Detenida la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI por presuntas irregularidades en contratos públicos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo expresidente Vicente Fernández Guerrero también ha sido arrestado.

Las detenciones se han producido este miércoles en una operación, que ha sido declarada secreta, que a las 17 horas se seguía desarrollando por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

Al conocerse la detención, desde el PSOE marcaron distancia del caso remarcando que Díez ya no es miembro del partido. La portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, insistió en que es el momento de la Justicia y se aferró al respeto a las actuaciones. Sin embargo, en el PP, la portavoz Ester Muñoz definió la jornada como un “día dantesco” para los socialistas, y aseguró que el ex presidente de la SEPI fue “la mano derecha” de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. También habló con sorna de Leire Díez, “la mujer socialista que nadie conocía pero que se reunía con todo el mundo, con Santos Cerdán o con Antonio Hernando”.

La considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera del PSOE, Leire Díez, también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

La propia Leire Díez y varios testigos declararon ante el juez el pasado 17 de noviembre en relación con el presunto intento de desacreditar al número dos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Balas, y varios fiscales, entre ellos el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ahora dirige la operación realizada contra ella.

Al tratarse de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, la causa abierta en la Audiencia Nacional va mucho más allá que la de Plaza de Castilla. Entre los cargos públicos que ha tenido Leire Díez figura que entre 2018 y 2021 fue directora de comunicación del Grupo ENUSA, dedicada al negocio nuclear en la primera parte del ciclo combustible y servicios ambientales y participada en un 60% por la SEPI.

Vicente Fernández presidió la sociedad estatal entre 2018 y 2019, responsabilidad que tuvo que abandonar al ser imputado en el caso Aznalcóllar, porque como interventor general de la Junta de Andalucía fue quien otorgó los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), a la empresa México-Minorbis.

De hecho en la comisión de investigación del caso Koldo seguida en el Senado se negó a declarar al estar encausado en ese procedimiento. Los senadores lo habían citado, porque tras abandonar la sociedad estatal trabajó en Servinabar 2000, la empresa de Joseba Antxon Alonso Segurrola.

Ataques del PP

Durante la comparecencia, el senador del PP Francisco Bernabé le preguntó que ¿cómo era posible que hubiera "adquirido, en 7 años y sólo con su sueldo, un patrimonio inmobiliario de seis viviendas de lujo valoradas en varios millones de euros?" y le calificó de “pieza clave y operador privilegiado de una maquinaria institucional corrupta, en la que lo importante no era la legalidad, era la lealtad a una red, la del PSOE, a una ministra, [María Jesús] Montero, y a un clan, el que lidera Sánchez”.

Los investigadores, que atribuyen un 45% de la propiedad de Servinabar al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, sitúan en en esa entidad el origen de la trama de corrupción cuando a partir de 2015 comenzó su colaboración con Acciona Construcción en la mina Muga. Las preguntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública de las que se habrían visto beneficiadas ambas entidades se investiga en el Tribunal Supremo, en la que causa en la que también están imputados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

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