabajos, iniciados en 2025, sientan las bases para una entrada más abierta del Palau, con áreas expositivas y plataformas interactivas que expliquen su actividad. Paralelamente, se espera avanzar en la actualización del convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Parlament para ganar metros cuadrados de sede, de acuerdo con la histórica reivindicación de la ampliación de la Cámara, un proyecto impulsado ya en 2006.

Todo ello bajo el compromiso medioambiental y de sostenibilidad asumidos por la Mesa desde su constitución en junio de 2024. Según ha podido saber este diario, el Parlament nombrará próximamente a la persona encargada de pilotar el plan de acción climática presentado hace un año y continuará desplegando el programa para hacer más sostenible la institución, una vez culminada la auditoría que debía marcar las líneas de actuación.

Estas prioridades deberán convivir, además, con el arranque de los preparativos para la celebración del milenario del parlamentarismo catalán, que conmemorará las primeras asambleas de paz y tregua de Dios de 1027. La Mesa ya ha designado al comisario Manel Vila Motlló para liderar esta efeméride y ha creado un Consejo Asesor, cuya composición se dará a conocer en febrero, en un acto público en el que también se detallará la hoja de ruta de la conmemoración y el presupuesto previsto.

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