Govern y Comuns se activan para estudiar la prohibición de la compra especulativa de vivienda: "Hay que dar una respuesta inmediata"

El Govern y los Comuns han puesto en marcha este miércoles en la sede de la Conselleria de Territori el grupo de trabajo que tiene que estudiar las posibilidades reales de que en Catalunya se prohíba la compra especulativa de vivienda. El objetivo de este grupo es que el ejecutivo de Salvador Illa tenga listo un primer informe sobre el tema antes de acabar el año para después, a principios de 2026, empezar a concretar las medidas legislativas que deberían pasar por el Parlament.

Antes de acudir a la cita, la diputada de los Comuns Susanna Segovia ha denunciado que actualmente en Catalunya hay muchas familias que tienen dificultades para comprar una vivienda por la "competencia desleal" de los fondos de inversión que "compran al contado y que muchas veces compran incluso sin ver antes las viviendas". Ante esta situación, ha considerado que "hay que dar una respuesta inmediata" para poner coto a esta compra con fines puramente de rendimiento financiero.

Tras la reunión, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicado que el punto de partida para empezar a estudiar el asunto es un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que avaló la prohibición de la compra especulativa siempre que se aplique solo en municipios con una demanda de vivienda tensionada y con carácter "excepcional y temporal". La idea, pues, es construir un "camino jurídico" para diseñar una "regulación urbanística que vincule la compra de activos [de viviendas] a que su uso sea de alquiler residencial".

El objetivo final es, en definitiva, estudiar las vías legales para limitar la compra de vivienda con finalidades meramente de inversión y potenciar la compra de vivienda para aquellas personas que quieran residir en el inmueble. Los Comuns denuncian que actualmente el 60% de las compras de viviendas en España se hacen sin hipoteca, es decir, pagando al contado. Esto es así porque detrás de estas adquisiciones no hay familias que buscan un hogar, aseguran, sino inversores que obtienen una rentabilidad que puede llegar a superar el 15%.

El grupo de trabajo está compuesto por miembros del Govern, los Comuns y expertos. Por parte del ejecutivo catalán hay la propia consellera Paneque, y los altos cargos del departamento Lídia Guillén, Víctor Puga y Javier Villamayor. La delegación de los Comuns la forman la diputada Segovia y el responsable de vivienda del partido, Xavier Martínez. Los expertos son Jaime Palomera (Institut de Recerca Urbana de Barcelona), Pablo Feu (el autor del informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que avala la prohibición), y las juristas especializadas Fuensanta Alcalà y Rosa Fornàs. "El compromiso es que los expertos puedan ir trabajando para presentar un primer informe a finales de diciembre", ha aclarado Paneque.

Las dudas de los Comuns

¿Llegará Catalunya a prohibir la compra de viviendas con fines especulativos? Esta es la gran pregunta para la que nadie, ahora mismo, tiene respuesta. Ni los partidarios de la medida, ni tampoco sus detractores. El Govern se ha comprometido a explorar al máximo el marco normativo y en ello anda. Los que han llegado más lejos son los Comuns que ya han hecho una propuesta concreta: reformar la ley catalana de urbanismo. Con esta norma se daría poder a los ayuntamientos para que pudieran priorizar los usos residenciales en las zonas con demanda tensionada.

Los Comuns han acudido a la cita expresando sus dudas de que el Govern quiera ir hasta el final con esta prohibición. "Nos sentaremos a trabajar y a comprobar si realmente el president Illa y su Govern están dispuestos a poner freno a la especulación", ha afirmado Segovia. Las dudas de los Comuns surgen del hecho de que ya hace diez meses que se aprobó otra normativa sobre el tema, la que busca limitar los precios del alquiler y, según denuncian, el Govern aún no ha puesto ninguna sanción a quienes incumplen la ley.

Para el partido que lidera Jéssica Albiach es clave que la Generalitat empiece a aplicar las políticas en vivienda -ya sea el tope al alquiler o la prohibición de la compra especulativa- para poder, a cambio, ofrecer su apoyo a los presupuestos catalanes para el año que viene. Unas cuentas públicas que, hoy por hoy, siguen paralizadas.

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