2025, el año del seísmo en el PSOE que acorrala a Pedro Sánchez

"Resistir es vencer. Bueno, o todo lo contrario". El escritor y Català de l'Any, Javier Cercas, no tiene dudas sobre cuál es la noticia política de 2025: el seísmo en el PSOE. Ya no solo por los casos de presunta corrupción que acechan a Pedro Sánchez, sino también por las denuncias por acoso sexual en las filas socialistas. "Los presidentes del Gobierno siempre acaban mal", sostiene, repasando mentalmente la hemeroteca, y el cocinero Joan Roca, que acude a la cita con EL PERIÓDICO en representación de su madre, la Catalana de l'Any, Montserrat Fontané, asiente con una sonrisa.

La preocupación por la crisis en el Gobierno y en el partido es compartida por ambos. "Y lo que viene es peor, o mucho peor", desliza Roca, en alusión a un posible auge de la extrema derecha y a un Gobierno del PP y Vox. La diagnosis de Cercas es que la resistencia de Sánchez también erosiona a la izquierda en general y provoca la "desintegración" de este espacio político, algo que lamenta.

La resistencia del presidente y líder del PSOE es un asunto cada vez más en cuestión, de ahí que Sánchez garantice en cada comparecencia pública que la legislatura aguantará hasta 2027 y, por tanto, rechace el adelanto electoral.

Pero este año político que concluye ha estado marcado por continuos sobresaltos hasta el punto de que el PSOE ha visto cómo sus dos últimos secretarios de Organización –Santos Cerdán y José Luis Ábalos- hayan pisado el centro penitenciario situado en Soto del Real (Madrid) por orden de un juez del Tribunal Supremo.  

"Es evidente que el Gobierno, aun teniendo tarea pendiente en materia de otros muchos ámbitos, tenemos que volver a poner el foco y reivindicar y fortalecer toda la acción en materia de lucha contra la corrupción y el machismo. El culpable, evidentemente, de toda esta situación es quien comete esos supuestos delitos. Y eso le corresponde, por tanto, a la justicia determinarlo, pero yo, como persona que los nombró (José Luis Ábalos y Santos Cerdán), evidentemente tengo parte de responsabilidad y la asumo. Quienes llevan siete años pidiendo elecciones y por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018, se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirle, señorías, que, francamente, yo mismo he considerado esas opciones".

Reanimar a Sánchez de un "duro golpe"

La gravedad de los hechos se cristalizó cuando Sánchez reconoció en julio en el Congreso que se planteó dejar el Gobierno tras el escándalo que llevó a Cerdán a prisión. Fue el momento en el que el presidente tocó fondo, incluso más que cuando se tomó los días de reflexión en 2024, como han reconocido desde su entorno. Hubo que reanimarlo del "duro golpe", que se le notaba incluso en el físico. El descanso de ese verano y las llamadas con personas de confianza revitalizaron al presidente para continuar con la faena.

El informe de la UCO poniendo el foco en Cerdán y posibles amaños en contratos de obra pública provocó tal seísmo en el PSOE que aún colea pese a que, según dicen desde su equipo, Pedro Sánchez volvió de verano con la "fuerza" necesaria para superar este asunto y recuperar el pulso político y frenar el auge de las formaciones de derecha. Pero el Gobierno no logró marcar la agenda, pese a algunos momentos de cierta luz como el reconocimiento de Palestina como estado. Y la estrategia de acoso de la derecha, animada por el ciclo electoral que se avecina, se ha cobrado ya un primer éxito.

En un contexto en el que también se suman los casos de acoso que, como si se tratara de un 'me too', recorren todas las federaciones socialistas. Unos casos de acoso sexual -o laboral en algunas denuncias- en las que también se vislumbra cierto “fuego amigo”, como llegó a reconocer abiertamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en EL PERIÓDICO.

Pero también genera un contexto donde el presidente ha tenido que frenar una cierta rebelión de su socio en el Ejecutivo cuando la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, exigió un cambio en profundidad del Gabinete. Sánchez recordó a Díaz, a través de declaraciones públicas de ministros de su entorno, que la prerrogativa de las crisis de Gobierno es un asunto exclusivo del presidente.

Y de ahí que haya mantenido con su idea inicial de “cambios puntuales” de ministros según requieran las circunstancias. Por eso, el año ha concluido con la salida de Pilar Alegría del Gobierno, para centrarse en sus labores de líder de los socialistas aragoneses y candidata a la cita electoral autonómica en Aragón del próximo 8 de febrero. Lo que ha provocado en la entrada de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y de la designación como portavoz del Ejecutivo de Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Precisamente, en Aragón, se visualiza el temor lamentado por Cercas de la debilidad de las fuerzas de izquierdas al margen del PSOE porque no han conseguido ir en una candidatura unitaria, cosa que sí se hizo en Extremadura y que, para algunos, supone el ejemplo palmario de que unidos logran más réditos electorales que yendo por separados.

