Illa se centra en la financiación y la limitación de la compra especulativa de vivienda para tener presupuestos

El president Salvador Illa tiene claro que se la juega con los presupuestos de 2026. Es consciente de que unas nuevas cuentas públicas son indispensables para lucir la capacidad de gestión que pregona y para armar una mayoría estable con ERC y los Comuns. Las cartas están sobre la mesa: los socios exigen un nuevo sistema de financiación y la limitación a la compra especulativa de vivienda. Ni el Govern ni los aliados se guardan ases en la manga: las condiciones son claras y la negociación estará encauzada cuando se certifiquen avances en estas dos carpetas. Desde el Palau de la Generalitat aseguran que Catalunya está "centrada" y el Govern, "cohesionado", pero el próximo año será decisivo para comprobar si esa estabilidad política se traduce en el cumplimiento de estas dos peticiones y si las cuentas públicas logran actualizarse. El jefe del Govern está convencido de que así será.

Illa sabe que para lograrlo debe arrancar al Gobierno una propuesta de financiación que respete la singularidad que piden los republicanos y que Catalunya reciba en proporción a lo que aporta. Los trabajos están avanzados y encarrilados para que después de Reyes haya una puesta de largo. Se debate el dónde y cómo: si debe ser una escenificación entre el Govern y Esquerra, o si primero debe acaparar el foco la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para prevenir tensiones en el PSOE y alarmas en el PP. El plan será después debatido en un Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las autonomías.

Este no será el único 'check' que hará ERC este próximo mes, ya que pasado fin de año se desencallará la empresa mixta de Rodalies y se encarrilará el consorcio de inversiones.

¿Y los Comuns? También tendrán respuesta a sus exigencias. En la segunda quincena de enero saldrá la primera convocatoria para edificar 2.000 pisos del plan de 50.000 viviendas y entrará en escena la ley para reducir los trámites para la construcción. También se prevén nuevas compras de pisos tras la ampliación de los derechos de tanteo y retracto y habrá novedades sobre la limitación de la compra especulativa de vivienda, después de que el Govern constituyera un grupo de trabajo con los Comuns desde el que se está valorando cómo hacerlo.

Los expertos están trazando sus propuestas, pero durante el próximo mes el Executiu decidirá cuál es la mejor forma de acotar esta intervención en el mercado para evitar que sea tumbada por los tribunales. El plan pasa por garantizar que se aplique solo en zonas tensionadas, que se pueda adquirir una segunda residencia siempre que sea para que resida un familiar -o que se alquile mientras no lo hace- y que los inversores puedan seguir accediendo a este mercado siempre que alquilen los pisos de acuerdo con el umbral de precios establecido por ley. Pero no se llegarán a prohibir este tipo de compras, como reclaman los Comuns y la CUP, aunque sí se dificultarán para frenar el acopio de fondos inversores.

En materia de vivienda, la principal preocupación para los catalanes, el Govern espera ir recogiendo los frutos de la regulación del precio de los alquileres habituales, de temporada y de habitaciones. La confianza es que todo ello permita reducir los precios y que los propietarios no pongan sus pisos en venta, sino que los mantengan en el régimen de arrendamiento y que se abran a poner en alquiler los que tengan vacíos.

El cuerpo a cuerpo con la extrema derecha

En 2026, Illa continuará pateándose los municipios -y las comisarías- de Catalunya. Un gesto que le permite escuchar a los alcaldes y conectarlos con el Govern. Uno de los principales problemas que le comparten, más allá de la vivienda, es la seguridad. En realidad, la percepción de inseguridad, porque los datos de criminalidad han descendido. El jefe del Govern mantendrá la tónica: habrá avances en el pacto para llegar a los 25.000 agentes de los Mossos d'Esquadra en 2030 con nuevas convocatorias y en la creación de nuevas unidades judiciales para atajar la multirreincidencia.

El convencimiento del Govern es que se puede y se debe hacer una política de seguridad desde la izquierda para evitar que la extrema derecha impregne de odio los municipios, algo en lo que también se incidirá con la segunda convocatoria del plan de barrios para revitalizar zonas degradadas, en mayo de 2026.

"Hay que lanzar el mensaje de que no son zonas olvidadas, de que estamos con ellos", insisten desde el Executiu, en referencia a los alcaldes. Y en el Parlament, ¿cómo se combate a los ultras? Illa lleva tiempo entrando en el cuerpo a cuerpo con la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, pero también con el dirigente de Vox, Ignacio Garriga. Y lo seguirá haciendo porque cree que hay que ser contundente con estos discursos y disputar el marco sobre la inmigración, que defiende como una solución y no como un problema.

La 'conexión' con la ciudadanía

La voluntad de conectar con la ciudadanía no se contempla en el Govern como algo meramente institucional, sino como un pilar básico de la administración para que cualquier catalán que acuda a hacer trámites se sienta bien atendido. Esta es la principal obsesión de un Executiu que se ha empleado a fondo para poner al día una administración "ineficaz", según la propia Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas. Tras haber acabado con la cita previa obligatoria y haber reconocido el derecho al error, el conseller Albert Dalmau se prepara para liderar el aspecto más controvertido de la reforma: la ley para que los directivos públicos sean elegidos por meritocracia y no por adscripción política.

Desde Palau sacan pecho de haber logrado construir una relación estable con ERC y los Comuns, y recuerdan que se han aprobado todos sus decretos en el Parlament, aunque el de los campings, el de la tasa turística y el energético tuvieron que ser reconducidos para ser avalados.

Illa se dispone a agotar la legislatura sin cambiar de socios, aunque ha expresado en varias ocasiones que le gustaría contar, al menos de forma puntual, con Junts. Pero, hasta que Puigdemont no regrese a Catalunya en aplicación de la amnistía, no se podrá completar la "normalización" institucional que Illa predica y calibrar qué tipo de relación es posible con la posconvergencia. Lo que está claro es que el president confía en su equipo de consellers y que descarta propiciar algún relevo: "El principal éxito político de este 2025 es haber conseguido estabilizar el país. Toca cumplir y continuar. El país está en transformación", zanjan fuentes de Palau.

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