El Govern pone en marcha una ley para acelerar la construcción de viviendas en Catalunya

El Govern pondrá en marcha el próximo martes el procedimiento para elaborar una ley para simplificar los trámites urbanísticos y medioambientales que tienen que afrontar los ciudadanos y las empresas cuando se relacionan con la administración. Es una norma que intentará, por ejemplo, reducir el plazo por el que se conceden las licencias de obras para construir viviendas o para hacer reformas; las autorizaciones ambientales; las solicitudes para instalar energías fotovoltaicas y eólicas o la creación de empresas.

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en una comparecencia en la comisión de asuntos institucionales del Parlament. Lo que hará el Govern la semana que viene es aprobar la memoria preliminar, que marca el inicio del proceso de elaboración de cualquier anteproyecto de ley de la Generalitat. Luego redactará la norma y por último, dentro de unos meses, llevará el texto al Parlament para intentar su aprobación definitiva. El objetivo último, según el conseller, es impulsar la economía catalana: "Tenemos que hacer más fácil la actividad económica en nuestra casa".

La memoria preliminar de la ley, consultada por EL PERIÓDICO, establece que los procedimientos administrativos actuales son "excesivamente lentos y complejos". Por ejemplo, según la normativa vigente, la administración debería pronunciarse sobre una licencia de obras en un plazo máximo de dos meses, mientras que a veces se demora un año o incluso dos. La norma, pues, argumenta que esta "burocracia" retrasa proyectos industriales, residenciales o de otro tipo "generando costes de oportunidad y desincentivando inversiones". Dalmau ha dibujado un panorama por el que actualmente hay una administración demasiado poco efectiva que tiene "parados muchos proyectos industriales" por culpa de "una maraña de trámites". "Tiene que ser más fácil abrir una industria, un negocio y construir vivienda", ha expresado.

No puede ser que para construir una vivienda pasemos más tiempo moviendo papeles que construyendo el edificio

Albert Dalmau

— Conseller de Presidència

Este anteproyecto de ley intentará potenciar dos de las políticas claves que aspira a impulsar el Govern de Illa: por un lado, reformar la administración para reducir la carga burocrática que lleva meses implementando la Generalitat; por el otro, potenciar la construcción de viviendas para dar salida a la emergencia habitacional que viven muchas familias. Dalmau lo ha resumido así: "No puede ser que para construir una vivienda pasemos más tiempo moviendo papeles que construyendo el edificio".

Primeras pistas y primeros recelos

¿Qué propone la norma? La memoria preliminar es una declaración de intenciones que aún no entra al detalle, pero da algunas pistas. En primer lugar, propone "integrar determinadas fases" de la tramitación en una sola para reducir plazos. En segundo lugar, plantea potenciar los trámites electrónicos con el compromiso de "no comprometer la calidad técnica ni la seguridad jurídica". También contempla que entidades o profesionales acreditados intervengan en las tramitaciones para que sean más "ágiles". Finalmente, aboga por que los municipios pequeños no tengan la misma carga burocrática. "No se puede pedir lo mismo a un municipio de 2.000 habitantes que a una gran administración", ha concluido.

Todos los grupos de la oposición se han mostrado de acuerdo con la necesidad de mejorar el funcionamiento de la administración, pero también han expresado algunos recelos sobre las propuestas del conseller. Por ejemplo, Junts y ERC le han reclamado que cuente más con el Parlament a la hora de tomar medidas. "Nos tiene como comparsa. Se necesita una comisión del Parlament para hablar de esta reforma", ha dicho Agustí Colomines (Junts). Jordi Albert (ERC) ha pedido que se cuente más con los parlamentarios: "Tenemos que expresar nuestra posición de forma clara y concisa".

También los Comuns y la CUP han expresado algún temor, como que se confunda la desburocratización con una desregularización en temas tan sensibles como los urbanísticos o también que haya una merma en la calidad de los servicios sociales. Lluís Mijoler (Comuns) ha pedido una reforma que sirva para "garantizar derechos" a los ciudadanos y Dani Cornellà (CUP) para "revertir privatizaciones" en los servicios públicos. Juan Fernández (PP) ha reclamado que los cambios sirvan para reducir la "estructura política" de la administración, es decir, la nómina de asesores y algunos de los organismos actuales.

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