Pero en todo este repaso del año del Gobierno, también requieren mención la situación con los socios parlamentarios. La debilidad en las Cortes para aprobar medidas ha hecho que el Ejecutivo de Sánchez firme el otoño legislativo más improductivo en 25 años por la inestabilidad de sus socios y cierran el año con 28 leyes aprobadas, tres más que el año pasado. Pero sin presupuestos un año más.

Desde La Moncloa, incluso el presidente, insisten en que aprobarán y llevarán a las Cortes un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 pero, mientras eso ocurre, este 1 de enero volverá a prorrogarse las cuentas aprobadas en la pasada legislatura. Precisamente, el siguiente relevo en el Gobierno previsto es la salida de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además de ‘número dos’ del PSOE también es candidata de los socialistas a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuando se convoquen las ordinarias elecciones autonómicas– previstas para la primavera de 2026-. Hecho que, según Montero, no se producirá hasta que haya presentado Presupuestos y un nuevo sistema de financiación autonómica.

Estas son las otras cuatro noticias del año político:

El 50 aniversario de la muerte de Franco

Como si se tratase de una escena de 'Anatomía de un instante' de Javier Cercas, el Congreso acogió este año diversos actos conmemorando los 50 años de la monarquía parlamentaria. En uno de ellos, los Reyes acudieron a la Sala Constitucional de la Cámara Baja, bajo la mirada de los cuadros de los 'padres de la Constitución', a un repaso de la historia reciente del país.

Una conmemoración en la que no ha estado presente el rey Juan Carlos por decisión expresa de Felipe VI. Solo acudió al almuerzo privado que organizó el Rey en La Zarzuela y, después, regresó a su residencia en Abu Dabi. Desde EL PERIÓDICO también hemos recordado esa efeméride con numerosas piezas y especiales sobre el momento y las consecuencias para entender la España de hoy.

La dimisión de Carlos Mazón por la dana

Un año después de la tragedia natural que se cobró la vida de 237 personas, Carlos Mazón dimitió como presidente de la Generalitat Valenciana. La presión social, judicial y también política cercó al dirigente popular - que continua como parlamentario en las Cortes Valencianas y, por tanto, aforado- los días posteriores a la conmemoración del primer aniversario de la dana que asoló varias localidades valencianas. La marcha de Mazón, que sigue como presidente del PP en la región, obligó a los populares a un nuevo acuerdo - que no consta por escrito- con Vox, que había fijado el rechazo al Pacto Verde, el freno a la inmigración "ilegal y masiva", la rebaja fiscal, la libertad educativa y el apoyo a la vivienda como líneas básicas para la elección de Juanfran Pérez Llorca como presidente. Mientras, la jueza de Catarroja que investiga los hechos sigue avanzando en la investigación esquivando por ahora la imputación de Mazón, lo que le obligaría a elevar al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana la causa. En lo político, las distintas versiones de Mazón incluso salpican al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tndrá que ir a declarar en sede judicial.

El juicio a Jordi Pujol y su familia

El expresident Jordi Pujol y su familia están siendo juzgados desde el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional por haber ocultado presuntamente dinero en cuentas en Andorra tras su confesión en 2014. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 8 y 29 años de prisión para toda la familia por enriquecerse gracias al ascendente del patriarca, el expresidente de la Generalitat, para el que solicita 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Los Pujol siempre han defendido que la fortuna procede de una herencia del abuelo Florenci, pero el tribunal deberá aclarar su origen y dilucidar también la implicación del excomisario José Manuel Villarejo y, en el fondo, la incidencia de la 'operación Cataluña' en el caso. Pese a que hasta tres forenses evaluaron el estado de salud del expresident para determinar si podía afrontar el juicio, el tribunal por ahora mantiene la acusación, aunque le permite seguir la vista desde casa. Su declaración se prevé en mayo, y antes los magistrados volverán a valorar si está capacitado para explicarse sin que ello afecte a su derecho a la defensa.

El pacto entre el Gobierno y la Generalitat para una nueva financiación

El president Salvador Illa pactó con ERC para su investidura un nuevo sistema de financiación para Catalunya. Desde aquel 8 de agosto, fecha en la que Illa fue elegido para el cargo, la Generalitat y el Gobierno negocian cómo hacer efectiva esta reforma. Este 2025 se ha dado un primer paso: la comisión bilateral celebrada el 14 de julio sirvió para que este acuerdo entre partidos se convirtiera en un pacto entre gobiernos, y en él se reconocía la capacidad de Catalunya para tener un mayor autogobierno en esta materia, se avalaba el fortalecimiento de la hacienda catalana, y se proponía respetar el principio de ordinalidad, junto con una cuota de solidaridad. En enero se prevé conocer la propuesta de Hacienda para desarrollar esta singularidad catalana en una propuesta 'generalizable' a todas las autonomías.

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