En el Congreso
El PSOE avanza en los guiños a Junts y encarrila con ellos y el PP la ley contra la multirreincidencia
Los socialistas se comprometen a llevar la norma al primer pleno de 2026 para su aprobación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Al 'mea culpa' de Pedro Sánchez y el decreto ley económico con guiños a Junts le ha seguido este jueves un acuerdo entre el PSOE, PP y los posconvergentes para impulsar la ley contra la multirreincidencia que llevan meses demandando los de Carles Puigdemont. Los socialistas han pactado varias modificaciones con Junts y han dado el visto bueno a otros cambios cerrados entre los independentistas catalanes y el PP. Además, según fuentes de la formación posconvergente, el PSOE se ha comprometido a llevar la ley para su aprobación al primer pleno del próximo periodo de sesiones, en febrero.
En la misma semana en la que el presidente del Gobierno parece haberse puesto como deberes recuperar el apoyo de Junts, se ha reactivado la tramitación de la ley contra la multirreincidencia que registraron los posconvergentes en abril del año pasado. A la ponencia, una reunión a puerta cerrada con representantes de todas las formaciones, PSOE y Junts han llegado con dos enmiendas acordadas que ya han sido introducidas en el texto de la ley.
Además, los de Puigdemont también han presentado otros cuatro cambios negociados con los populares y que han contado con el visto bueno de los socialistas. Fuentes del PP han sacado pecho de los cambios introducidos, recordando que ellos registraron su propia norma pero está bloqueada por la Mesa del Congreso. Además, pese a que aplauden los pactos con Junts, las mismas fuentes niegan de manera categórica que haya "ningún acuerdo a tres entre PSOE, PP y Junts".
El texto ha quedado así listo para su debate en la comisión de Interior que, según fuentes conocedoras de las negociaciones, se podría convocar la próxima semana con el compromiso de que la norma se pueda aprobar en el primer pleno del próximo año. Además del entendimiento tácito entre PP, PSOE y Junts, el PNV también ha respaldado el informe de la ponencia. No así el resto de socios del Gobierno. Podemos y EH Bildu se han opuesto y Sumar y ERC ha optado por esperar a la comisión para tomar posición.
La norma y los cambios
La norma impulsada por los posconvergentes pretende endurecer las penas para acabar contra la multirreincidencia. Para ello, la proposición de ley plantea la modificación del artículo 234.2 para imponer pena de prisión de 6 a 18 meses a aquellos que acumulen tres condenas por hurto leve sin necesidad de que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, como se recoge actualmente.
Por otro lado, la multirreincidencia que agrava el hurto pasa a contarse solo con antecedentes menos graves o graves, excluyendo los leves, ya recogidos con el anterior cambio. Una de las modificaciones pactadas establece la misma dinámica para los delitos de estafa, algo planteado por el PP. En el mismo sentido, se modifica el artículo 22 del CP para incluir los hurtos leves como agravante.
Además, se plantea establecer la pena de prisión de uno a tres años (hurto agravado) si los objetos sustraídos son móviles o similares. Otra de las enmiendas acordadas deja fuera de este último apartado los dispositivos que se encuentren a la venta o exposición en establecimientos comerciales. Por último, otras enmiendas establecen como delito el 'petaqueo', el suministro de gasolina a las narcolanchas, o plantean la posibilidad de imponer de manera cautelar la prohibición de acudir a un determinado lugar, barrio, municipio cuando se investigue un delito a fin de proteger a la víctima.
Temas pendientes
Esta semana, después de que Sánchez admitiera sus "incumplimientos" en la relación con Junts, fuentes posconvergentes recordaban el listado de asuntos pendientes e incluía la tramitación de esta norma. Este jueves, voces de ese mismo espacio han mostrado su satisfacción por los avances, aunque señalan que aún quedan un par de asuntos pendientes por negociar. Por un lado, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ejercer la acción penal en los delitos de hurto. Por otro, elevar el número de jueces de adscripción territorial en Catalunya de 35 a 70.
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