El Govern amplía hasta los 235 millones la ley de barrios para renovar 20 zonas degradadas de Catalunya

La ley de barrios forma parte del 'cuore' del proyecto del Govern de Salvador Illa, una política que ha retomado como herencia del 'tripartit' y que el president quiere que forme también parte de su legado. El objetivo verbalizado es invertir 1.000 millones en cinco años para recuperar más de un centenar de barrios degradados de Catalunya. Pero la primera convocatoria ha tenido tanta demanda que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Executiu aumentará 35 millones -hasta los 235 millones- para que la subvención llegue a una veintena de municipios y está abordando cómo aumentar los recursos para la convocatoria del próximo año.

Será este viernes cuando el Govern celebrará la puesta de largo para anunciar los primeros barrios que se beneficiarán de un montante que debe servir para relanzar zonas de Catalunya que padecen altos índices de vulnerabilidad, tanto por el nivel de renta de sus vecinos como por la degradación de sus edificios y del espacio público, un hecho que acaba repercutiendo también en el clima social. Lo hará en un acto desde Mataró -una de las ciudades beneficiadas para impulsar un proyecto en el barrio de Cerdanyola- que oficiará el propio Illa.

Una demanda cuatro veces superior

En total, 83 municipios han optado a la subvención de la primera convocatoria para recibir entre 3 y 25 millones de euros, en función de la cifra de habitantes. La demanda ha sido de cuatro veces más de lo que se puede sufragar por ahora, pero es que, además, según fuentes del Govern, hay proyectos "muy potentes" y los 200 millones de euros previstos no permitían alcanzar los 20 barrios. Es por eso que han hecho esta ampliación de 35 millones para no dejar fuera a ninguno de los municipios que, según la comisión que ha valorado los proyectos, formada por la Generalitat, las entidades municipalistas y asociaciones vecinales, debían entrar en esta primera convocatoria.

El rompecabezas que ha tenido que resolver la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, liderada por Sílvia Paneque, de la mano del comisionado de barrios dirigido por Carles Martí, no ha sido sencillo porque los alcaldes esperan esta ayuda como agua de mayo y porque, además de los indicadores de vulnerabilidad, se aplican criterios de equilibrio territorial. Los ayuntamientos que hayan optado y que se queden fuera, podrán volverlo a intentar en la segunda tanda, que se lanzará en 2026.

El objetivo: aumentar la inversión

No obstante, en el Govern han tomado nota de que hacen falta más recursos porque los consistorios han visto en esta ley una oportunidad para mejorar zonas que no pueden hacer remontar solo con recursos propios teniendo en cuenta la infrafinanciación histórica que denuncian. En las localidades de menos de 5.000 habitantes, la Generalitat asume el 75% de la inversión del proyecto beneficiado; en los de entre 5.000 y 20.000, es del 70%; en los que van de los 20.000 a los 50.000 habitantes, del 60%; y, en los de más de 50.000, se hace cargo de la mitad; mientras el resto lo asume el consistorio.

La cuestión es que, en estos momentos, no está asegurada la aprobación de nuevos presupuestos en 2026, que el Govern no ha presentado ni empezado a negociar con ERC y Comuns. Sin embargo, se logren o no nuevas cuentas públicas, la Generalitat se ha comprometido a garantizar esos recursos. En el caso de que el escenario acabe siendo una nueva prórroga, calcula que los ingresos crecerán respecto los de este año, por lo que prevé disponer de más margen de maniobra.

Clave para combatir la extrema derecha

Para Illa, la ley de barrios va más allá de satisfacer la demanda que hacen los alcaldes y de potenciar el sello municipalista que trata de imprimir a su Govern. Es también una de las políticas que considera clave para frenar el ascenso de la extrema derecha con las elecciones municipales de 2027 en el horizonte y bajo el convencimiento de que reforzando el sentimiento de pertenencia a un lugar y transmitiendo expectativas de progreso puede combatirse el voto a Vox o Aliança Catalana.

El objetivo de esta inyección de recursos en los barrios es mejorar las condiciones físicas, ambientales y sociales en zonas que en estos momentos sufren un deterioro que repercute también en las vidas de sus vecinos. Incluye promover rehabilitaciones de edificios, mejora del espacio público, impulso de proyectos sociocomunitarios de cohesión social o la recuperación de ejes comerciales, entre otros. Intervenciones de carácter integral que supongan un lavado de cara y, en consecuencia, una nueva vida para más de un centenar de barrios con una alta vulnerabilidad que la extrema derecha trata de convertir en su caladero de votos.

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