Gobierno y ERC tratan de amoldar el modelo de financiación a los intereses de Catalunya vía IVA de las pymes

La política circula estos días al ralentí de las fiestas navideñas, pero el toma y daca entre el Gobierno y ERC por la nueva financiación llega hasta las uvas. Porque entre escudella, canelones y turrones, ambas partes ultiman cómo lograr la cuadratura del círculo para que el modelo responda a los intereses de Catalunya y, a la vez, sea extrapolable y compense a la mayoría de comunidades autónomas con una inyección de recursos adicionales. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que el pacto es ya cuestión "de detalles", pero eso no quiere decir que lo que manejan sean asuntos menores. En estos momentos, según avanzó 'La Vanguardia' y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, abordan una subida del IVA de las pymes que recaudan los territorios del 50% actual al 56%, un incremento que para Catalunya podría suponer 1.400 millones de euros más de lo que ingresa ahora, según los cálculos actuales.

Y es que no solo se trata de subir ese porcentaje, sino de que esa capacidad fiscal se aplique en base al domicilio social de las empresas y no sobre el consumo que se genera en una autonomía, algo que podrá escoger cada territorio. Catalunya es el territorio donde hay registradas más pymes, más de 610.000, por lo que esa subida del IVA junto al cambio de criterio es considerado un elemento "claramente singular" porque es la comunidad donde tendrá más impacto, seguida de Madrid y Valencia, mientras que en otras apenas habría una diferencia significativa.

Un 6% y un nuevo criterio determinantes

Tal como está planteada la ley hoy en día, una pyme paga el IVA correspondiente al Gobierno central y este es el que se encarga de redistribuir lo recaudado en función de donde se haya producido el consumo. Es decir, un negocio cobra IVA a sus clientes, luego se lo deduce y paga al Estado lo que toque. El Estado, que cuenta con toda la información declarada de esa empresa, la analiza para saber en qué zonas de España ha tenido una actividad más intensa, y, con ello, decide a qué comunidad le corresponde más parte de ese IVA. Todo esto bajo la lógica de que, siendo el IVA un impuesto sobre el consumo, el dinero tiene que ir a donde se consume.

Pongamos por caso que una cadena mediana de tiendas de ropa ha ingresado 100.000 euros en Catalunya, y 50.000 euros en Madrid, esta marca presentará un único IVA a la Agencia Tributaria estatal y se olvidará del asunto, pero, a la hora de repartir lo recaudado entre comunidades, este organismo sabrá que, de la actividad de esta pyme en concreto, debe un poco más a Catalunya que a Madrid. Esto, elevado a los aproximadamente 3 millones de pymes activas en España actualmente.

El cambio acordado es que el nuevo modelo de financiación autonómica dé a las comunidades la opción de recaudar este IVA en función de si estas empresas de hasta 250 trabajadores o menos de 50 millones de euros de facturación anual tienen su sede en ese territorio o no. Dicho de otro modo: que todo el IVA que genere un negocio se atribuya a la comunidad donde esta empresa esté radicada, independientemente de donde ha vendido qué. Siguiendo con el ejemplo previo, Catalunya recibiría el IVA generado con los 150.000 euros de facturación total de la marca de ropa catalana; Madrid ya no vería nada, aunque 50.000 euros se hubiesen obtenido con ventas a clientes de allí.

El hueso duro de la ordinalidad

Pese a todo, ERC considera que hay otros elementos cruciales del modelo de financiación para que el acuerdo sea sólido. A nadie se le escapa que el hueso duro de roer es la ordinalidad, es decir, que Catalunya no se quede atrás en el reparto de recursos en función de la posición que ocupa aportando. Los republicanos urgen a no marear más la perdiz ni supeditarse al calendario electoral -primero Extremadura y, próximamente, Aragón- para cerrar ya la entente y presentarla públicamente. También al Govern de Illa le interesa que no se demore más la concreción del modelo, puesto que de la financiación depende que pueda abordar los presupuestos de 2026.

Prueba de que el calendario aprieta y de que el Executiu quiere aplacar la zozobra de los republicanos es que la portavoz, Sílvia Paneque, ya ha anticipado que se va a cumplir con esa ordinalidad. Aunque, pormenor significativo, en una entrevista en ACN el domingo dejó caer que no se entrará en el "debate de las palabras". Es decir, que es una incógnita si la ordinalidad quedará explicitada o no o si se evitará ese concepto, por lo que está por ver si esa apuesta convence a los republicanos, que deberán responder si consideran que se da cumplimiento a ese principio. Oriol Junqueras ya se ha encargado de advertir también de que este requisito es imprescindible, pero no suficiente.

La recaudación del RPF

ERC exige a los socialistas que cumplan también con el otro aspecto esencial del modelo que quedó plasmado en el acuerdo para la investidura de Illa: la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya si quieren negociar presupuestos tanto a nivel catalán como estatal. De momento, la proposición que presentó el grupo de Gabriel Rufián sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso porque el PSOE no la suscribe completamente por los cambios legislativos que implica, pese a que sí es considerada una propuesta asumible por parte del Govern de Salvador Illa. Esta es, de hecho, la primera parte de la financiación que inicialmente tenía que cerrarse antes, pero finalmente acabo aparcada -provocando el enfado de ERC- y el esqueleto del modelo ha acabado pasando por delante.

La telaraña de negociaciones entre el Gobierno y el partido de Junqueras es aún más densa en materia económica. Encauzado y a la espera solo de la aprobación en el Congreso está la quita de la deuda del FLA, que para Catalunya supondrá una condonación de 17.000 millones de euros. ERC ya ha apretado las tuercas en los últimos días para que Junts lo permita con su voto.

Ejecución, más recursos y capacidad normativa

Pero aún hay tres asuntos más que los republicanos tratan de arrancar. Uno de ellos es la financiación de las llamadas 'competencias no homogéneas', es decir, servicios que se prestan o gestionan desde Catalunya, como el cuerpo de los Mossos o las prisiones, y que reivindican que deben estar dotados de más recursos, algo que deberá abordarse en la comisión bilateral Estado-Generalitat. También la capacidad normativa sobre los impuestos, que es un asunto que reconocen que se irá abordando más a medio plazo. Y, por el último, está por constituir el consorcio que gestionará la ejecución de las inversiones en Catalunya, que deberá atajar el histórico déficit de inversiones y la baja ejecución presupuestaria que se arrastra esta comunidad autónoma desde hace años -en el 2023 fue de un 45% en Catalunya frente al 165% de Madrid-. Hay acuerdo entre el Govern y ERC para ponerlo en marcha, pero falta aún el plácet del Gobierno.

Aunque desde la Generalitat guardan un férreo silencio sobre los detalles, fuentes de los socialistas catalanes aseguran que todo está listo para abrir de par en par la carpeta de la financiación singular pasada la semana de Reyes y que, a renglón seguido, saldrán también del cajón los presupuestos de 2026. En enero, como pronosticó Salvador Illa, "pasarán cosas". La cuestión es si esas cosas que pasen serán del agrado de los socios que hasta ahora han garantizado la estabilidad al president, al tiempo que dan cuerda también a la legislatura de Pedro Sánchez.

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