La Agencia Española de Cooperación Internacional, investigada por pagos sin justificar por 21,7 millones

El Tribunal de Cuentas ha nombrado una delegada instructora para que determine la responsabilidad contable en la que haya podido incurrir la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) por no haber justificado a tiempo pagos por más de 21,7 millones de euros, según se comprobó en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado -con la que el organismo comprueba de oficio el funcionamiento de la Administración-, del ejercicio de 2023, según un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Tras comprobarse la falta de justificación de pagos de distintas cuantías por un importe total de 21.709.052 euros, tanto la Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas como la Abogacía del Estado instaron la investigación, porque el mero retraso en la justificación de importes ya puede dar lugar a responsabilidad contable.

No obstante, tras el estudio de las alegaciones presentadas por el organismo público tanto el ministerio público como los servicios jurídicos del Estado cambiaron de criterio y entendieron que debía decretarse el archivo. La Agencia Española de Cooperación Internacional había justificado el retraso en la "complejidad de la red de la AECID" con 53 oficinas de cooperación adscritas a embajadas con "un personal técnico que resulta insuficiente" para justificar a tiempo los pagos realizados en todo el mundo.

En cualquier caso, consciente de la necesidad de solventarlo, añadía que en 2024 había puesto en marcha una nueva estructura, en el marco del nuevo Estatuto de la AECID, con una Subdirección de Control de Procedimientos y Gestión de Riesgos para reforzar sus capacidades de control y seguimiento para la justificación de cuentas. Ello se suma al plan específico que su Consejo Rector ya había aprobado en 2014 para el examen y aprobación de dichas cuentas justificativas, siguiendo las instrucciones que ya entonces le proporcionó el propio Tribunal de Cuentas.

De 52 a 21

Las alegaciones trataban de evitar una investigación en mayor profundidad, como la acordada. Señalaba que el importe librado entre 2016 y 2023 que se encontraba pendiente de aprobar el pasado mes de julio era de 52.398.981 euros, "una suma inferior en un 22% a lo establecido por el Tribunal de Cuentas" para ello, que cifraba en 67,2 millones. Añadía que parte de las cuentas incluidas en la revisión no deberían estarlo, porque todavía estaban en plazo legal de rendimiento. De esa forma en la Declaración solo estaría como pendiente de justificación el 32% de lo recogido: 21.709.052 euros.

El auto señala, en cambio, que esas alegaciones describen "la misión que desarrolla" la AECID, "su escasez de medios y sus esfuerzos normativos, organizativos y funcionales para mejorar su funcionamiento interno y la gestión de los pagos a justificar", pero "no desvirtúan la realidad que justificó la apertura de estas diligencias", que es la falta de justificación de pagos por "una cifra obviamente relevante".

En la respuesta de la agencia no se aporta "información sobre el estado de la tramitación de los expedientes" bajo sospecha o sobre las razones específicas del incumplimiento de los plazos establecidos para la rendición anular de cuentas, en los que se acumula ya un retraso de un año y siete meses.

Ante un importe semejante, el no profundizar en las pesquisas para asegurar la justificación de todos los pagos pendientes, podía dejar la puerta abierta a que alguna cantidad no llegara a quedar suficientemente justificada, algo que resultaría difícil de entender sobre todo cuando el Tribunal de Cuentas se ocupa de fiscalizar cantidades a partir de 2.000 euros en pequeños municipios por el uso dado a las subvenciones que recibe.

De ahí que la Sección de Enjuiciamiento entendiera que lo más conveniente era remitir las actuaciones a la delegada instructora para que ella realice un análisis más exhaustivo de estos pagos y su justificación. Ella será quien tenga la última palabra respecto a si debe juzgarse al organismo público o no, en función de si aprecia indicios de responsabilidad contable o lo descarta, porque todo el dinero público gastado está plena y correctamente justificado.

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