El ‘me too’ del PSOE se extiende tras el caso Salazar y se lleva por delante cargos públicos 

“Cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales, que las vamos a proteger”. Este fue el llamamiento que hizo Pedro Sánchez durante su intervención en el último comité federal del PSOE, el pasado 5 julio, después de cesar tanto en Moncloa como en Ferraz a Francisco Salazar ante las denuncias de acoso sexual por parte de subordinadas publicadas en ‘eldiario.es’. Las denuncias se registraron posteriormente, pero la falta de celeridad en el proceso y de acompañamiento a las víctimas generó un choque con sectores feministas y obligó al propio presidente del Gobierno a asumir “errores en primera persona”.

En medio de esta polémica y alentando desde la propia dirección una suerte de ‘me too’ en el PSOE, se han sucedido otros dos casos que se han llevado por delante al presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, y al concejal, diputado provincial y líder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro. Desde Ferraz enmarcan esta realidad como resultado de un problema estructural que en lugar de ignorar buscan hacer aflorar y atacar con “tolerancia cero”.

Lejos de ver las denuncias como un problema, en Ferraz apuntan que la puesta en marcha de estos canales tiene precisamente como objetivo fomentarlas. “Si hay más casos, que se denuncien”, alientan en la cúpula socialista. “El problema no pueden ser las denuncias ni las víctimas”, se revuelven estas mismas fuentes para poner en valor su listón de autoexigencia. 

La vicepresidenta primera y número dos del PSOE, María Jesús Montero, hacía autocrítica este miércoles al admitir que el PSOE tiene que “aprender a hacer un mejor acompañamiento de las víctimas” de acoso sexual y “darles respuesta”. En declaraciones recogidas por Servimedia reconocía asimismo que a veces resulta “complicado” porque “las denuncias son anónimas”.

"La violencia machista es incompatible con los valores del Partido Socialista. Vamos a seguir actuando con contundencia y protegiendo a las víctimas. Ni ha habido ni habrá impunidad", aseguraba contundente la secretaría de Organización del PSOE, Rebeca Torró, a través de la red social X. Torró ha estado en el punto de mira de algunas de las feministas dentro del partido que alertaron sobre la falta de celeridad en la gestión del caso Salazar.

Muestra de esta “contundencia”, que ya se mostró el pasado domingo con el cese en Moncloa del que era número dos de Salazar, Antonio Hernández, el PSOE ha forzado también la suspensión de militancia del último de los acusados, el presidente de la Diputación de Lugo. En tiempo récord, puesto que la denuncia se registró el lunes por la tarde. Tomé dimitió de este cargo la tarde del miércoles, pero no como alcalde del municipio lucense de Monforte de Lemos. Por ello, el PSOE le ha exigido que también deje la Alcaldía, además de entregar su acta como diputado por Lugo.

La dirección federal tomó asimismo la decisión urgente, en coordinación con el PSdeG, de nombrar "de inmediato" una comisión gestora en la provincia de Lugo, que lideraba el acusado. Según las denunciantes, el dimitido presidente de la Diputación de Lugo habría ofrecido puestos de trabajo "a cambio de favores sexuales", enviado mensajes obscenos y subidos de tono, y realizado "tocamientos no autorizados".

Entre la presunción de inocencia y la contundencia

En Torremolinos, el PSOE andaluz ha trasladado ya a Ferraz el informe favorable para reclamar la puesta en marcha de una gestora en el municipio, aunque en este caso todavía no ha sido respondido. Navarro fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado viernes. Igualmente, se le reclamó que entregase sus actas como concejal y diputado provincial.

Los socialistas defienden un equilibrio entre el respeto a la presunción de inocencia y los protocolos establecidos para poner en valor que ni minimizan la gravedad del acoso ni protegerán "jamás a quienes lo practiquen". Según estos protocolos, el PSOE debe apartar de sus cargos a los acusados si las denuncias tienen fundamento y verosimilitud.

El punto de inflexión se produjo el pasado sábado, cuando Sánchez asumió en conversación informal con los periodistas “errores” en la gestión del caso Salazar y avanzó su intención de reforzar los recursos humanos destinados a la puesta en marcha de los protocolos antiacoso para evitar que se repitan estas fallas. El jefe del Ejecutivo también aseguró que se enteró por la prensa de estas actitudes de presunto acoso por parte de quien fuera su estrecho colaborador y negó cualquier tipo de "connivencia", al recordar que se le cesó de todos sus cargos en cuanto se conocieron las denuncias.

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