El Govern de Illa ha aprobado la mitad de las leyes que prometió para 2025

El cierre del año siempre es sinónimo de hacer balance. También para el Govern de Salvador Illa, que arrancó 2025 con unos propósitos plasmados sobre el papel, pero que en la práctica acaba con una fotografía que dista de su pretensión. De todas las normas que preveía aprobar, que son un total de 47, ha acabado culminando 24; es decir, el 51%. Y de las 87 que tenía pensado iniciar, ha puesto en marcha una de cada tres, el 31%. "Es una cifra modesta, pero significativamente superior a la de otros años", reconocen en el Executiu. A modo de ejemplo: en su segundo año de mandato, el Govern de Pere Aragonès aseguraba haber cumplido un 40% de su plan, aunque no desglosaba las leyes anualmente.

Hay varios factores que han influido, según el Govern, en que el porcentaje de cumplimiento del plan normativo sea este. Uno de ellos es que, a medida que avanza el mandato, se ha ido priorizando intensificar las medidas en materia de vivienda, algunas vía decreto ley y otras mediante proposición de ley en el Parlament. La semana pasada se aprobó la regulación de los alquileres de temporada y en los últimos meses se han alumbrado medidas como la de contención de rentas en las zonas tensionadas o el régimen sancionador para quienes incumplan los topes de los alquileres.

Los socios y las urgencias

Al mismo tiempo, se han impulsado también medidas para reforzar la Agència Tributària de Catalunya con el fin de prepararla para el nuevo modelo de financiación singular. Es decir, que la acción del Govern en minoría de Illa, condicionada por las grandes carpetas que ERC y los Comuns sitúan en el epicentro de la negociación, repercute también en la alteración de los planes normativos previstos inicialmente.

Pero no solo eso, ya que también las urgencias que han irrumpido en la legislatura, como el gran apagón del mes de abril, las sucesivas crisis en el ámbito de la agricultura y la ganadería o las danas y los incendios, han influido en la toma de decisiones y se han traducido en leyes. Ejemplo de ello fue la norma para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Catalunya, la de medidas urgentes para el sector agrario y forestal, la de prevención de incendios o la relativa a la gestión del riesgo de inundación de los cámpings. Además, el hecho de no haber podido disponer de nuevos presupuestos este año también ha requerido la aprobación de hasta tres decretos ley de suplementos de crédito.

Avances y demoras

El Govern sí puede sacar pecho de haber culminado o iniciado la tramitación de buena parte de las normas en materia de simplificación administrativa y reglamentaria, así como iniciativas emblemáticas para su proyecto, como la del despliegue de la ley de barrios o el Estatut de Municipis Rurals, heredado del anterior ejecutivo. También está a punto de caramelo el registro de viviendas vacías. Otras, aunque no estén aprobadas de forma definitiva, sí que han iniciado el camino, como la de financiación local, o están en fase más avanzada en el Parlament, como la de la erradicación del amianto o la de memoria democrática, que están a las puertas de ser aprobadas.

Sin embargo, hay otras que se han quedado en barbecho. Por ejemplo, algunas en materia medioambiental, como la ley de residuos o la de la Agència de la Natura. Tampoco han avanzado algunas iniciativas contempladas en materia de dependencia. La conselleria de Drets Socials i Inclusió ha tenido que afrontar este año la refundación de la DGAIA, un conflicto que le estalló de forma imprevista.

Autocrítica

No obstante, más allá de los contratiempos y de los compromisos contraídos con los socios de investidura, también asumen desde el Govern causas endógenas para explicar el grado de cumplimiento del plan normativo. Por un lado, admiten no haber calibrado suficientemente el proceso "excesivamente largo", pero a la vez "garantista", que supone tramitar una ley desde que se elabora y se expone públicamente hasta que llega al Parlament.

Por otro lado, reconocen que se han "sobreestimado" los recursos necesarios o el personal" disponible para impulsar una norma. También hay iniciativas que, en lugar de llevarse al Parlament como proyectos de ley del propio Govern, acaban tramitándose como proposición de ley de los grupos parlamentarios, como la de acción exterior y relaciones con la Unión Europea o la ley de mecenazgo.

Con toda esta experiencia acumulada, el Executiu está ultimando el plan normativo de 2026 con el objetivo de que, a finales del año que viene, el balance pueda ser más ajustado a las previsiones. En todo caso, en el Govern defienden que se trata de una herramienta que, sin que sea de carácter obligatorio, ha venido para quedarse porque permite, además de disponer de una carta de navegación, abrir una ventana de "transparencia" y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La previsión de 2026

Además, el compromiso que asumen en el ejecutivo tras este primer año es el de mejorar el proceso de elaboración normativa sobre la base de la estrategia 'Better regulation' de la Unión Europea destinada a garantizar que las leyes que se elaboran sean necesarias, claras y generen el mínimo de cargas administrativas para justificar los costes que suponen su proceso de elaboración. "Hay que hacer un buen cálculo para no sobrerregular sobre cuestiones para las que ya existe normativa", argumentan.

Así que el año 2026 arrancará con una nueva hoja de ruta regulatoria que heredará las asignaturas pendientes, pero que estará marcada también por lo impredecible y, de nuevo, por las dinámicas derivadas de la negociación del Govern con ERC y los Comuns, con la financiación singular y los presupuestos como principal hueso duro. Y es que, si durante el mandato de Pere Aragonès lo que hizo Illa desde la oposición es jugar la carta de marcarle el paso, republicanos y Comuns hacen ahora lo propio.

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