¿Qué tiene que resolver hoy el tribunal que juzga a los Pujol?

El juicio al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos se reanuda este miércoles con la decisión del tribunal sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas con el objetivo de evitar 'in extremis' el juicio. Aunque el presidente, José Ricardo de Prada, se comprometió a pronunciarse al reanudar la vista oral, el que también haya citado ya a los tres primeros testigos que declararán en la sala, permite augurar el rechazo de la mayoría de las pretensiones de la familia Pujol y de los 10 empresarios con los que comparte banquillo en la Audiencia Nacional.

Pero, ¿qué es exactamente lo que debe resolver el tribunal antes de escuchar a Isabel de Francisco Cotorruelo, secretaria de Jordi Pujol Ferrusola; la hija de este y Mercè Gironès, Núria Pujol Gironès, y el empresario José Luis Perelló Molne?

En las primeras jornadas del juicio ha habido una protagonista indiscutible: la 'Operación Cataluña'. En concreto, si la intervención del excomisario José Manuel Villarejo a la hora de que Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, fue determinante para que se iniciara el procedimiento y, en concreto, si supuso una contaminación de la causa que debería conducir a la nulidad, como argumentan las defensas.

El otro episodio en el que sitúan a las cloacas policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy es el pantallazo con las cuentas que la familia tenía en Andorra publicado por 'El Mundo' en julio de 2014 y que condujo a la confesión con la que el expresident justificó su fortuna en la herencia que le había dejado su padre, el abuelo Florenci, ante el temor que le producía su dedicación a la política.

Fiscalía y Abogacía del Estado han justificado la legalidad de la prueba con la veracidad de la información que sirvió de detonante para la declaración de Jordi Pujol, que fue lo que realmente sirvió para reactivar la investigación realizada por la Audiencia Nacional. También aseguran que los instructores lograron neutralizar el pendrive de origen dudoso que el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino intentó introducir en el caso, por el que se impuso la única condena que se ha dictado en relación con un episodio de la 'Operación Cataluña'.

Lo más probable es que sobre este punto el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, no se pronuncie hasta que se dicte la correspondiente sentencia, porque el origen de la fortuna resulta determinante para determinar si hubo delito de blanqueo de capitales o no, ya que solo es posible si se acredita que el dinero tiene una procedencia ilícita, es decir, obedece a otro delito.

El expresidente catalán se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por este delito y otro de asociación ilícita, mientras que cinco de sus hijos lo hacen a ocho por los mismos delitos. Su primogénito, en cambio, se enfrenta a una petición de 29 años, mientras que para su exmujer piden 17 años y para su hermano Josep, 14 años, al sumar también delitos fiscales.

La defensa de los Pujol aportó como prueba en el juicio un libro sobre Banca Catalana, de la que fue fundador Florenci Pujol, así como un BOE en el que el padre del expresidente catalán aparecía como una de las personas que disponía de dinero en el extranjero.

La fiscalía, en cambio, no da crédito a la versión del legado de abuelo Florenci y la considera "acordada por todos los miembros de la familia". Para Anticorrupción, el legado no es más que una excusa para ocultar la "red de clientelismo" que tejió el expresidente aprovechando sus cargos con empresarios afines a CDC que se repartían los "sobresalientes beneficios de concursos públicos, cuya resolución dependía de las Administraciones catalanas bajo el control" del partido.

Fernando Bermejo, el fiscal al frente del juicio, ha mantenido en su contestación a las defensas que “no se trata de que el delito se cometiera en el extranjero", en referencia a la fortuna que los acusados guardaban en Andorra, "sino de cómo se ocultó y enmascaró su origen delictivo” a través de sociedades en el extranjero (Andorra, Panamá y México) del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Durante las cuestiones previas los abogados defensores también plantearon la prescripción de varios delitos contra la Hacienda Pública y argumentaron que las 21 comisiones rogatorias tramitadas por Andorra con información sobre el dinero de los Pujol incluían la salvedad de que no se podía utilizar ni para investigar delitos fiscales ni de blanqueo. El abogado del Estado José Ignacio Ocio se opuso a este planteamiento con el argumento de que la documentación recopilada por la Agencia Tributaria era suficiente para argumentar estos delitos.

Los defensores también denunciaron en sus intervenciones la "inconcreción" de la acusación de la fiscalía y en la prescripción del delito. Según Luis Jordana de Pozas, abogado de Bernardo Domínguez, el empresario mexicano que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola, la investigación, que ha durado 12 años, se ha prolongado "más allá de lo razonable". La fiscalía rechaza la prescripción porque la infracción penal se comete hasta que finaliza la actividad delictiva, que se prolongó hasta 2011. “Los documentos [presuntamente falsos] se utilizan años después para justificar movimientos en las cuentas de Andorra”, argumentó Bermejo. 

Este miércoles empezarán a desfilar ante el tribunal los primeros testigos. La primera en comparecer será Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, que fue secretaria del primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola. El interrogatorio de esta testigo versará sobre las relaciones que mantuvo Pujol júnior con empresarios, así como sobre los negocios del hijo del exmandatario catalán. En abril de 2015, Cotorruelo se negó a declarar ante la comisión de investigación del Parlament que entre otras cuestiones investigó el patrimonio oculto en Andorra de la familia del expresidente. En el juicio, sin embargo, tiene la obligación de responder, dada su condición de testigo.

Tras ella, está previsto que declare, también como testigo, Núria Pujol Gironès, la hija de Jordi Pujol Ferrusola y la también acusada Mercè Gironès. En el procedimiento judicial aparece que el primogénito del expresidente realizó una donación a su hija de 585.000 euros. Tras escriturarse esa donación, una de las sociedades de Pujol Ferrusola, Imsa, vendió a Núria Pujol Gironès un piso en la calle de Ganduxer de Barcelona. Ambas partes acordaron un precio de 495.000 euros, que son desembolsados mediante un cheque cuando se firmó ante el notario la compra venta. Esta cantidad es similar a la donación que la mujer percibió antes.

Después de Núria Pujol Gironès comparecerá José Luis Perelló, propietario de una finca vendida a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer. Con él se cerrarán las declaraciones previstas para este 10 de diciembre. El juicio se reanudará el 12 de enero con más testigos. Están citados para comparecer ante el tribunal unos 250, aunque es posible que a medida que avancen las sesiones las partes personadas en el proceso renuncien a algunos de ellos. Entre los testigos hay directivos de empresas constructoras o la examante de Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Su testimonio fue solicitado por el abogado de Mercè Gironès, la exesposa del primogénito de los Pujol.

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