El Govern estudia aumentar la inversión en la ley de barrios como antídoto al ascenso de la extrema derecha

Que los vecinos tengan un piso a un precio que puedan pagar, que cuando pisen la calle perciban que está cuidada, limpia y con servicios; y que, además, se sientan seguros con agentes patrullando. Esta receta, resumida con el lema 'casas, barrios y mossos', se ha convertido en la Biblia del Govern de Salvador Illa para hacer frente al ascenso de la extrema derecha con la incógnita de si llegará a tiempo y será efectiva de cara a las elecciones municipales de 2027. Conscientes de que se está en plena cuenta atrás, la Generalitat estudia aumentar la inversión en la ley de barrios, según ha podido saber EL PERIÓDICO, una decisión que estará condicionada por si se logran o no nuevos presupuestos para 2026.

Además de aumentar el parque público de vivienda y de incrementar los efectivos de la policía catalana, el president está dispuesto a convertir la recuperación de zonas degradadas de toda Catalunya en un buque insignia de su mandato dando continuidad a uno de los legados del tripartit. Por ello anunció el pasado mes de mayo que se invertirán 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, que se sumarán a otros 600 que aportarán los municipios. La primera convocatoria, a la que se presentaron 83 municipios, está ya pendiente de resolución este mes de diciembre, pero ha quedado claro que la demanda es alta teniendo en cuenta que se beneficiarán de la subvención una veintena.

Por eso, en una semana marcada por el barómetro del CEO que pronostica que el voto a Aliança Catalana y a Vox se dispara, el Govern baraja la posibilidad de aumentar esa partida para los barrios si consigue aprobar unas nuevas cuentas en 2026. Eso sí, no será hasta el primer trimestre del nuevo año cuando estará en condiciones de empezar a negociar con ERC y Comuns, una vez se cierre el acuerdo sobre la financiación singular.

Expectativa de progreso

¿Por qué considera el ejecutivo de Illa que esta puede ser una herramienta eficaz para contener el apoyo a la ultraderecha? El objetivo de esta inyección de recursos es promover rehabilitaciones de edificios, mejora del espacio público, impulso de proyectos sociocomunitarios de cohesión social o la recuperación de ejes comerciales, entre otros. Proyectos de carácter integral que supongan un lavado de cara y, en consecuencia, una nueva vida para más de un centenar de barrios con una alta vulnerabilidad.

Se trata, aseguran fuentes del Govern, de insuflar orgullo, de reforzar el sentimiento de pertenencia y de transmitir expectativas de progreso. Cuando se refiere a la extrema derecha, Illa se aferra siempre al término "esperanza", porque considera que la convicción de que es posible un futuro mejor disuade la penetración de los discursos de odio. "No nos preocupan los partidos de extrema derecha, sino las causas que hay detrás. Somos conscientes de que crece porque el sistema no ha dado respuesta a las necesidades de la gente", argumentan desde el Govern. Y dejan caer que, durante el 'procés', el país estuvo "dormido" en términos de gestión mientras Catalunya recibía nueva población y que por eso ahora afloran las urgencias.

Espaldarazo a los alcaldes

La ley de barrios, aseguran, debe actuar como una "mancha de aceite", aunque tienen presente que los municipios han estado hasta ahora muy asfixiados financieramente y que eso provoca que no puedan hacer frente a grandes transformaciones. Por ello, se ha duplicado de 250 a 500 millones la línea de inversión del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC) para la financiación de infraestructuras y mejoras de servicios de los municipios, se ha activado una partida de 120 millones para remodelar equipamientos deportivos y un paquete de medidas y recursos para revitalizar y promover la vida en los pueblos rurales.

Se trata, insisten desde Presidència, de "empoderar a los alcaldes" para que tengan margen de maniobra para actuar ante las principales carencias de cada territorio. Entienden que el combate contra la extrema derecha empieza por el ámbito local y la proximidad. No obstante, el Govern tiene alguna patata caliente que por ahora ha esquivado afrontar, como el caso del Ayuntamiento de Martorell, donde el gobierno municipal de Junts y PSC ha prohibido el llenado de garrafas con agua de fuentes públicas con el argumento de que hay que evitar que los okupas se beneficien de ello.

La polémica, que se suma a las trabas para empadronarse que imponen algunos consistorios, ha escalado hasta el Parlament de la mano de ERC y de los Comuns y pone de manifiesto que hay actuaciones desde el ámbito municipal complejas de manejar desde la Generalitat, especialmente cuando hay dirigentes socialistas involucrados.

Mossos y vivienda

En cuanto al ámbito de la seguridad, el Govern cree tener encauzada la situación gracias a la incorporación de 5.000 mossos más y el plan Kanpai, que quieren hacer extensivo a todo el territorio catalán con el argumento de que los delitos han descendido en un año. De la misma manera que sostienen que los 60 nuevos juzgados previstos contribuirían a hacer frente al problema de la multirreincidencia como lo está haciendo en Barcelona, donde se están reduciendo los tiempos de los juicios.

Más lento es resolver la emergencia del acceso a la vivienda, aunque el ejecutivo de Illa reivindica que está en ello tanto promoviendo nueva construcción como con medidas para intervenir el mercado y frenar la especulación. Se trata, en todo caso, de que los ciudadanos cuando salen a la calle "vean grúas" como prueba de que hay actuaciones en marcha y de que las instituciones se ocupan de sus necesidades.

Si el Govern da o no con la tecla para revertir el ascenso de la extrema derecha, está por ver. Por ahora, el plan de Illa es hacer que el "sistema funcione", entendiendo que ahora el voto antisistema despierta pasiones por el flanco de la ultraderecha. Más allá de la acción sobre calles y barrios, se libra también otro combate en redes sociales, terreno en el que la Generalitat sumará a partir del año que viene una aplicación para monitorizar los discursos de odio. "Quien la hace, la paga: en los barrios, en las calles y en las redes", resumió el president el pasado martes en la presentación de esa herramienta.

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