La 'Operación Cataluña' se lleva el protagonismo del inicio del juicio a los Pujol: 4 claves de la vista oral

El juicio es la culminación de cualquier instrucción. Y más cuando una investigación se prolonga durante 12 años. La primera semana del juicio en la Audiencia Nacional al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, sus siete hijos, la exmujer del primogénito, Mercè Gironès, y 10 empresarios, ha dado para varios protagonistas, pero uno muy especial: la 'Operación Cataluña'. La presunta contaminación del procedimiento tanto por la denuncia que le dio origen, como por la manera en que se supo de la fortuna que la familia Pujol guardaba en Andorra, ha copado las cuestiones previas. Estas son las cuatro claves de los primeros días ante el tribunal:

El caso Pujol partió de una denuncia de Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, en la que contó que acompañó al primogénito a Andorra a llevar bolsas con dinero en efectivo. La animó a hacerlo Jorge Moragas, jefe de gabinete del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y como abogado tuvo a un socio del excomisario José Manuel Villarejo, principal imputado en la causa en la que se han investigado las cloacas policiales.

El primer instructor del procedimiento, el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tuvo en "situación catatónica" las diligencias -según lo definió en el juicio el abogado de Josep Pujol, Jaume Campaner- hasta que el 7 de julio de 2014 'El Mundo' publicó un pantallazo de la fortuna andorrana, en lo que participaron personas "vinculadas al poder del Estado", por lo que debe entenderse que fueron "ilícitamente obtenidas", esgrimieron con unas u otras palabras varios abogados.

Campaner añadió que los hermanos Cierco, propietarios de la Banca Privada d'Andorra y quienes iniciaron la causa en la que está imputado Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, aportaron a la Fiscalía Anticorrupción documentación bancaria sobre la titularidad de las cuentas en Andorra y, entre ellas, estaba las de los Pujol.

El 25 de julio el propio expresidente catalán dio carta de naturaleza a la publicación con la confesión en la que desvinculaba a sus hijos de ese dinero y afirmaba que procedía de la herencia del abuelo Florenci. Para las defensas, la publicación de las cuentas obedecía a que se buscaba esa reacción, lo que es un dato objetivo es que sirvió de revulsivo para la investigación.

Tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado, por su parte, defendieron la licitud de la prueba y el buen hacer de los instructores. El segundo, el juez José de la Mata, expulsó del procedimiento un pendrive de origen dudoso que fue introducido por el exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino, único condenado por la 'Operación Cataluña'.

El origen de la fortuna oculta de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en Andorra es uno de los aspectos claves del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Los cuatro abogados del exmandatario y de sus siete hijos han defendido en sus cuestiones previas la licitud de estos fondos, remontando su procedencia al legado que dejó en el extranjero Florenci Pujol, padre del que fuera durante 23 años (1980-2003) jefe del Ejecutivo catalán.

Para demostrarlo, uno de los letrados, Pau Ferrer, en nombre de Mireia, Marta, Oleguer y Pere Pujol, cuatro de los siete hijos del 'expresident', presentó por sorpresa ante el tribunal como prueba un ejemplar del Boletin Oficial del Estado y un libro sobre Banca Catalana ('Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis', de los periodistas Siscu Baiges, Enric González y Jaume Reixach y editado en 1985), que quebró en 1982.

El primer documento detalla que el padre del expresidente catalán, fundador de Banca Catalana, se dedicó al contrabando de divisas durante el franquismo, lo que le permitió amasar una fortuna en extranjero. El BOE del 9 de marzo de 1959 aportado en el juicio recoge una lista de contribuyentes sancionados o investigados por tenencia de activos en el extranjero, entre quienes se encuentra Florenci Pujol. Esos fondos, según la defensa de la familia del exmandatario, fueron los que acabaron en cuentas corrientes en Andorra. El esfuerzo de los letrados de la familia Pujol (Cristóbal Martell, Pau Ferrer, Francesc Sánchez y Jaume Campaner) para aclarar la procedencia del dinero resulta importante para que exista no un delito de blanqueo.

La fiscalía no da crédito a la versión del legado de abuelo Florenci y la considera "acordada por todos los miembros de la familia". Para Anticorrupción el legado no es más que una excusa para ocultar la "red de clientelismo" que tejió el expresidente aprovechando sus cargos con empresarios afines a CDC que se repartían los "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las Administraciones catalanas bajo el control" del partido.

Fernando Bermejo, el fiscal al frente del juicio, ha mantenido en su contestación a las defensas la misma tesis y explicó que en la causa contra la familia Pujol “no se trata de que el delito se cometiera en el extranjero", en referencia a la fortuna que los acusados guardaban en Andorra, "sino de cómo se ocultó y enmascaró su origen delictivo” a través de sociedades en el extranjero (Andorra, Panamá o México) del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Los abogados defensores también denunciaron en sus intervenciones la “inconcreción” de la acusación de la fiscalía, la falta de competencia de la Audiencia Nacional para dictar sentencia y el veto de la justicia andorrana a poder usar las comisiones rogatorias que remitió para investigar delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Además, hicieron hincapié en una cuestión procesal, pero no menos importante: la prescripción del delito.

Según el abogado Luis Jordana de Pozas, el abogado de Bernardo Domínguez, el empresario mexicano que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola, la investigación se ha prolongado “más allá de lo razonable” (más de 12 años). La fiscalía rechaza la prescripción porque la infracción penal se comete hasta que finaliza la actividad delictiva, que se prolongó hasta 2011. “Los documentos (presuntamente falsos) se utilizan años después para justificar movimientos en las cuentas de Andorra”, precisó Bermejo. “La falsedad es un instrumento del delito de blanqueo”, subrayó.

El tribunal decidió el pasado lunes no librar al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley -que se enfrenta a una petición de nueve años de prisión por parte de la fiscalía-, a pesar del informe de los forenses que le visitaron en su domicilio en Barcelona y que concluía que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente".

Los magistrados de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no exculparon a Pujol y determinaron que debía continuar en el juicio, permitiéndole que lo siga por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona. Sin embargo, al igual que al resto de los acusados, el tribunal le eximió de tener que estar todos los días en las vistas, pues el juicio está previsto que dure hasta mayo.

Al expresidente solo se le pudo ver a través de una televisión el primer día del juicio, tras explicar directamente al tribunal cómo se encontraba con un "más o menos bien. Estoy a disposición del tribunal". El resto de días no se conectó. Fuentes de su entorno aseguran que no lo hará hasta su declaración, que se practicará al final del juicio, previsiblemente en mayo, después de practicarse todas las pruebas.

El juicio se reanudará el próximo día 10 con la decisión que adopte el tribunal en relación con las cuestiones previas planteadas por las defensas. A continuación declararán los tres primeros testigos que figuran en el calendario de los 255 admitidos. Se trata de Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, secretaria de Jordi Pujol Ferrusola; la hija de este, Nuria Pujol Gironès, y el empresario José Luis Perello Molne.

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