La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones

La investigación que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que tiene como principal investigado al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, salpica de lleno a Aragón. Entre las operativas bajo examen figura la concesión de un préstamos público de 17,32 millones de euros a una empresa del grupo Forestalia, uno de los principales actores del sector de las energías renovables en la comunidad autónoma y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo su lupa en la causa abierta.

Según una resolución judicial, declarada secreta y a la que ha tenido acceso este diario, el juez Antonio Piña atribuye de forma indiciaria a Fernández Guerrero su pertenencia a una organización presuntamente dedicada a orientar expedientes administrativos en distintas administraciones públicas a cambio del cobro de comisiones. 

El juzgado aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en el marco de una actuación que los investigadores sitúan entre 2021 y 2023. La causa se encuentra en fase de diligencias previas y bajo secreto de sumario, por lo que todas las imputaciones tienen, por el momento, carácter indiciario.

Fernández Guerrero formaría parte de un grupo autodenominado Hirurok, integrado por otras dos personas: la exmilitante del PSOE y considerada fontanera del partido, Leire Díez, y el empresario vasco Antxon Alonso, presunto socio de Santos Cerdan, ex secretario de Organización de los socialistas, a través de la empresa Servinabar. Este tridente habría actuado de manera coordinada para influir en decisiones de distintas administraciones públicas. El objetivo final, siempre según la hipótesis judicial, habría sido obtener un beneficio económico mediante el cobro de comisiones, canalizadas a través de sociedades interpuestas y facturación presuntamente mendaz.

La ayuda a una filial de Forestalia

Dentro de las cinco operativas identificadas por la unidad investigadora, una de las más relevantes para Aragón es la concesión de una financiación pública de 17,32 millones de euros por parte de SEPIDES, sociedad dependiente de la SEPI, a Arapellet SL, empresa integrada en el grupo Forestalia y dedicada a la producción de biomasa. El préstamo proxedía del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) y estaba destinado a la construcción de una nueva planta de producción de pellets en Guardo (Palencia), con una inversión de unos 23 millones de euros y 56 nuevos empleos.

El auto sostiene que el grupo investigado habría realizado “algún tipo de actividad” ante cargos públicos de SEPIDES que podría haber propiciado la aprobación de dicha ayuda.

Como contraprestación por esa actuación, los investigadores consideran indiciariamente que se habría pactado el pago de 200.000 euros a favor del grupo Hirurok. La resolución no cuestiona el proyecto industrial desarrollado por la empresa ni la actividad ordinaria del grupo Forestalia, pero sí sitúa bajo examen judicial el proceso de concesión de la ayuda pública.

Mediaciones Martínez y el nexo aragonés

La investigación otorga también un papel central a la mercantil Mediaciones Martínez SL, una sociedad de origen aragonés que, según el auto, habría servido como principal vehículo para canalizar los fondos derivados de las presuntas comisiones. La resolución habla de contratación y facturación “aparentemente mendaz” utilizada para dar apariencia legal a pagos relacionados con las operativas investigadas.

Mediaciones Martínez está vinculada al asesor fiscal Carmelo Aznárez, zaragozano y socio de la asesoría Conaudire, despacho especializado en servicios fiscales y contables. La UCO analiza tanto la estructura societaria de la empresa como sus movimientos económicos y su relación con otras mercantiles y personas investigadas en la causa.

Parte de los fondos canalizados a través de esta sociedad habrían sido destinados, según la investigación, a inversiones inmobiliarias, entre ellas en Jaca, lo que refuerza el vínculo territorial de Aragón dentro de una trama con ramificaciones en distintos puntos del país.

Registros de la UCO en Zaragoza

El avance de la investigación ha tenido una traducción directa sobre el terreno. En el marco de estas diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaron la semana pasada registros tanto en la sede del grupo Forestalia como en la sede de la asesoría Conaudire, ambas en Zaragoza, según confirman fuentes conocedoras del operativo.

Los registros se habrían centrado en la obtención de documentación mercantil, contable y contractual relacionada con las operativas investigadas y con los flujos económicos bajo sospecha. La actuación de la UCO refuerza el peso específico que Aragón tiene en una investigación que combina decisiones de empresas públicas estatales, intermediación privada y presuntos pagos irregulares.

Un foco aragonés en una causa nacional

La causa incluye otras operativas ajenas a Aragón, como ayudas públicas, contratos y adjudicaciones en distintas comunidades, pero el caso de Forestalia y el papel atribuido a Mediaciones Martínez convierten a la comunidad en uno de los escenarios clave de la investigación.

Vicente Fernández Guerrero, que presidió la SEPI entre 2018 y 2019, figura como uno de los ejes de la causa. La investigación subraya también que, entre 2021 y 2023, estuvo vinculado laboralmente a una de las empresas relacionadas con otras operativas investigadas, circunstancia que los investigadores consideran relevante para el análisis del conjunto de la trama.