El Gobierno sopesa la vía unilateral si la Iglesia rechaza pactar indemnizaciones a víctimas de pederastia

El ultimátum del Gobierno a la Iglesia para buscar una solución consensuada sobre la reparación económica a las víctimas de pederastia en su seno se agota. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se puso como límite para dar una oportunidad a las negociaciones final de año. Así se lo trasladó a las asociaciones de víctimas en una reunión el pasado mes de noviembre, después de haber visitado en el Vaticano al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, para tratar de desbloquear una carpeta que lleva desde abril de 2024 sin avances.

Las resistencias de la Coferencia Episcopal persisten y fuentes del Ejecutivo conocedoras de los contactos cada vez más dañados amenazan con que es solo una cuestión de tiempo optar por la vía unilateral para obligar legalmente a la Iglesia a asumir las compensanciones económicas. El propio plan del Defensor del Pueblo desarrollado por el Consejo de Ministros ya deja la puerta abierta a la búsqueda de mecanismos legales en caso de desacuerdo. 

La alternativa sería aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctima y las medidas reparadoras que sean adecuadas, “pudiendo prever la colaboración entre el Estado y las CCAA”. Para ello habría que desarrollar un mecanismo extrajudicial de compensación.

En el Gobierno enmarcan el último choque con el presidente de los obispos, Luis Argüello, con su oposición a llegar a un acuerdo en esta materia. Después de que en una entrevista en el diario ‘La Vanguardia’ Argüello abogase por cambio de Gobierno a través de “una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo acusó de interferencia política.

El encargado de las relaciones con la Iglesia, Félix Bolaños, fue un paso más allá recriminándolo por carta y deduciendo su interés por un Gobierno de PP y Vox que “no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos”. "Le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno. Y en este sentido, le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país", concluía.

Desde Moncloa señalan que hay división en la propia Iglesia, pero asumen que se están imponiendo sectores que asocian con la derecha reaccionaria. Incluso “franquistas”, señalan en referencia a las resistencias que se mostraron para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Un proyecto que se tuvo que desbloquear directamente con el Vaticano.

La propuesta del Gobierno

En este contexto, se redobla la amenaza del Gobierno si no hay un viraje inmediato por parte de la Iglesia y asume ya la creación de un órgano mixto para pactar las indemnizaciones. Su propuesta es darle independencia a dicha comisión y dejar como una suerte de árbitro al Defensor del Pueblo. El objetivo es que cuente con las propias víctimas, tenga procesos seguros y respetuosos y pueda decretar compensaciones. La Iglesia tendría voz, pero no voto en dicho órgano.

Los obispos criticaron desde el principio que el plan del Gobierno supone un “juicio condenatorio de toda la Iglesia” e incluso deslizaron su inconstitucionalidad por cuestionar “el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales". En estos meses han puesto en marcha de forma paralela su propio ‘Plan de Reparación Integral’, con propuestas de indemnización de entre 3.000 y 100.000 euros, que en el último año ha recibido cerca de un centenar de solicitudes.

El Estado y la Iglesia han logrado acuerdos relativos a las inmatriculaciones de bienes, a la modificación del régimen tributario para eliminar algunas de sus exenciones de impuestos y la resignificación de Cuelgamuros, cuyo proyecto ganador se dio a conocer el pasado martes, pero siguen chocando respecto al plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo por las víctimas de pederastia. 

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