Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid impidió a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, llamar a declarar como imputado al representante legal de Plus Ultra Líneas Aéreas SA al constatar que en la fecha de la citación, el 25 de mayo de 2022, había transcurrido el plazo legalmente previsto para la instrucción de la causa sin que la misma hubiera sido prorrogada, según especifica un auto de 17 de noviembre de 2022, al que ha tenido acceso este periódico.

El juzgado madrileño acabó acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se había iniciado con una querella de Manos Limpias por el rescate de la aerolínea, al entender que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, y que se había aplicado correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

La detención y posterior puesta en libertad la semana pasada del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; de su número dos, Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez; ha devuelto a la actualidad el rescate de la compañía de capital venezolano, al constatarse que la magistrada Collazos investiga de forma secreta, en una pieza separada de la causa que había sido sobreseída, una querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a los directivos de la compañía aérea del uso indebido de los 53 millones que recibieron de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Fondos ilícitos"

El Ministerio Fiscal considera que estos fondos se usaron para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en la querella, a la que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.

La magistrada Collazos había incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y contra los miembros del Consejo de Administración tras una querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias por presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.

En un primer momento, la magistrada reclamó a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda, al mismo tiempo que pedía identificar al consejo de administración, en el que figuraban más de una decena altos cargos del Gobierno. Según informó Europa Press, entre los integrantes del Consejo de Administración se encontraba la entonces secretaria de Estado de Hacienda y ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde el 25 de noviembre de 2024, Sara Aagesen, que nunca fue imputada.

Esperanza Casteleiro

Otros de los integrantes de este Consejo eran la secretaria de Estado de Defensa y actual directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Esperanza Casteleiro; la ex secretaria de Estado de Energía Inés María Bardón Rafael, nombrada en febrero de 2022 presidenta de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa); y la ex secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ana de la Cueva, quien desde julio de 2021 es presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

También estaban en el consejo el entonces secretario general de Industria y Pyme Raúl Blanco, la ex directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ahora Presidenta-Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno. Ninguno de ellos fue investigado por la jueza Collazos, quien "carecían de capacidad de decisión" en la asignación de la ayuda: era responsabilidad del Consejo de Ministros, "el órgano que acordó y aprobó la subvención".

"Agotado el plazo"

En su auto de 17 de noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid aseguró que "no cabía acordar la práctica de la diligencia de investigación consistente en la declaración como investigado del representante legal de Plus Ultra, ni ninguna otra, una vez se haya agotado el plazo de doce meses previsto para el desarrollo de la instrucción, siendo el dies a quo [el día desde el cual] el correspondiente a la fecha en la que se incoan las diligencias previas", en concreto el 8 de abril de 2021.

Y al superar los doce meses, la Sala advertía que de admitirse la práctica de diligencias "fuera de plazo, se produciría la lesión del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva", especificaba la resolución judicial, que daba la razón a la compañía área, que consideraba "claro" que el plazo de 12 meses marcado por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal había expirado "antes de que se dictara la providencia que acordaba la declaración como investigado del representante legal de Plus Ultra", indica el auto, al que ha tenido acceso esta redacción.

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