Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa

La fiscal Carmen García Cerdá rechaza que existan razones para anular el caso Montoro, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona y mantiene imputado al exministro de Hacienda del PP. Lo hace en un informe en el que reprocha de forma contundente a los investigados que desde que conocieron su situación el pasado mes de junio no hayan aportado documentación alguna --ni siquiera la que probaría la desvinculación de Montoro del despacho Equipo Económico, que fundó en 2006-- y tampoco hayan solicitado diligencias para sustentar su inocencia.

Esta causa permaneció siete años bajo secreto hasta que se conoció la implicación tanto de Cristóbal Montoro como de varios directivos de Equipo Económico --actualmente Global Afteli- y varios ex altos cargos de Hacienda en tiempos del PP, a los que se acusa de integrar una trama para influir reformas legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de dinero.

El último escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incide en que los informes de Mossos D'Esquadra y de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria constatan "la indiciaria existencia de una organización y los pagos efectuados por las empresas gasistas a Equipo Económico, previos a cada actuación administrativa de favor". Esta actuación no era otra cosa que la elaboración del reglamento de la Ley de Impuestos Especiales "a la carta" de las empresas gasistas implicadas, "eliminando los funcionarios intervinientes en la fase administrativa la exigencia (...) de acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el beneficio fiscal, introducido en la reforma legislativa concertada".

Frente a ello, las defensas se han limitado por el momento a pedir de forma insistente la anulación de la causa, tanto por el largo tiempo en el que ha durado el secreto como por ver sospechoso el "hallazgo casual" de los correos que se encontraron en un registro en Messer Ibérica de Gases, investigada en otro procedimiento diferente por un delito contra el territorio. Estos correos permitieron abrir el procedimiento actual contra Montoro, al revelar el supuesto mercado de favores entre altos cargos de Hacienda y el despacho que fundó para favorecer a sus clientes.

Así, las defensas han recurrido ante el juez y también en apelación a la Audiencia Provincial de Tarragona intentando, según la Fiscalía, "justificar la afectación que el secreto ha tenido" para sus clientes, al considerar que la intervención de los investigados hubiera permitido a estos aportar las alegaciones, explicaciones, documentos e incluso prueba pericial. Pero la realidad es que desde que les fue notificada su imputación no han hecho nada en este sentido, y se han limitado a atacar las decisiones del instructor y a la Fiscalía Anticorrupción.

Tres puntos clave

García Cerdá enumera en su escrito tres hechos que la defensa considera acreditados, pero sobre los que la instrucción viene demostrando más bien lo contrario, ante la falta de prueba de descargo: que Cristóbal Montoro se desvinculó totalmente de esta mercantil cuando cesó como consejero y presidente de Asociados Asesores el 10 de abril de 2008, dejando en esa fecha de ser socio; que la compañía cambio de denominación, y que con el nuevo nombre de Equipo Económico se desarrolló una actividad de asesoramiento jurídico a las empresas gasistas; y finalmente que la Guardia Civil no ha podido acreditar que jamás se pagó retribución, comisión o dádiva a autoridad o funcionario alguno, ni ejerció ningún tipo de influencia en los mismos.

Según la fiscal Anticorrupción, respecto del primero de los puntos hay que decir que el cambio de denominación de la compañía está pendiente la solicitud de escrituras registrales, que las defensas podría haber ya aportado o pedir que se aportara. En lo relativo a que Equipo Económico desarrolló una labor de asesoramiento jurídico, "la prueba recabada ha evidenciado que no era así", ya que se ha conocido que ese asesoramiento lo trabajaba en realidad la consultora Ernst & Young"y posteriormente Equipo Económico hacía suyo el informe para interceder ante los funcionarios del Ministerio de Hacienda, cobrando por ello". Así lo ponen de manifiesto los informes realizados por los Mossos d'Esquadra.

200 cuentas bancarias

Además, considera que tampoco se puede afirmar que la Guardia Civil haya descartado el pago de dádivas, en primer lugar porque afectó a la información incluida en un total de diez cuentas bancarias del total de 200 que fueron entregadas por las entidades bancarias, y que están pendientes de análisis por orden del juez Rubén Rus.

Por otro lado, y con independencia que deba completarse dicho análisis, "ya se sabe que sí que hubo pagos efectuados desde Equipo Económico a alguno de los funcionarios implicados, como constata por el modelo tributario 190 aportados a la causa". Así, entre otros, dicho modelo revela los pagos efectuados desde Equipo Económico al que fuera alto cargo de Hacienda y posteriormente secretario de Estado durante los años 2008 y 2009 Miguel Ferre Navarrete, así como los pagos efectuados a Santiago Menéndez, que fue director de la Agencia Tributaria, en los años 2010 y 2011.

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