Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general

El respaldo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a Álvaro García Ortiz sigue siendo total, pese a ya conocer la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó por dos años por revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así, después de apoyar una campaña para solicitar su indulto, este lunes ha informado de que empieza a recaudar dinero entre sus afiliados para pagar la multa de 7.200 euros que le fue impuesta al exfiscal general del Estado y la indemnización de 10.000 con la que deberá resarcir al empresario Alberto González Amador.

En un comunicado, la asociación que presidió el propio García Ortiz ha informado de que "ha promovido entre sus asociadas y asociados una iniciativa de carácter estrictamente voluntario y solidario destinada a apoyar personalmente a Álvaro García Ortiz tras la condena dictada contra él".

Pocas dudas había de ese apoyo total, después de que el colectivo considerara necesario la intervención de la relatora de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, "ante las graves anomalías detectadas en el procedimiento" seguido contra García Ortiz, pero aun así ha anunciado que "seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales la inocencia" del ya exfiscal general del Estado, "convencido de que su actuación fue legal y tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del ministerio fiscal frente a una campaña de desinformación".

Así, mientras la Fiscalía General determina si la condena por un delito doloso debe suponer también su expulsión de la carrera, aunque la propia sentencia consideró proporcionado que afectara solo a su cargo, la UPF ha impulsado esta nueva iniciativa que dice que "no responde a una obligación, ni a una imposición corporativa, ni a una lógica económica, sino a un gesto libre, individual y voluntario de solidaridad profesional y humana", con el que expresar el "apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de derecho".

"Álvaro García Ortiz actuó como fiscal general del Estado asumiendo en primera persona una responsabilidad institucional que, en nuestra convicción, protegía al conjunto de la carrera fiscal. En ese contexto, la UPF considera legítimo y coherente que, mientras se combate jurídicamente una resolución que entendemos errónea, la institución y sus miembros no le den la espalda en el plano humano", explica el comunicado.

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