¿Hay una 'alerta ultra' en Catalunya?

El barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha puesto en guardia a los principales partidos de Catalunya. En los cuarteles políticos hay inquietud por el auge de Aliança Catalana y Vox, que juntos sumarían entre 32 y 34 diputados en un hemiciclo de 135 si se convocaran elecciones. Algunos dirigentes apuntan ya a una 'alerta ultra' que puede llevar a la ingobernabilidad y otros ven una oportunidad para generar amplios acuerdos; pero todos los dirigentes consultados coinciden en que si no se le pone freno, las encuestas pueden acabar siendo una realidad en las urnas.

No hay contiendas electorales a corto plazo: las municipales serán en 2027 y las catalanas en 2028, y aunque Pedro Sánchez pueda decidir adelantar las generales, no sería un buen un termómetro para medir la tendencia de la extrema derecha en Catalunya porque Sílvia Orriols no contempla, por ahora, dar el salto al Congreso, aunque los estatutos de la formación incluyen los pasos a seguir para la elección de candidatos a las Cortes Generales y al Parlamento Europeo si finalmente cambia de opinión.

Las direcciones de las formaciones se han volcado ya en actualizar sus discursos y propuestas para frenar un posible ascenso de la extrema derecha. El diagnóstico mayoritario es que tanto Aliança Catalana como Vox llenan el hueco que no cubre una gestión adecuada de lo público y que su dominio de las redes sociales se viraliza tanto que puede levantar del sofá a los abstencionistas para ejercer un voto de protesta contra el sistema, la papeleta del 'no a todo'.

La receta común es que hay que intervenir con políticas adecuadas para atender a un posible colapso de los servicios públicos -teniendo en cuenta que se pasó de seis a ocho millones de catalanes en unos años en los que hubo recortes y que cabe preparar la Catalunya de los 10 millones-, garantizar el derecho a una vivienda y revertir la percepción de inseguridad. Pero las recetas sobre cómo conjurar estas tres premisas son dispares y ponen a todos los partidos frente al espejo porque la confrontación moviliza a los electores, aunque a largo plazo les haga perder votos a todos por incrementar, a la vez, la desafección.

El Govern y Junts llegaron a una conclusión inversa. Cuando arrancó la legislatura, el presidente del Parlament, Josep Rull, optó por objetar cada vez que Orriols atacaba al islam vinculando a los creyentes con la delincuencia e incluso cuando se saltaba el decoro señalando a la diputada de ERC, Najat Driouech, por llevar velo. En la dirección detectaron que esta estrategia daba alas a Aliança Catalana y que había que dar más margen para evitar el choque, así que Rull optó por intervenir solo cuando había una amenaza directa al código de conducta y se acogió a la normativa de otros parlamentos europeos, aunque la decisión levantó ampollas en ERC. Pero, en paralelo, el president Salvador Illa decidió que era el momento de entrar al cuerpo a cuerpo con Orriols en las sesiones de control en la Cámara y difundir los cortes de vídeo en las redes sociales.

Junts trasladó al jefe de Govern su estupor por este cambio de estrategia e incluso alguno de sus dirigentes llegó a acusar a Illa de perseguir un crecimiento de Aliança Catalana para perjudicarles. Son los mismos que ven una mano negra en el barómetro del CEO. Sea como sea, el crecimiento de esta formación y de Vox no solo perjudica a la posconvergencia, sino también al propio Govern, ya que como revela el sondeo la mayoría de Illa se sostiene por la mínima, solo sumando la horquilla más alta de PSC (40), ERC (23) y Comuns (6), y sin una alternativa posible porque los socialistas y Junts suman un máximo de 60 diputados, lejos de los 68 necesarios.

En el Palau de la Generalitat están convencidos de que la tendencia ultra se revierte con una mayor inversión. Primero, en los municipios, con el plan de barrios para renovar zonas degradadas y mejorar la convivencia y, a la vez, la percepción de seguridad. Segundo, con más efectivos policiales, ya que el acuerdo con el Gobierno prevé que Catalunya tendrá 25.000 agentes de los Mossos d'Esquadra en 2030, y con una mejor coordinación con las policías locales a través de los acuerdos en las juntas de seguridad. Y tercero, atendiendo el principal problema para los catalanes, el acceso a la vivienda -aunque para los votantes de extrema derecha lo más preocupante es la inmigración-. ¿Cómo? Con la compra y construcción de pisos, con la reducción de los trámites para urbanizar, con la concesión de rango de perpetuidad a la vivienda protegida y con la regulación del precio de los alquileres y el fin del fraude del arrendamiento de temporada.

Hay miembros del Govern que aliñan el plan con una dosis de 'pujolismo': hay que patearse todo el territorio y escuchar. Incluso hay dirigentes que señalan que sí hay que entrar en el cuerpo a cuerpo, pero no tanto con Aliança Catalana, sino con los vecinos, lo que se traduce en debatir a pie de calle y, sobre todo, estar, que se les vea. Un análisis parecido se hace en Junts, en ERC, en los Comuns y también en el PP, que ya montan carpas en los municipios aunque no haya campaña electoral. De la amplitud de miras en los pactos a futuro dependerá, en buena medida, si la 'alerta ultra' termina siendo una realidad.

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