Un mes más de secreto y cuentas bloqueadas: el juez Pedraz ratifica las medidas para ahondar en la investigación a Leire Díez y la SEPI

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa sobre una posible trama de corrupción en torno a la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha ratificado el mantenimiento del bloqueo de las cuentas bancarias de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de esta entidad pública Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso que ya decretó el juez de guardia que procedió a la detención de todos ellos el pasado 11 de diciembre, han confirmado a EL PERIÓDICO en fuentes del caso.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera este bloqueo necesario para ahondar en la investigación de la actividad presuntamente delictiva de todos ellos, y por ello ha ampliado en un mes --por el momento-- el secreto que pesa sobre las actuaciones.

Se investiga una presunta trama de comisiones irregulares por ayudas a empresas y contratos públicos y hasta ahora se tienen indicios de hasta cinco operaciones sospechosas por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Operativa para cobrar comisiones

Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos por la Guardia Civil por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que se encontraba en funciones de Guardia. Tras tomarles declaración les dejó en libertad, si bien acordó la retirada de pasaportes, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial para todos ellos.

La actuación de Piña, que por reparto ha recaído ahora en Pedraz, se produjo a raíz de una petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella contra los tres investigados. Se les acusa de una presunta participación en una trama que habría cobrado al menos 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones por el momento. Las supuestas mordidas se habrían canalizado a través de una empresa zaragozana, Mediaciones Martínez.

Así, se apuntan presuntas mordidas a cambio del rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos , una entidad para la que el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el rescate por un total de 112,8 millones a esta sociedad, ubicada en la localidad de Amurrio (Álava).  "Nosotros tres", habría percibido con la mercantil Mediaciones Martínez SL al menos 114.950 euros por su "intermediación" en el préstamo de 113 millones concedido por la SEPI a la firma vasca.

Igualmente, se indaga en supuestos pagos a un despacho de abogados para construir la estructura jurídico empresarial que les permitiría obtener rédito económico de dos explotaciones tituladas por la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas en las que Acciona tenía interés: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.

Otra de las operaciones sospechosas, de las que también ha informado este diario, es la adjudicación de un contrato público por la empresa pública española del sector de la distribución alimentaria (Mercasa) en favor de Servinabar -- propiedad de Antxon Alonso y que según la Guardia Civil pertenecería a Cerdán en un 45 por ciento-- por un total de 18.119,75 euros.

"Nosotros tres"

Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado "Hirurok" (nosotros tres, en euskera) que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

Según la Guardia Civil y Anticorrupción, habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", canalizando los fondos principalmente mediante la mercantil Mediaciones Martínez, plasmó el juzgado de Piña en una resolución que resumía las operaciones investigadas.

Los investigadores sospechan, según esa resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado "al menos entre 2021 y 2023"; se habría proyectado a "distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas", y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar "la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones".

Suscríbete para seguir leyendo