La Fiscalía archiva el escrito del Parlament contra Gay y Millo por no comparecer en la comisión sobre infiltraciones policiales

La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado el escrito remitido por la Mesa del Parlament en el que se ponía en su conocimiento las incomparecencias de los exdelegados del Gobierno en Catalunya Enric Millo (PP) y Maria Eugènia Gay (PSC), así como de otros altos mandos policiales, ante la comisión de investigación sobre ciberespionaje e infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos de la Cámara catalana.

Fuentes parlamentarias señalan que la Fiscalía se ampara en el artículo 68.1 del Estatut de Catalunya para concluir que carece de competencias en este ámbito. El argumento -el mismo que ya sustentó el dictamen del Consejo de Estado de 2019- sostiene que los requerimientos del Parlament solo son exigibles a las autoridades de la Generalitat y no vinculan a los cargos de la Administración del Estado, que pueden declinar su comparecencia ante las comisiones de investigación autonómicas. A ese escrito, de hecho, se remitieron ambos exdelegados para justificar su ausencia en septiembre.

El escrito, enviado el pasado mes de noviembre, fue consensuado por Junts y ERC, que ostentan la mayoría en la Mesa, pero no contó con el respaldo del PSC, que votó en contra, como ya ha hecho en otras ocasiones. Cabe recordar que Gay fue nombrada delegada del Gobierno a propuesta del PSOE y que en la actualidad es concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Barcelona.

Renovación del TC

La Mesa también ha acordado este martes abrir la convocatoria para designar a los dos magistrados que la Cámara catalana propondrá en el proceso de renovación del Tribunal Constitucional (TC). El paso se enmarca en el sistema de elección del alto tribunal, que reparte sus doce magistrados entre distintas instituciones del Estado y en el que los parlamentos autonómicos participan a través de las propuestas que se elevan al Senado, órgano al que corresponde la decisión final por mayoría cualificada -el PP tiene mayoría, pero no de dos tercios-.

La iniciativa se produce tras la carta remitida por el presidente del Senado, Pedro Rollán, a las Cámaras autonómicas para activar el procedimiento una vez caducado el mandato de los cuatro magistrados que hay en el TC por parte de la Cámara Alta. Cada parlamento puede presentar un máximo de dos candidatos avalados por su respectiva Cámara, que posteriormente serán sometidos al escrutinio del pleno del Senado.

Según fuentes parlamentarias, el plazo para la presentación de candidaturas se abrirá el 15 de enero y se cerrará a finales de mes. Una vez concluido, la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI), en la que están representados todos los grupos, evaluará los perfiles presentados y votará para escoger a los dos aspirantes que continuarán el proceso.

Catalanes en el TC

La última vez que Catalunya contó con un magistrado en el Tribunal Constitucional fue en 2012, con la jueza Encarna Roca, que accedió al cargo a propuesta del Congreso y no del Parlament. Roca ya había sido candidata para este puesto por la Cámara catalana en 2008, pero entonces no fue elegida por el Senado y acabaría siendo nombrada cuatro años después por la vía del Congreso, impulsada por el entonces líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, a las puertas del auge del 'procés'.

Los magistrados del TC se eligen mediante un sistema mixto en el que participan las principales instituciones del Estado. De los doce miembros del tribunal, cuatro son designados por el Congreso y otros cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría cualificada de tres quintos; en la elección del Senado intervienen además los parlamentos autonómicos, que proponen candidatos. El Gobierno nombra directamente a dos magistrados y el Consejo General del Poder Judicial designa a los dos restantes. Todos ellos son finalmente nombrados por el Rey por un mandato de nueve años, con renovaciones parciales cada tres años.

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