Feijóo apoya a Albiol por el desalojo de Badalona y avisa de que los "problemas sociales" no se resuelven "incumpliendo la ley"

Casi dos semanas después del desalojo del mayor asentamiento de personas sin hogar en Catalunya, ubicado en el antiguo instituto B9 de Badalona, la actuación liderada por el Ayuntamiento, con el alcalde popular Xavier García Albiol al frente, sigue generando polémica. Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cerrar filas con la gestión de Albiol y ha asegurado que su único objetivo es "hacer cumplir la ley en su municipio". "Si hay personas que ocupan edificios públicos o privados de forma ilegal, deben saber que en España se respeta la ley", ha afirmado durante su discurso de balance del 2025, poco después de que la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, criticara el "silencio atronador" del líder de la oposición sobre este tema en los últimos días.

Feijóo, siguiendo la línea del propio alcalde y del PP catalán en los últimos días, ha responsabilizado de la situación a la Generalitat y al Gobierno central, a quienes atribuye la obligación de implementar las "políticas sociales de vivienda", aunque sí ha deslizado que esta también recae, en parte, en las administraciones municipales. En cualquier caso, ha defendido que Albiol liderara la desocupación del antiguo instituto, señalando que se trataba de un "incumplimiento sistemático de la ley". "Los problemas sociales se resuelven con políticas sociales, no con decisiones ilegales", ha añadido, justificando así la necesidad de desmantelar el asentamiento y tras defender en su discurso que la "seguridad" de la propiedad privada debe ser "defendida y respetada", en alusión a la ocupación de inmuebles.

Sin embargo, el dirigente popular ha evitado abordar el núcleo de la polémica: la falta de alternativa habitacional para las más de 200 personas, en su mayoría inmigrantes, desalojadas por orden judicial a petición del Ayuntamiento. Durante días, muchas de ellas se instalaron al raso en las inmediaciones del centro y bajo el puente de la C-31, coincidiendo con un fuerte temporal de lluvias en Badalona. Pocos días después, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con el Govern para habilitar un dispositivo temporal que, de momento, ha realojado a 153 de las aproximadamente 400 personas que vivían en el antiguo instituto, muchas de las cuales ya abandonaron el centro antes de proceder con el desalojo, el 17 de diciembre.

La falta de una respuesta a las personas en un inicio, que el mismo alcalde ya avanzó que no iba a gestionar, no solo ha generado críticas desde la oposición, tanto municipal como en el Parlament o el Gobierno, sino que ha llevado al eurodiputado de los Comuns Jaume Asens a denunciar ante la Fiscalía al alcalde por un delito de odio y discriminación, es decir, por la vía penal. Horas antes, el Ministerio Fiscal ya había exigido que Albiol aclarase qué protección ofreció a los desalojados del B9 de Badalona. En el auto que autorizaba el desalojo se decía explícitamente que debían adoptarse los protocolos de asistencia a personas sin techo por parte de los servicios municipales y que el consistorio debía prestarles atención de emergencia social.

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