El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: "En Extremadura tocaremos suelo"

Las federaciones del PSOE sienten que están pagando el precio de ver cómo han entrado en prisión a sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Un coste que se traduce en amenaza de desmovilización y un daño reputacional del que no pueden encapsularse. A ello se añaden los jirones a la bandera feminista por el caso Salazar, que ha provocado un levantamiento de algunos territorios contra Ferraz.

El temor a ahondar la erosión, a las puertas de un ciclo electoral de autonómicas, recorre a los cuadros autonómicos que esperan casi como un plebiscito sobre el coste electoral de la corrupción las elecciones extremeñas el próximo 21 de diciembre, donde algunos consideran que tocarán suelo. Con todo, la adhesión al liderazgo de Pedro Sánchez sigue siendo mayoritaria y, por el momento, no hay voces al margen de la del castellano-manchego, Emiliano García Page, que reclamen un adelanto de las generales para soltar lastre de cara a las municipales y autonómicas.

Consciente de la situación, en su primera incursión en la campaña electoral en Extremadura, el presidente del Gobierno apeló una y otra vez al "orgullo socialista" para insuflar ánimos a las bases y contrapuso, más de lo habitual, el modelo que defiende la socialdemocracia con el de las fuerzas de la derecha porque, a su juicio, PP y Vox son los mismo. "Quiero que pierda la derecha" el 21-D, confesó.

El PSOE de Extremadura será el primero en sufrir en las urnas el impacto de los casos de corrupción que cercan al partido. De cara al 21D, los sondeos pronostican un descalabro sin precedentes en el que hasta ahora ha sido su fuero histórico y lo cierto es que más allá del círculo de Miguel Ángel Gallardo la pregunta no es ya si ganará, sino cuánto puede resistir.

En Extremadura Ábalos y Koldo preocupan, pero la mayor desesperanza deriva del caso David Sánchez: tras dos crisis de liderazgo que rompieron el partido por dentro y un aforamiento exprés que cuestionó el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el candidato está a las puertas del banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. Ante los votantes, Gallardo defiende su inocencia apelando a su padre jornalero y su infancia humilde. Se muestra "digno heredero" del legado de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara para conectar el el electorado, pero lo cierto es que la división interna sigue latente. Si ya el PSOE tocó suelo en las autonómicas de mayo de 2023 lastrado por el efecto Pedro Sánchez, ahora afronta una campaña con escaso margen para recomponer una imagen pública dañada.

El PSOE andaluz inició hace un año una nueva etapa con la designación de María Jesús Montero como secretaria general y candidata en las elecciones autonómicas de 2026. Esa decisión que supuso el relevo de Juan Espadas fue asumida desde el principio por parte del partido como una operación de riesgo dado que la federación más numerosa de España y la que afronta unos comicios clave a nivel nacional no podría desmarcarse en ningún momento del desgaste que se pudiera producir en el Gobierno y de la dirección federal.

El arrastre de Montero en Andalucía

Este riesgo que existía se ha materializado especialmente en los efectos del caso de corrupción de Santos Cerdán y José Luis Ábalos y de las investigaciones abiertas a Paco Salazar, un destacado cargo de la federación sevillana. Ambas arrastran especialmente la imagen de María Jesús Montero como número dos del Gobierno y de la dirección de Ferraz. La federación andaluza no tiene margen alguno para distanciarse o encapsular el debate andaluz.

Ambos casos, además, han desbaratado la estrategia trazada por el PSOE andaluz durante los últimos meses centrada en la sanidad y en posibles casos de corrupción en la comunidad autónoma justo cuando por primera vez se había detectado un desgaste del PP de Juanma Moreno por los fallos de los cribados y la detención del presidente del PP de Almería.

Esto provoca que pese a estas dos crisis, que son las mayores que ha afrontado Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo, el PSOE sigue sin ser capaz de rentabilizarlas electoralmente. Las encuestas existentes reflejan que es Vox quien está creciendo mientras que los socialistas siguen estancados o incluso a la baja. A esto se añade que la operación de desembarco completo de María Jesús Montero en Andalucía se sigue retrasando generando cada vez más desconcierto en parte del PSOE andaluz.

Después de Extremadura, el siguiente escenario electoral se prevé en Castilla y León. Aunque no hay fecha oficial se trabaja con el 15 de marzo como cita con las urnas y de ahí que lleven ya tiempo en precampaña. Los socialistas renovaron la dirección y su secretario general no lleva ni un año al frente de la federación más extensa en territorio y con unos intereses provinciales muy arraigados que se entrecruzan. Los casos de Ábalos y, sobre todo, de Cerdán, afectaron a la federación por la proximidad que algunos mandos en la región tenían con el secretario de Organización, lo que avivó unas cuitas internas con la que Carlos Martínez tiene que lidiar sumado a la idiosincracia de un territorio donde los socialistas no gobiernan desde 1987.

“Es una etapa que queremos olvidar y pasar lo antes posible porque nos avergüenza a todos los comentarios que cada día podemos ver por los medios de comunicación”, reconoce el secretario general provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, al tiempo que confía que la situación no afecte al partido en las elecciones. "Ahora estamos decidiendo el futuro de Castilla y León y de la provincia de Zamora. Y no tienen nada que ver nuestros candidatos y nuestras propuestas con un hecho que alguien individualmente decidieron saltarse la justicia y por ello tendrán que pagar”.

