El pacto contra la corrupción celebra sus 10 años con un cumplimiento "alarmantemente bajo"

El año 2015 empezó con más de 2.000 imputados por corrupción y 150 causas abiertas en España. Eran los tiempos del caso del Palau de la Música, del 3%, del Pretoria o del Mercuri. También, a nivel estatal, estaban en plena efervescencia casos como la Púnica o los papeles de Bárcenas, además del caso Nóos que afectaba directamente a la Infanta Cristina. Y el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol acababa de confesar que su familia tenía dinero en el extranjero.

Fue en medio de este contexto cuando se firmó el Pacto social contra la corrupción en el Parlament, con el apoyo de todos los partidos con representación en la Cámara -salvo el PP- y las principales entidades y asociaciones de la sociedad civil. Concretamente, el 9 de diciembre de 2015, Día Mundial contra la Corrupción. Diez años después, el Parlament ha celebrado este lunes un acto para conmemorar su décimo aniversario, una fecha que llega en medio de la crisis en el PSOE por los casos de corrupción que afectan a sus dos últimos secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y con un balance amargo.

Así lo ha denunciado nada más empezar el presidente del Parlament, Josep Rull, que ha tachado de "alarmantemente bajo" el grado de cumplimiento del pacto de 2015 y ha reclamado a todos los partidos "ser capaces de crear las condiciones que hacen imposible la corrupción". Rull ha apostado por aprovechar el aniversario para "renovar aquel compromiso", algo que ha asegurado que debe "enorgullecer" a la sociedad, y ha asegurado que "todo el mundo tiene un papel fundamental en la lucha" contra esta "lacra".

También crítica con el grado de cumplimiento del acuerdo se ha mostrado Itziar González, presidenta del Observatori Ciutadà contra la Corrupció. González ha asegurado no sentirse "especialmente orgullosa" de estos 10 años y ha anunciado la apertura de un proceso participativo para analizar los fallos y establecer "cómo seguir". Según González, el balance hace cinco años era "mejor que ahora" y ha denunciado que ahora hay "más transparencia" pero que no se ha producido una "transformación" real. "Se han implementado las medidas que no molestan al poder. [...] Llevamos diez años mareando la perdiz", ha concluido.

La elección del director de Antifrau

Por otra parte, González también ha querido aprovechar su comparecencia para reprochar el procedimiento de elección del nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya, que se someterá a votación el próximo miércoles en el pleno del Parlament. El candidato propuesto por PSC y ERC, Josep Tomàs Salas, solo tiene asegurado 62 votos, cuando necesita una mayoría cualificada de 81 escaños en una votación en primera vuelta y de 68 en segunda. González ha criticado que el Govern de Salvador Illa no haya buscado un mayor consenso antes de hacer la propuesta y que no haya tenido en cuenta al Observatori.

A pesar de todo ello, el catedrático de derecho administrativo Agustí Cerrillo ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ha asegurado que, aunque las noticias sobre casos de corrupción "son continuas", hay una "distancia significativa entre la percepción y la realidad". "En 2024 solo hubo 146 personas acusadas de corrupción, y solo se emitieron 52 sentencias relacionadas", ha expuesto. Para luchar contra la corrupción, Cerrillo ha recomendado "reforzar los programas formativos" sobre integridad pública, también "actualizar la normativa" para que dé "respuesta a las necesidades de la ciudadanía", "incrementar los recursos de las instituciones de control", así como "impulsar la automatización" en algunos procesos para mejorar el funcionamiento.

Las medidas pendientes

Entre otras medidas, el pacto de 2015 proponía un ambicioso paquete de leyes para atacar el problema, como una ley electoral catalana que redujera de forma "drástica" el gasto de los partidos políticos y que obligara a las formaciones a enviar la propaganda electoral de forma conjunta. Nunca se ha hecho, y hay partidos que siguen gastándose un millón de euros por convocatoria. También se planteó una ley para proteger a los denunciantes que denuncian casos de corrupción, prohibir los créditos de los partidos con bancos, obligar a los directivos de las grandes empresas a hacer público su patrimonio, profesionalizar los directivos de las empresas públicas para cortar sus vínculos con la política, retirar los aforamientos de los diputados o fijar un límite de mandatos a los cargos públicos. Todo ello sigue pendiente.

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