El Parlament acelera el ritmo de la última década: 33 iniciativas legislativas han visto la luz este 2025

El Parlament cierra 2025 con una actividad intensa en el hemiciclo, pero con una producción legislativa condicionada por la falta de mayoría del PSC y por el uso recurrente del decreto ley por parte del Govern. A lo largo del año, la Cámara catalana ha aprobado 33 normas -12 leyes y 21 decretos ley-, una cifra por encima de la media anual de los últimos veinte años (28) y que da buena medida del ritmo político de la legislatura y de las prioridades del Executiu de Salvador Illa, pero también de los compromisos que este ha tenido que asumir con sus socios de investidura, ERC y los Comuns.

Las normas se han distribuido a lo largo del año de forma bastante regular, con los meses más ágiles en cuanto a actividad normativa en mayo y noviembre, y con un empujón final del último trimestre del año especialmente intenso. En diciembre se aprobaron tres leyes de alto impacto político y social: la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones -una de las principales banderas de los socios de investidura-; la ley de derechos de las personas LGBTI y para la erradicación de la LGTBIfobia, cuyo trabajo se arrastraba de la pasada legislatura; y la modificación de la normativa de comercio, servicios y ferias.

Un goteo de leyes y muchos decretos

Más allá de este empujón final, 2025 ha sido un año de goteo legislativo. En enero se aprobó la primera ley del curso, la que eliminó los beneficios fiscales ligados al proyecto del Hard Rock, uno de los compromisos que tanto ERC como los Comuns pusieron sobre la mesa para investir a Illa. En los meses siguientes fueron llegando reformas de naturaleza diversa, muchas de ellas heredadas de trabajos iniciados en la anterior legislatura y con un amplio consenso, como el Estatuto de los municipios rurales, aprobado por una amplia mayoría (todos, salvo Vox, que se abstuvo) o la exención de los patios escolares de los límites acústicos, validada por unanimidad. También han salido adelante reivindicaciones históricas como la creación del cuerpo de acción exterior -una norma pactada entre el PSC y ERC para convertir a Illa en president-, que salió adelante también con el 'sí' de Junts y la CUP.

En paralelo, el Govern ha recurrido de forma sistemática al decreto ley para avanzar su agenda, una medida que aprueba en el Consell Executiu y que después debe ser validada por el hemiciclo. El Parlament ha convalidado 21 decretos en un solo año, algunos de ellos posteriormente tramitados como proyectos de ley para incluir así las aportaciones de los grupos parlamentarios. Vivienda, fiscalidad, ayudas sociales, inyecciones de crédito para compensar la falta de presupuestos actualizados, energía o sector agrario han concentrado buena parte de estas medidas urgentes, en un contexto marcado por la ausencia de nuevas cuentas y por la presión social, especialmente en ámbitos como el acceso a la vivienda, pero también por las crisis sobrevenidas, como el gran apagón o la peste porcina africana.

Por encima de la media anual

Si se amplía el foco al conjunto de esta legislatura, iniciada en junio de 2024, el balance sigue inclinándose claramente hacia esta fórmula: 13 leyes aprobadas y 25 decretos ley validados en total. Es decir, casi el doble de convalidaciones que de normas tramitadas por la vía ordinaria. No se trata de un fenómeno nuevo. Desde la pandemia del covid, en 2020, el decreto ley se normalizó como herramienta legislativa, con un Govern que impulsa las medidas y un Parlament que las convalida o decide su tramitación posterior como proyecto de ley para recabar las propuestas de todos los partidos, una dinámica que no solo no se ha revertido, sino que ha ido a más y que los expertos, como explicó EL PERIÓDICO, creen que deteriora el papel de la Cámara catalana. Entre 2006 y 2010 -la primera legislatura en la que esta posibilidad entró en vigor tras su inclusión en el Estatut- se convalidaban de media solo dos decretos al año, frente a una media de 39 leyes por la vía ordinaria. Desde entonces, la tendencia se ha invertido progresivamente.

Más allá del cambio en el peso relativo entre ambas vías, aquella legislatura del tripartito presidido por José Montilla (PSC) aprobaba, en términos generales, una media de unas 40 normas anuales. Esa cifra fue menguando con la entrada de la nueva década y se redujo prácticamente a la mitad, con la excepción del periodo comprendido entre 2018 y 2020, cuando la emergencia sanitaria disparó la producción normativa, especialmente en forma de decretos ley para que entraran en vigor cuanto antes.

En 2025 se han aprobado un total de 33 iniciativas legislativas, lo que vuelve a situar a esta legislatura entre las más activas de los últimos 20 años. Sin contar las del tripartito y Quim Torra (la del covid), en el resto de mandatos se han aprobado, de media, unas 20 normas al año entre decretos, proyectos de ley y proposiciones de ley.

Los bloques del Parlament

La aritmética parlamentaria, marcada por la falta de mayoría del PSC, obliga al Govern a negociar prácticamente cada iniciativa que llega al Parlament, especialmente los decretos impulsados desde el Palau de la Generalitat. Pese a algún tropiezo fruto de un mal cálculo -como ocurrió con la tasa turística- o de la precipitación -como la retirada a última hora del decreto de las renovables y de los cámpings en zonas inundables-, el Executiu suele llevar estas medidas al pleno con los apoyos bien atados de sus socios.

Así lo refleja la coincidencia de voto del bloque de izquierdas: desde agosto de 2024, PSC, ERC y Comuns han coincidido en el 84% de las votaciones de iniciativas legislativas, según datos que manejan los socialistas, sin contabilizar las mociones, que no son vinculantes. Si se incorpora a la CUP a la ecuación, el porcentaje desciende hasta el 65%, aunque se mantiene por encima de la mitad, algo que fuentes socialistas aseguran que es "muy positivo", dado las diferencias que hay entre los planteamientos de ambos partidos. El PSC, además, ha coincidido en un 64% de las votaciones con Junts.

El Parlament cerrará el año con 75 iniciativas legislativas en trámite, entre proyectos del Govern, proposiciones de ley de los grupos y propuestas de iniciativa legislativa popular, lo que traslada una parte sustancial del trabajo normativo a 2026. En ese contexto, la gran incógnita del próximo ejercicio no será solo el volumen de leyes que se aprobarán, sino si el Executiu logra desencallar una de las piezas clave para apuntalar su estabilidad: los presupuestos de 2026, los primeros de Illa y los llamados a poner fin a la prórroga de unas cuentas que se arrastran desde 2023.

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