El PSOE reta al PP a adoptar sus protocolos antiacoso: “Es un problema estructural”

La proliferación de denuncias internas en el PSOE por acoso sexual está siendo agitada por el PP para cuestionar el perfil feminista de los socialistas. En medio de la polémica por el caso Salazar han saltado otros casos como los que afectan al líder de los socialistas en Torremolinos, Antonio Navarro, y el presidente de la Diputación de Lugo y líder provincial, José Tomé. Desde Ferraz enmarcan esta realidad como resultado de un problema estructural que en lugar de ignorar buscan hacer aflorar y atacar con “tolerancia cero”. De ahí la puesta en marcha el pasado mes de julio de unos protocolos antiacoso con canales para denuncias anónimas que ahora retan a los populares a copiar.

Frente a la utilización de los populares de estas denuncias, los socialistas piden en lugar de ello sigan sus pasos y hagan más contra el acoso. “Si el PP cree que no tiene a ninguna mujer en esta situación está negando la evidencia”, reprochan fuentes del Gobierno echando mano de una encuesta del Ministerio de Igualdad según la cual una de cada tres mujeres reconocen haber sufrido acoso sexual. Este mismo martes, los socialistas llevaron una denuncia a la Fiscalía del Supremo contra el alcalde de Algeciras y senador por Cádiz del PP, José Ignacio Landaluce, por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Lejos de ver las denuncias como un problema, en Ferraz apuntan que la puesta en marcha de estos canales tiene precisamente como objetivo fomentarlas. “El problema no pueden ser las denuncias ni las víctimas”, se revuelven estas mismas fuentes para poner en valor su listón de autoexigencia. De ahí que repliquen al PP que no aceptan sus lecciones. Los populares aseguran contar con este tipo de protocolos, aunque más genéricos y centrados en el acoso laboral. "Nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia, ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox", replicaba Sánchez este miércoles en la sesión de control del Congreso a la acusación de Alberto Núñez Feijóo de convertir el acoso sexual en "un código de conducta" en el PSOE.

En Moncloa defienden que sus protocolos "son 100% seguros" y tienen previsto reunirse en los próximos días con personal de la casa del departamento de Salazar para informar sobre ellos y alentar nuevas denuncias. La intención es “informar y volver a ofrecer ayuda”, explican fuentes del Ejecutivo, por si existen más víctimas que no se hayan atrevido a dar el paso.

El último caso que ha generado un terremoto en la federación gallega del PSOE es el del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a quien media docena de compañeras han denunciado, como desveló anoche el programa Código 10, de Cuatro. Un extremo que confirman desde Ferraz, pero piden tiempo para analizar el contenido y “hacer una mínima diligencia” antes de actuar al haberse recibido las denuncias “en las últimas horas”. Por el momento, Tomé ha rechazado dimitir y negado las acusaciones al tildarlas de “un montaje”.

Mientras se suceden estos casos, en el PSOE esperan que se culmine “cuanto antes” el informe de la comisión antiacoso sobre Francisco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez en Moncloa y exdirigente. El propio jefe del Ejecutivo hizo autocrítica en primera persona por la dilación del proceso, tras cinco meses, como alertaron corrientes feministas del partido. Asimismo, desde la dirección socialista se asumió "no haber arropado suficientemente a las víctimas". 

Refuerzo de los protocolos

Más allá de recoger el guante lanzado por las feministas del partido para mejorar los protocolos y atajar este tipo de situaciones, Sánchez daba un golpe en la mesa el domingo con el cese de quien era 'número dos' de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández. La persona que, según el relato de las denunciantes publicado por 'eldiario.es', actuaría como encubridora de Salazar y se habría dedicado a hacerles luz de gas. Hernández no solo ha salido de la Moncloa, a donde llegó de la mano de Salazar, sino que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía también lo ha apartado de la Ejecutiva regional -donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva-. Una “medida contundente”, sin esperar al expediente, con la que se pretende mostrar determinación. Por el momento, el conato de rebelión de los sectores más críticos con la gestión de este caso se ha ido apaciguando, a la espera de próximos pasos.

Una vez conocido el informe, la pretensión pasa por hacer una revisión de los protocolos internos para paliar fallas y “reforzar” sus recursos humanos con el objetivo de reducir los plazos. Salazar ya fue cesado antes incluso de que se registrasen las denuncias, al trascender el relato de las víctimas en una información de ‘Eldiario.es’, y ahora no se cierra la puerta a llevar el caso a la Fiscalía si las víctimas dan su beneplácito.

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