El Consell de Garanties Estatutàries avala la regulación de los alquileres de temporada

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) concluye que la regulación de los alquileres de temporada se ajusta a ley, algo que deja ya el camino despejado para que la medida se apruebe de forma definitiva en el Parlament y entre en vigor antes de que se acabe el año. El informe que ha emitido el órgano consultivo, al que recurrieron tanto Junts como el PP, sentencia por unanimidad que no se vulneran las competencias ni del Estado ni de la Generalitat sobre las bases de las obligaciones contractuales, así como el principio de seguridad jurídica.

El CGE considera que la Generalitat ha ejercido "correctamente" sus competencias en derecho civil "sin alterar la naturaleza ni los elementos nucleares del contrato de arrendamiento". Recomienda, eso sí, valorar la posibilidad de incorporar una disposición en la norma que aclare los efectos temporales de esa regulación de los alquileres. En cuanto al cuestionamiento que hacía Junts por el hecho de que la regulación no se haya incorporado en el Codi Civil de Catalunya, el órgano establece que el legislador tiene "libertad" para escoger el instrumento normativo y optar por una ley sectorial.

El único cuestionamiento de la ley que se señala en el dictamen es el de la prórroga automática de la protección oficial en las zonas tensionadas, ya que apunta que debería haber una norma "con rango legal" que así lo prevea "expresamente". El objetivo es evitar que 36.000 viviendas protegidas pasen al mercado privado. El informe no es vinculante, aunque habrá que ver si los grupos defensores abren la puerta a hacer algún tipo de modificación o siguen adelante sin tocar nada. Otro de los aspectos que quedan avalados es el registro de grandes tenedores, que el PP había puesto en duda la competencia de la Generalitat para ponerlo en marcha.

Aprobación antes de acabar el año

El Consell de Garanties da respuesta así al recurso que presentaron posconvergentes y populares, un movimiento que ha supuesto que se atrase la aprobación de una regulación acordada por el PSC, ERC, los Comuns y la CUP para impedir que con la modalidad de vivienda de temporada los propietarios se salten los topes de precios fijados por la ley de vivienda. De hecho, se trata de la primera entente que sellaron los cuatro partidos de izquierdas en esta legislatura y que quedará ahora a punto de caramelo para que sea aprobada en el último pleno de este año.

El PSC no era, de partida, defensor ni de la regulación de los alquileres ni de prorrogar la protección oficial de los pisos que tienen a punto de caducar esa calificación bajo el argumento de que se podía provocar "inseguridad jurídica", pero finalmente accedieron ante la exigencia de los socios de investidura para evitar una derrota parlamentaria y que decayera su decreto sobre vivienda. Desde entonces, el Govern sí que ha hecho suya la medida y reivindicado la necesidad de aprobar medidas para intervenir en los precios. De hecho, en estos momentos están estudiando en un grupo específico con los Comuns la prohibición de la compra especulativa de pisos.

Celebración de los impulsores

Los cuatro partidos impulsores de la medida han celebrado el veredicto del Consell de Garanties, que da vía libre a una ley que permitirá "taponar una fuga" que se está produciendo para saltarse los precios de los alquileres y que es un "paso más" para garantizar que el derecho a la vivienda prevalece sobre el de "especular y enriquecerse". Han lamentado también la confluencia de intereses de la derecha catalana y española, en referencia a Junts y el PP, para tratar de frenar la regulación. En cuanto a la prórroga de la protección oficial, estudiarán en los próximos días si solucionan este asunto con una enmienda.

También el Sindicat de Llogateres, motor de la reivindicación para que se tapone esta brecha por la que los propietarios suben los precios, ha celebrado el dictamen, aunque el portavoz, Enric Aragonès, ha advertido que, más allá de demostrar que tiene soberanía para regular, Catalunya tiene que ser capaz también de demostrar que "puede hacer cumplir la ley y aplicar sanciones a quien incumpla" con los precios. A su vez, ha advertido de la tentación que tendrán los partidos detractores de llevar la medida al Tribunal Constitucional para lograr que sea tumbada.

Fuentes del PP critican que el CGE "se contradice a sí mismo" con este dictamen, que consideran "más político que jurídico" porque dos informes anteriores de 2019 y 2020 reconocían que la Generalitat "no podía regular el arrendamiento temporal" porque la competencia es materia exclusiva del Estado. "Esto no hace más que perjudicar a los propietarios y a los inquilinos, al generarles una gran inseguridad jurídica y una reducción de la oferta de pisos en régimen de alquiler temporal, lo que perjudica a los jóvenes universitarios, al talento, a los profesores y médicos que no tendrán oferta suficiente", lamentan.

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