CORRUPCIÓN
El juez acuerda la libertad de los detenidos en el caso Plus Ultra por blanqueo de fondos de Venezuela
Anticorrupción acusa a los directivos de la aerolínea del presunto uso indebido del rescate de 53 millones, que habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos" del negocio del oro en el país sudamericano
El CEO de Plus Ultra asegura que "colaborarán con la justicia" / Europa Press
Por qué confiar en El Periódico El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, ha decretado la libertad de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso Plus Ultra: el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, su número dos, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez; según informa un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
A petición del fiscal, el magistrado ha establecido la retirada de los pasaportes y comparecencias semanales ante un juzgado para mitigar el riesgo de fuga. Otras fuentes relatan de que una cuarta persona, un abogado cuya identidad no ha trascendido, también habría sido puesto en libertad.
Las Diligencias Previas continúan secretas y las tramita el Juzgado de Instrucción número 15, cuya titular, María Esperanza Collazos, reabrió una causa tras asumir una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
MADRID, 13/12/2025.- El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli (d), a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. / Borja Sánchez-Trillo / EFE
Según informó esta redacción, el ministerio público acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Estos fondos se habría utilizado para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.
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