Los rescoldos de Ábalos en Valencia

Que José Luis Ábalos haya portado consigo más de 40 años el carné de militante del PSPV no hace que en la federación valenciana tengan preocupaciones específicas sobre su situación. Fuentes de la dirección de los socialistas valencianos admiten que el caso ha hecho daño, mucho, especialmente con el tema de la prostitución, pero que se ha ido absorbiendo y que, sobre todo, no tiene un desgaste autóctono. No obstante, el asunto le sirve al PP valenciano para recordar que Ábalos logró su actual escaño como número 2 en una papeleta que encabezaba Diana Morant, futura candidata a la Generalitat, ministra de Ciencia y de fidelidad absoluta a Pedro Sánchez.

La propia líder del PSPV ha tratado de levantar un muro con declaraciones públicas condenando su comportamiento, el de Santos Cerdán y Koldo García y remarcando que es una situación que provocan "tres sinvergüenzas". La afección a la federación valenciana tiene su parte práctica en esa acta por Valencia que ostenta Ábalos desde julio de 2023. Si la dejara, entraría la alcaldesa de Llaurí, Anna González, condenada en 2021 por conducir ebria.

El PSC cierra filas

A nivel orgánico, los aliados que había ido cosechando el exministro en la provincia de Valencia, su principal fortín, se han ido diluyendo y recolocando en otras corrientes internas cuando no directamente esfumándose. Ya no hay un sector 'abalista' que pueda presumir de ello ni que pueda mover los porcentajes de apoyos que antaño tuvo el hoy encarcelado diputado. No obstante, sí que quedan rescoldos.

Por su parte, el PSC cierra filas con Pedro Sánchez. Salvador Illa ejerce de fiel escudero y su Govern defiende a capa y espada que el presidente no convoque elecciones hasta 2027 con el argumento de que ya se ha actuado de forma “contundente” contra Ábalos y Cerdán y que hay que mantener una “agenda progresista” que beneficia a Catalunya. Pero una cosa es la posición oficial a nivel político y otra el estado de ánimo de los socialistas catalanes, donde se reconoce que pasa factura que el PSOE haya fallado en dos de las principales banderas que había ondeado hasta ahora: la limpieza y el feminismo.

Que hasta dos exsecretarios de organización hayan entrado en la cárcel y la mala gestión de las denuncias contra Salazar preocupa en el PSC, aunque haya quien encuentre el consuelo en el hecho de subrayar que son “partidos distintos” y que no hay rama catalana en ninguno de los dos asuntos. Pero eso no quita que haya una adhesión casi absoluta a la figura de Sánchez, especialmente viendo que la alternativa es un gobierno de PP y Vox que daría un portazo a muchos de los logros de los que saca pecho Illa desde la Generalitat.

El PSRM, con el ojo puesto en Pedro Saura

La Región de Murcia es una de las comunidades perjudicadas por las presuntas mordidas del Ministerio que dirigió José Luis Ábalos. Al menos, la trama corrupta se habría llevado, según los informes de la UCO, 550.000 euros. Sin embargo, lo que más preocupa al Partido Socialista regional es el papel que en estos negocios pudiera tener el murciano Pedro Saura, que cuando todo esto sucedía ostentaba el cargo de secretario de Estado de Transportes (luego pasaría por Paradores y, en la actualidad, está al frente de Correos).

A pesar de que Saura ya compareció en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y de que, de momento, desde la Justicia nadie le ha imputado delito alguno, el Partido Popular de la Región de Murcia no deja de apuntar hacia el socialista, de quien asegura que no podía ser ajeno a lo que sucedía en el Ministerio. “Que dé explicaciones o dimita”, insiste el vicesecretario de Comunicación del PPRM, Joaquín Segado.

Asimismo, el portavoz del Gobierno regional ha aprovechado varias ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno para recordar que Santos Cerdán fue el “padrino político” del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ya que, incluso, le acompañó durante el Congreso Regional del partido en el que asumió el cargo el pasado mes de marzo.

Lo máximo que ha llegado a decir Lucas sobre Ábalos, Cerdán y Koldo es que "dos o tres corruptos sinvergüenzas ni representan al Partido Socialista” ni le representan a él. De momento, aguanta el tipo y no parece preocupado por unas elecciones para las que aún falta un año y medio.

Como suele ser habitual, la política madrileña está condicionada por la nacional y los casos de presunta corrupción que acorralan al PSOE se convierten también en munición política para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, quién además tira de estos asuntos para confrontar directamente con el jefe del Ejecutivo. El hecho de que Pedro Sánchez apostase por el ministro Óscar López ahonda más en ese paradigma de que lo que pase en la política nacional se traslada a la política madrileña y viceversa. Y también el coste y desgaste de estos casos que afectan al partido en su conjunto y tiene a las bases sumidas en un nerviosismo continuo porque han roto líneas ideológicas del PSOE.

Información elaborada por Iván Gil (El Periódico), Rocío Entonado (El Periódico Extremadura), Javier Alonso (El Correo de Andalucía), Carlos Gil (La Opinión de Zamora), Diego Aitor San José (Levante), Sara González (El Periódico), Jaime Ferrán (La Opinión de Murcia) y May Mariño (El Periódico)

Suscríbete para seguir leyendo