La jueza investiga en secreto a la cúpula de Plus Ultra por los delitos de blanqueo, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que investiga en secreto a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, les atribuye de forma indiciaria los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias, según informan fuentes del caso a esta redacción.

La magistrada Collazos aceptó reabrir una causa que había sobreseído en enero de 2023 de forma provisional después de aceptar una querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción contra varios ciudadanos de nacionalidad peruana y venezolana, así como contra un letrado español, por haber utilizado presuntamente los 53 millones obtenidos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del rescate para blanquear fondos del negocio del oro de Venezuela y de las ayudas contra la pobreza del país gobernado por Nicolás Maduro. Las nuevas pesquisas, que se mantienen secretas, tratan de determinar "el presunto uso indebido de las ayudas públicas españolas".

Y esta investigación, que han desarrollado los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, ha finalizado con la detención y posterior puesta en libertad del dueño de la compañía aérea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, de su 'número dos', Roberto Roselli; del empresario Julio Martínez Martínez y de un abogado de nacionalidad española.

Dinero de la SEPI

En concreto, la querella especifica que la cúpula de la aerolínea se habría valido de los fondos públicos concedidos por el Gobierno español para blanquear los ingresos de la trama en Suiza y Francia. Y habría llevado a cabo esta operativa mediante dos préstamos que concedió el empresario peruano a la compañía, que devolvió el dinero días después de recibir el dinero de la SEPI.

Las fuentes consultadas por esta redacción señalan que los préstamos bajo sospecha los habría negociado uno de los antiguos accionistas de Plus Ultra, en concreto el empresario venezolano Rodolfo Reyes, ante la falta de liquidez de la compañía tras la pandemia. De forma reciente, Reyes se habría desprendido de sus participaciones en la aerolínea, que han ido a parar a Julio Martínez Sola, según Cinco Días que explica que este empresario habría pasado de poseer poco más del 1% a tener el 65%.

Y los contratos de los préstamos daban cobertura, a su vez, "a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal". Los supuestos créditos "fueron íntegramente reembolsados" por la aerolínea con el dinero concedido por el Consejo de Ministros, por lo que, entiende la Fiscalía, constituye un "indicio de una defraudación al Estado".

Manos Limpias

Las mencionadas fuentes consultadas apuntan a este periódico que en la causa, que permanece secreta, podría haber otros investigados. En este sentido, Manos Limpias ha presentado este miércoles una querella por malversación de caudales públicos y otros delitos contra la cúpula de la compañía y otros empresarios.

El sindicato de funcionarios sostiene que los fondos antecedentes del delito de blanqueo procedía "de los programas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CAP) impulsados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y líder de la Organización narcoterrorista Cártel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, -en los que se inflaban los precios de adquisición de productos alimentarios destinados a la población mas vulnerable del país, participando en dicha dinámica según investigaciones del Departamento de estado de Estados Unidos el testaferro de aquel: Alex Saab", un empresario colombiano de ascendencia libanesa.

También se alude en la querella "a la venta del oro del Banco de Venezuela por valor de unos 30 millones de euros, que habría sido saqueado de las arcas públicas de aquel país, en Turquía o Emiratos Árabes", dice el documento, que concluye: "Los querellados para el blanqueo de capitales forman una estructura jerarquizada que opera en Suiza, Francia, España, Panamá y Venezuela".

Error judicial

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid impidió a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, llamar a declarar como imputado al representante legal de Plus Ultra Líneas Aéreas SA al constatar que en la fecha de la citación, el 25 de mayo de 2022, había transcurrido el plazo legalmente previsto para la instrucción de la causa sin que la misma hubiera sido prorrogada, según especifica un auto de 17 de noviembre de 2022.

El juzgado madrileño acabó acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se había iniciado con una querella de Manos Limpias por el rescate, al entender que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito.

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