Catalunya regula el alquiler de temporada y de habitaciones para poner coto a posibles fraudes de la ley de vivienda

Catalunya sigue legislando para garantizar el acceso a la vivienda y para evitar que se eluda el tope a los alquileres fijados por ley. El Parlament ha aprobado este jueves la regulación de los arrendamientos de temporada y de habitaciones para acotarlos a su propia definición sin subterfugios y frenar que se use esta tipología para sortear el precio regulado en las zonas tensionadas. La norma, que también incluye alargar el el período de protección de algunos pisos sociales que corrían el riesgo de pasar al mercado libre y la ampliación de los derechos de tanteo y retracto, ha salido adelante con el apoyo del PSC, ERC, Comuns y la CUP -Junts ha rechazado las grandes novedades de la norma, pero ha avalado algunos puntos- y el voto en contra PP, Vox y Aliança Catalana. Todo ello con el ojo puesto en una posible impugnación en el Tribunal Constitucional, aunque el texto cuenta con el beneplácito del Consell de Garanties Estatutàries.

La regulación busca someter una parte del alquiler de temporada a las normas que se aplican a los arrendamientos de vivienda habitual. Así, solo se considerará alquiler de temporada aquel que tenga como finalidad los "usos recreativos, vacacionales y turísticos", que, en este último caso, deberán contar con el correspondiente pago de la tasa turística, y habrá que dejar constancia de la finalidad del contrato y aportar la documentación que lo justifique junto con la fianza en el Institut Català del Sòl (Incasòl).

El resto de casos, al margen de su duración, deberán seguir la misma normativa que el resto de contratos y no podrán fijar un precio superior al índice marcado por la ley en los nuevos contratos en zonas tensionadas. Esto implica que las viviendas alquiladas con carácter temporal por razones profesionales, de estudios, por motivos médicos o por obras, quedan sujetas a partir de ahora a la norma de los alquileres de vivienda habitual.

En cuanto al arrendamiento de habitaciones particulares, la suma de lo que pague cada inquilino por su habitación no podrá ser superior al tope total marcado para el conjunto del piso, lo que supone que no saldrá a cuenta dividir el piso en varias habitaciones para poder aumentar las ganancias.

El derecho a la vivienda y la cohesión social

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha celebrado la regulación como un "fortalecimiento del marco legal para que ampare la defensa de un derecho fundamental como lo es el derecho a la vivienda". "Una vivienda es algo que va más allá de cuatro paredes y un techo. Si se tambalea, se pone en riesgo la posibilidad de construir un proyecto vital digno y tiembla el sistema democrático", ha argumentado. Paneque ha defendido la iniciativa como una forma de proteger la cohesión social y de garantizar un futuro digno para las personas, porque "no hacerlo es una invitación a tener un país, barrios y ciudades más inseguras, menos cohesionadas y con menos progreso".

A su juicio, en Catalunya "se han roto los límites razonables porque se destina más de un 30% de los ingresos a la vivienda" y esto "implica el riesgo de privación en otros ámbitos esenciales como la salud, la alimentación, los cuidados y la educación". "El resultado es incertidumbre, renuncias, malestar y perjudica a todos", ha zanjado la consellera.

Según datos del primer semestre de 2025, el precio medio del alquiler en Catalunya cayó un 4,67% con respecto a un año antes en los contratos firmados de enero a marzo de 2025, aunque los contratos de temporada se dispararon un 52%, lo que ejemplifica para los partidos favorables a la regulación que algunos propietarios se "fugan" a esta modalidad para saltarse la regulación. Esta tipología pasó de los 2.242 contratos del primer trimestre de 2024 a 3.417 en el mismo periodo de 2025. En porcentaje, de un 6,1% del total a un 11%.

