Junts, ERC, Comuns y CUP impulsan la derogación de los Decretos de Nueva Planta

Los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado este miércoles en la Mesa del Parlament una proposición de ley que reclama al Congreso la derogación de los Decretos de Nueva Planta, las normas aprobadas entre 1707 y 1716 por Felipe V que suprimieron las instituciones propias de los territorios de la antigua Corona de Aragón tras la Guerra de Sucesión.

La iniciativa plantea que la Cámara Baja deje sin efecto esos decretos que abolieron el derecho público propio de Aragón, Valencia, Mallorca y Catalunya, y que supusieron una "profunda quiebra del principio de pluralidad política y jurídica", además de una "pérdida de derechos colectivos y libertades nacionales" para los territorios afectados. De ser aprobada por el Parlament, la ley se remitiría al Congreso, que sería quien debería aprobar la derogación definitiva. Sin embargo, los grupos impulsores de la iniciativa no suman mayoría y para que la proposición de ley prospere necesitan, como mínimo, una abstención del PSC.

Los cuatro grupos firman una propuesta que enmarcan como un ejercicio de "reparación histórica y justicia institucional". En la exposición de motivos lamentan que la Constitución de 1978 solo restituyera el régimen foral vasco y navarro sin ninguna referencia a los Decretos de Nueva Planta, que continúan técnicamente vigentes tres siglos después. Por ello, reclaman reconocer la "continuidad institucional como nacionalidades históricas" y eliminar "todo rastro de aquella imposición".

Los grupos parlamentarios defienden que el movimiento no reabre debates sobre el modelo territorial del presente, sino que busca saldar una deuda histórica de la democracia con las instituciones catalanas y del resto de territorios de la antigua Corona de Aragón. Estas leyes supusieron la desaparición de las Cortes catalanas durante 216 años, hasta que en 1914 se recuperó la 'Mancomunitat de Catalunya', que fue poco después abolida por el dictador Primo de Rivera. Se recuperó en 1932, con la primera sesión constitutiva del Parlament -que el hemiciclo conmemorará la semana que viene- aunque también fue interrumpida durante más de treinta años de franquismo.

La propuesta llega después de meses de presión de la Associació de Juristes Valencians, cuyo presidente, José Ramón Chirivella, ha acompañado a los grupos en el registro de la iniciativa en la Cámara catalana. Chirivella, ha pedido tanto al PSC como al PPC que voten a favor de la iniciativa que se ha registrado este miércoles en el Parlament. "Si no, sería mantener el legado del rey Felipe V contra nuestros territorios". La entidad denuncia que mantener la vigencia de aquellos decretos no solo tiene efectos simbólicos, sino también políticos, al dejar sin reconocimiento formal la tradición jurídica propia de estos territorios.

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