La central nuclear de Almaraz se convierte en arma electoral en Extremadura

La Central Nuclear de Almaraz apunta a convertirse en uno de los ejes de la campaña electoral extremeña que acaba de arrancar. Los comicios autonómicos llegan cuando quedan menos de dos años para alcanzar la fecha en la que está programado el cierre del primero de sus dos reactores, el 1 de noviembre de 2027; un año después, el 31 de octubre de 2028, está previsto que el segundo de ellos deje de verter electricidad a la red. E igual que la convocatoria extremeña se presenta como el primer asalto de un ciclo electoral nacional al que servirá para tomarle el pulso, lo que se decida con la central extremeña condicionará previsiblemente el devenir del resto del parque nuclear español.

En clave autonómica y en plena cuenta atrás para su cierre, la continuidad de Almaraz es un factor que puede determinar el sentido de un buen puñado de los votos emitidos el próximo 21 de diciembre. Sobre todo de electores que viven en las localidades de la comarca cacereña del Campo Arañuelo, en la que está situada la planta. Su tejido socioeconómico depende en gran medida de la actividad de central y sus arcas municipales de los tributos que esta paga.

El debate en torno a la prórroga de la vida útil de la instalación atómica lleva ya muchos meses siendo objeto de reproches entre los gobiernos autonómico y central, pero también entre los partidos políticos extremeños. De los cuatro que acuden con mayores expectativas a estos comicios, solo Unidas por Extremadura se posiciona a favor del cese y de buscar otras alternativas económicas para la zona. Los otros tres (PP, PSOE y VOX) se manifiestan abiertamente partidarios de que la planta siga adelante, arguyendo para ello su significativa aportación al PIB regional, el importante volumen de empleo que genera y la seguridad de suministro que garantiza.

En lo que no coinciden es en a quién se responsabiliza de la incertidumbre que envuelve el futuro de la instalación y de que su clausura siga siendo a día de hoy una posibilidad muy real. Los populares, al frente de la Junta de Extremadura desde mediados de 2023, consideran que el plan para prescindir del parque nuclear español es una decisión que obedece a una cuestión ideológica y al "sectarismo" del Gobierno central, al tiempo que acusan a los socialistas extremeños de no defender los intereses de la región cuando toca hacerlo en Madrid. En las votaciones de iniciativas planteadas por los populares en el Congreso para pedir la ampliación de la central, que los diputados socialistas por Cáceres y Badajoz no han secundado, por ejemplo.

Las propietarias

Desde el PSOE, por su parte, se pone el foco en el papel de las propietarias de la central, las eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy, que han agotado los tiempos para presentar la solicitud formal de prórroga, algo que no hicieron hasta último día de octubre pasado, justo cuando expiraba el plazo para enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) otra documentación, en este caso relativa al cierre de su Unidad I. También critican la bajada de la ‘ecotasa’ que les prometió la presidenta María Guardiola y que, argumentan, premia a unas empresas con beneficios multimillonarios.

Y a quien Vox culpabiliza es al "fanatismo climático" y a la Agenda 2030 promovidos "durante años desde todas las administraciones" por populares y socialistas. La desconexión de "la primera industria de Extremadura" se enmarca en "una hoja de ruta de decrecimiento, dependencia energética y despidos masivos", dice en su programa para estas elecciones extremeñas.

Los impuestos, factor clave

Una de las claves de la discusión sobre Almaraz está en la fiscalidad. Las eléctricas aseguran que con el actual marco impositivo es insostenible la viabilidad económica de la flota nuclear española. Durante meses fueron demorando el envío al Ministerio para la Transición Ecológica de una solicitud formal de prórroga, y lo hicieron a la espera de abrir una negociación con el Gobierno que les llevase a conseguir una rebaja en los tributos que abonan. Un proceso que nunca llego a iniciarse.

Pocas semanas antes de la llamada anticipada a las urnas, Guardiola sí que se comprometió a que, si Almaraz no cierra, a partir de 2027 se rebajen los tipos de gravamen que abona la instalación en concepto de impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, conocido como ‘ecotasa’. Sería un recorte progresivo, de hasta el 50% en el horizonte de 2029, lo que se traduciría en una merma de recaudación de más de 45 millones de euros anuales. Lo hizo a la vez que reclamaba también al Ejecutivo central que tomase decisiones en esta misma línea aliviando la "insoportable carga fiscal sobre la energía nuclear". El recorte de este tributo autonómico había sido unas de las condiciones planteadas por Vox para negociar los presupuestos autonómicos. No obstante, la medida ha acabado figurando en el programa electoral del PP.

Para el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, sin embargo, el PP solo ha utilizado la continuidad de Almaraz como una herramienta para intentar dañar al Gobierno de España. Se muestra convencido de que la planta no va a cerrar y se ofrece como intermediador para garantizar que el diálogo con las eléctricas llegue a buen puerto. Eso sí, adelanta que, de llegar a la Junta "no vamos a permitir los 45 millones de euros que han decidido eliminar del impuesto a las eléctricas", echando en cara al PP defender la central a costa de "beneficiar a los poderosos".

Es significativo, en cualquier caso, que en el pistoletazo de salida de la campaña socialista, este jueves en Plasencia, acto al que asistió el presidente Pedro Sánchez, ni él ni Gallardo mencionasen una central situada apenas a sesenta kilómetros.

Algo que sí hizo ese mismo día la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, para quien la planta "se tiene que cerrar" porque "ha convertido al norte de Cáceres en un cementerio nuclear". Una instalación, sostuvo, que "tenía que haber generado diez veces más empleo" y cuyos impuestos "se han ido a Madrid y Bilbao". Afeó que el Ejecutivo regional quiera "una prórroga" en lugar de "preocuparse" realmente por sus trabajadores.

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