Marea de Residencias valora pedir la captura del responsable de los protocolos en residencias porque la jueza no le encuentra tras citarle

Marea de Residencias y la asociación 7291: Verdad y Justicia, personadas en nombre de familias de ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia de covid en Madrid , pedirán la busca y captura del que fuera exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, al que considera responsable de las normas de actuación denominadas 'protocolos de la vergüenza', después de que el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid no pudiera localizarle para tomarle declaración este martes.

Así lo señalan a EL PERIÓDICO fuentes de esta acusación, que señalan que otro ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, el exresponsable del SUMMA 112 Pablo Busca, tampoco ha podido ser notificado formalmente para el interrogatorio que había previsto realizarle este martes la jueza Sonia Agudo.

El que sí ha comparecido ante la jueza ha sido el sucesor de Mur, Javier Martínez Peromingo, quien ha descargado en su antecesor la responsabilidad de la inclusión de pautas discriminatorias en las normas de actuación en las residencias de ancianos, según las mismas fuentes.

Se trata de la tercera vez que la justicia se encuentra con un obstáculo para interrogar a Mur, al ser suspendidas otras dos declaraciones previstas los pasados meses de mayo. Sí lo hizo en octubre de 2023, cuando atribuyó a los geriatras de las residencias de ancianos la responsabilidad en la aplicación de los protocolos de derivación a los hospitales que llevaban su firma, según informó este periódico. Unos meses antes, y ante otro Juzgado, Mur apuntó a quien fuera su superior, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, como conocedor y responsable de la remisión a los hospitales madrileños protocolos que habrían impedido la derivación de ancianos a los centros médicos durante la pandemia de covid.

En busca de una macrocausa

La declaración formaba parte de una jornada clave para reactivar la instrucción paralizada durante meses por conflictos competenciales entre varios juzgados madrileños. Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la finalidad de unir los mismos hechos en una macrocausa, pero la jueza María Isabel Durántez rechazó la solicitud y, tras un recurso de la Fiscalía, esa posibilidad ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

La causa investigada corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los casos vinculados al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuya aplicación es objeto de investigación judicial.

La abogada Alejandra Jacinto ha explicado al término de las comparecencias que los funcionarios del juzgado habrían intentado citar a ambos investigados "en tres o cuatro ocasiones" sin éxito. "El juzgado afirma que no ha sido posible localizarlos. No podemos entender cómo estas personas pueden seguir eludiendo la acción de la justicia", ha señalado, calificando la situación como una "burla" para el dolor de las víctimas y para el propio procedimiento. Mañana están citados otra vez los tres mismos investigados en otra de las causas que se instruyen en los juzgados de Collado Villalba.

Según fuentes de la acusación, durante el interrogatorio Martínez Peromingo habría reconocido que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios" y que él mismo lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur, entonces responsable del área. Asimismo, ha señalado que su participación se limitó a revisar borradores y que la elaboración de los documentos partió de Mur, indicando además que las residencias no estaban medicalizadas. Niega haber participado en idear esa estrategia de protocolos.

Por su parte, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón ha declarado que no tuvo constancia de ningún protocolo de exclusión hospitalaria y que únicamente aplicó criterios clínicos propios durante la pandemia, informa Europa Press. Admitió además que el paciente de este caso no fue derivado al hospital, aunque no pudo precisar detalles de diagnóstico.

Tras las declaraciones, la hija del residente fallecido ha lamentado la ausencia de los dos exaltos cargos y ha reivindicado la necesidad de esclarecer responsabilidades políticas y administrativas. "Llevamos casi seis años esperando justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono", declaró a la salida de los juzgados.

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