La propiedad privada y las críticas de Junts y PP

Junts ha votado en contra de la regulación de los alquileres de temporada porque considera que la norma acaba con este tipo de contratos y del punto relativo a los grandes tenedores por "invasión competencial". En cuanto al alquiler por habitaciones, se han abstenido. Durante el debate, la diputada de Junts, Glòria Freixa, ha acusado a los partidos de la izquierda de usar Catalunya como "un banco de pruebas" y de tener una "concepción de la propiedad privada que asusta el mercado". Para Freixa, la solución a la actual crisis de vivienda necesita "atraer masivamente" inversión privada.

En una línea similar se ha expresado la diputada del PP, Àngels Esteller, que ha asegurado que la "izquierda radical" ha "destrozado el mercado" y ha "hundido la oferta". "Esta ley atenta contra la propiedad privada, que sí es un derecho fundamental. [...] Es una expropiación encubierta", ha sostenido, al tiempo que ha anunciado que su formación recurrirá la nueva norma al Tribunal Constitucional pese a que el Consell de Garanties Estatutàries no apreció invasión de competencias. También Mònica Lora, de Vox, ha acusado a los impulsores de la ley de "romper las reglas del juego del alquiler por la puerta de atrás" y de hacerlo sin tener las "competencias" para llevarlo a cabo. En la misma línea, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha sostenido que los impulsores de la ley "criminalizan a los propietarios" y ha dicho que Catalunya "no se puede convertir en la ONG".

Un argumento que la diputada de ERC, Ester Capella, ha rechazado alegando que Catalunya está desplegando el autogobierno con esta ley, y ha asegurado que su formación no parará "hasta sacar la vivienda de la lógica especulativa". "La propiedad debe tener límites [...] Tener acceso a una vivienda es un derecho básico y esencial", ha apostillado. "Es una victoria. Hoy votamos una nueva ley del 'sí se puede'", ha aplaudido también la representante de los Comuns, Susanna Segovia. Sin embargo, a pesar de la satisfacción, ha avisado al Govern de que si no hay sanciones por saltarse la ley, esta "no sirve para nada", algo en lo que ha insistido la parlamentaria de la CUP, Laure Vega: "Hoy estamos regulando que no se comentan ilegalidades sobre algo que ya está regulado", ha añadido, criticando que "los defensores del orden y la ley", en alusión a los partidos de la derecha, no lo apoyen.

En una rueda de prensa posterior a la aprobación de la ley, la secretaria general de ERC y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha subido el tono contra Junts por no dar su apoyo al grueso de la regulación. "No puede ser que haya independentistas que tengan el sueño humedo de que el Tribunal Constitucional les solucione su lío ideológico", ha sentenciado, y ha pedido que la capital catalana sea "ejemplarizante" en la aplicación de la legislación.

Más inspectores y multas

La norma también incluye el régimen sancionador -con multas de hasta 900.000 euros a los que se salten el tope fijado por ley-, la creación del registro de grandes tenedores y una comisión de supervisión de contratos de arrendamiento de vivienda. Asimismo, se declara a los inspectores agentes de la autoridad y se regulan sus funciones, y se concreta que las fianzas que tenga en depósito el Incasòl servirán para incrementar los recursos públicos destinados a la construcción de vivienda protegida.

Esta modificación de varias leyes supone un paso más en la intervención en el mercado de la vivienda que defiende el Govern de Salvador Illa, junto con las fuerzas políticas que han avalado este jueves la iniciativa. El Ejecutivo estudia ahora, en un grupo de trabajo con los Comuns, limitar la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas y durante un periodo acotado a la "emergencia".

El Sindicat de Llogateres ha celebrado la aprobación como "primer paso" para cerrar las grietas de la normativa que establece límites al arrendamiento, pero han pedido un régimen sancionador que asegure su eficacia. La entidad ha defendido que para que la ley tenga efecto, "hay que aplicarla" y para ello se necesita "un control proactivo, sanciones y un Govern que haga valer la soberanía del Parlament para garantizar que la regulación sea real y efectiva".

Suscríbete para seguir leyendo