El Govern alega que necesita las "máximas garantías jurídicas" para imponer sanciones por incumplir el tope del alquiler

A las puertas de que el Parlament apruebe la regulación de los alquileres de temporada en el pleno del jueves, el Govern continúa teniendo asignaturas pendientes en materia de vivienda. Una de ellas es la aplicación de sanciones para quienes incumplen los topes del alquiler fijados por ley. El régimen de multas entró en vigor en febrero y hay 30 expedientes abiertos por la Agència de l'Habitatge desde hace meses por contravenir la norma, pero por ahora no ha tenido ninguna consecuencia económica. El Executiu alega que necesita las "máximas garantías jurídicas" para poder sancionar de forma firme.

"Sería un mal mensaje para la ciudadanía que no se hicieran con todas las garantías y que acabaran archivadas, como ha sucedido en algún caso en el pasado", ha esgrimido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Una respuesta que no satisface a los Comuns, que continúan insistiendo en que no basta con ir tejiendo un marco normativo, sino que hay que hacerlo cumplir.

Pieza clave de los presupuestos

De hecho, el grupo de Jéssica Albiach ya ha advertido de que, si no hay multas, no se sentarán a negociar los presupuestos de 2026. El Govern no está aún en condiciones de presentar esas cuentas mientras no se desencalle el modelo de financiación singular pactado con ERC, por lo que trata de contemporizar ante las exigencias del otro socio de legislatura.

Paneque sí ha reivindicado la regulación de los alquileres de temporada que el Parlament alumbrará el jueves como una medida con la que espera que, como mínimo, se "contenga" el incremento de los precios. En todo caso, ha apuntado que el objetivo de esta norma es dotar de "seguridad jurídica" a los propietarios "que hacen bien las cosas" y a la modalidad del alquiler temporal, que hasta ahora está siendo utilizado por algunos propietarios para saltarse el tope de precios fijados por ley para los alquileres permanentes. "Tiene que haber un escenario claro de qué se puede hacer y qué no, además de frenarse el trasvase de alquileres hacia usos que no son de larga estancia y que tienen una mayor rentabilidad", ha justificado.

Por otro lado, en cuanto al alargamiento de la protección oficial de los pisos que están a punto de perder esa condición, ha considerado que las enmiendas presentadas por PSC, ERC y Comuns para solventar la seguridad jurídica requerida por el Consell de Garanties Estatutàries asegurarán la "congelación" de la tipificación. En todo caso, ha recordado que esta prórroga será vigente mientras esos pisos estén en zonas tensionadas y que, en todo caso, las compras de pisos que está haciendo la Generalitat de entidades bancarias sí que mantendrán en toda circunstancia la protección.

Suscríbete para seguir leyendo