El Gobierno confía en culminar el relevo del fiscal general antes de la sentencia en firme para evitar una vacante

El Gobierno esperar poder culminar “en días” la sustitución de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. El Consejo de Ministros propuso este martes el nombramiento de Teresa Peramato, pero no será efectivo hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita el informe preceptivo sobre su idoneidad, previsto para este miércoles, y la candidata comparezca ante la Comisión de Justicia. Solo entonces, se podrá aprobar el real decreto para su publicación en el BOE. Las prisas en el ministerio de Presidencia y Justicia, dirigido por Félix Bolaños, tienen que ver con evitar una “vacante” en el Ministerio Público, pues mientras no se culmine el relevo seguirá al frente de la institución Álvaro García Ortiz. Su inhabilitación, avanzada por el fallo condenatorio del Supremo, no será firme hasta que se conozca la sentencia, todavía pendiente. Por eso, el Gobierno se ha dado por enterado de la renuncia de Ortiz e iniciado el proceso de sustitución pero no materializado su dimisión.

En el Ejecutivo celebran que el CGPJ se vaya a reunir este mismo miércoles para emitir su dictamen sobre Peramato, lo que les permitirá acelerar el proceso con una comparecencia lo antes posible en el Congreso. Habitualmente, todo este procedimiento, desde la propuesta de nombramiento hasta la aprobación del real decreto, suele demorarse alrededor de un mes. Unos plazos que ahora pretenden acortarse por parte del Ejecutivo, a la vista de que la sentencia firme del Alto Tribunal pueda emitirse antes. Otras fuentes de Moncloa señalan que su pretensión en estos momentos pasa por “evitar un vacío de poder”.

Si se produce una vacante por emitirse la sentencia con la inhabilitación de García Ortiz sin estar todavía culminado el nombramiento de la nueva fiscal general, la norma establece que sería la teniente fiscal quien asumiese mientras tanto el cargo. Con todo, incluso de darse este escenario, en el Gobierno echan mano del precedente de Magdalenia Valerio para deslizar que puede postergarse la inhabilitación. El Supremo tumbó el nombramiento de la exministra socialista al frente del Consejo de Estado, pero precisamente para sortear el vacío de poder hasta el nombramiento de su sustituta, no se ejecutó hasta un mes y medio después, cuando la relevó Carmen Calvo.

Desde el Gobierno vaticinan que el CGPJ emitará un informe favorable a la idoneidad de Peramato, aunque no es vinculante. La renovación de García Ortiz en otoño de 2023 se produjo con un dictamen negativo, por primera vez en democracia, debido a las dudas sobre su actuación en el nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala que anuló el Supremo por desviación de poder y conflicto de intereses.

Fuentes del Ejecutivo destacan sobre Teresa Peramato, además de su ideneidad profesional, que se trata de una figura “progresista” y “homologable” a la de García Ortiz. Un perfil que tildan de “muy adecuado”, valorando además su especialización en violencia de género o el sistema VioGén.

“Absolutamente idóneo”, abunda un ministro socialista sobre su perfil para alabar su experiencia y profesionalidad.  “Continuará reforzando su autonomía, continuará persiguiendo el delito y haciéndolo con criterios técnicos y profesionales”, defendía respecto a este nombramiento el ministro de Presidencia y Justicia en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Llamamientos a la movilización

En privado, desde el Ejecutivo no esconden sus críticas a la sentencia contra el fiscal general pero en público se visualizan diferentes posiciones. Por un lado, el ministro de Presidencia y Justicia tratabaeste martes de mantener la institucionalidad, acatando el fallo aun sin dejar de manifestar su discrepancia -misma posición que el jefe del Ejecutivo-, mientras que otros miembros del Ejecutivo han ido elevando el tono contra el Alta Tribunal para impugnar su decisión por supuestamente tener una intencionalidad política. Este está siendo el caso del ministro socialista de Transformación Digital, Óscar López, además del socio minoritario de la coalición, Sumar, con Yolanda Díaz llamando a la movilización y deslizando guerra sucia judicial, el denominado ‘lawfare’.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobó la propuesta de Teresa Peramato para relevar al dimitido Álvaro García Ortiz, quedaron claras ambas posiciones. En un lado de la mesa, Díaz alentó las protestas contra el Supremo, como las de este fin de semana, “en favor de la democracia”. Desde el otro lado, el titular de Justicia apeló a “no generar desconfianza en una institución tan importante como es el Supremo” y la justicia en general. “Cualquier discrepancia es legítima en el plano argumental o discursivo”, concedió Bolaños para advertir que “en ningún caso” se deba “dañar” con ella a las instituciones democráticas.

“Nosotros también tenemos el derecho legítimo a decir que el pueblo salga a la calle a defender la democracia”, replicaba la vicepresidenta segunda por su parte. Díaz y Bolaños ni siquiera coincidieron en su valoración sobre la decisión del Supremo de adelantar el fallo condenatorio antes de la sentencia. La vicepresidenta segunda cargó contra ello porque “ante una causa tan importante” en el Supremo “se debe respetar a sí mismo y publicar íntegramente la sentencia” y aportar su motivación jurídica.

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