Guardiola activa por ley el proceso de traspaso de poderes en la Junta ante el 21D

En la recta final hacia las elecciones autonómicas del próximo domingo y con un escenario político abierto tras las urnas, el Ejecutivo de María Guardiola ha activado los resortes formales del traspaso de poderes. El último Consejo de Gobierno antes del 21D, celebrado este pasado martes, ha servido para ordenar la herencia administrativa, delimitar el marco de actuación económica y situar al futuro Gobierno (sea cual sea su composición) ante una radiografía precisa del estado de la Junta.

Este paso adquiere especial relevancia en un contexto en el que la legislación autonómica limita de forma expresa la capacidad de actuación de un Gobierno en funciones, que no puede suscribir convenios, realizar contrataciones, aprobar proyectos de ley ni convocar oposiciones, salvo en los supuestos estrictamente necesarios. La norma fija como principios rectores la continuidad administrativa, la mínima intervención y la neutralidad política, con el objetivo de evitar que el Ejecutivo saliente condicione la acción del siguiente.

Se activa la transición

En este marco, el Consejo de Gobierno ha aprobado la comunicación de la relación de asuntos pendientes, su estado de tramitación y el inventario de documentos, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 4/2015, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura. Asimismo, ha acordado dar traslado de la información presupuestaria y contable, tal y como establece el artículo 8 de la misma norma, para garantizar la continuidad administrativa tras los comicios.

La ley persigue que el traspaso de poderes se produzca de manera "clara y nítida", evitando vacíos de poder y permitiendo que el Gobierno entrante disponga de toda la información y todas las claves necesarias para actuar desde el primer momento, sin demoras en la puesta en marcha de su programa.

Evitar "sorpresas y trucos"

La Ley de Transición entre Gobiernos fue impulsada en un contexto político marcado por la primera alternancia entre PSOE y PP al frente de la Junta de Extremadura en el año 2011, con el objetivo de regular por primera vez el traspaso de poderes y evitar situaciones de opacidad o decisiones de última hora.

En su presentación, la entonces vicepresidenta autonómica, Cristina Teniente, explicó que la norma nacía para prevenir "sorpresas y trucos de última hora" en los cambios de Ejecutivo. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno con el visto bueno del Consejo Consultivo y remitido al Parlamento regional para su aprobación antes de las elecciones autonómicas de 2015, que de nuevo ganó el PSOE.

La ley aborda la acción de gobierno tras el cese del presidente, el traspaso de poderes y el proceso de formación del nuevo Ejecutivo. Se apoya en cuatro principios básicos: mínima intervención, neutralidad política, lealtad y colaboración, e información y transparencia.

Límites al Gobierno en funciones

El marco legal de la transición establece, además, restricciones claras a la capacidad de actuación del gobierno en funciones: tras el 21D, y hasta la constitución del nuevo Ejecutivo, el equipo de Guardiola debe limitar su actividad a la gestión ordinaria y a aquellos asuntos cuya urgencia o interés general estén debidamente justificados.

La norma contempla mecanismos de control y supervisión del proceso, permitiendo al candidato a la Presidencia solicitar la convocatoria de comisiones de traspaso, y obliga a consejeros y altos cargos en funciones a facilitar toda la información requerida y a cumplir las instrucciones del nuevo presidente hasta la toma de posesión del nuevo gobierno.

Un último Consejo con amplio volumen económico

Más allá de los acuerdos vinculados a la transición institucional, el último Consejo de Gobierno antes de las elecciones ha dado luz verde a numerosas convocatorias de ayudas, inversiones y contratos por un importe superior a los 66 millones de euros, sin incluir el impacto estimado de la subida salarial aprobada para los empleados públicos.

Entre las principales medidas destacan las ayudas al empleo autónomo, la formación profesional, los bonos formativos del transporte, las inversiones sanitarias, la mejora de infraestructuras educativas, el apoyo al medio rural y diversas actuaciones en turismo, cultura, innovación y digitalización.

A estas cifras se suma, al margen de este cómputo, el impacto estimado de 110 millones de euros derivado de la subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026 de los empleados públicos autonómicos.

Preparativos electorales

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento de la declaración de emergencia para la contratación de material electoral destinado a las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre, por un importe de 424.207 euros, que incluye sobres, papeletas, impresos y los servicios de manipulación, almacenamiento y distribución de la documentación electoral.

Estas actuaciones se enmarcan en los preparativos finales del dispositivo electoral y coinciden con la activación formal del procedimiento de transición entre gobiernos previsto en la legislación autonómica extremeña.