El abogado del Estado defiende la investigación a los Pujol con la denuncia de Victoria Álvarez y la confesión "barroca" del expresidente

La Abogacía del Estado ha apoyado al representante de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Bermejo, a la hora de oponerse a las cuestiones previas planteadas por las defensas con las que pretenden evitar 'in extremis' el juicio. El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha sostenido que la instrucción seguida contra el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia por la fortuna que guardaba en Andorra con la denuncia de la que fue novia del primogénito, Victoria Álvarez, y la "barroca explicación" que dio el padre "sobre la existencia de cuentas y fondos desde hacía décadas en el extranjero".

El representante de la Abogacía del Estado -el mismo que defendió al fiscal general del Estado en el juicio que ha terminado en su condena-, ha defendido la "veraz" información que publicó 'El Mundo' el 7 de julio de 2014 con el pantallazo de las cuentas de la familia, lo que destapó el dinero que ocultaba en Andorra, y ha negado la alegación de la defensa consistente en que se trataría de una revelación de secretos que puede contaminar toda la causa. Ha explicado que "transmitir a la opinión pública información veraz no es delictivo", sino que forma parte "del ejercicio del derecho a la información", protegido por el artículo 20 de la Constitución.

Ha matizado que esa circunstancia se produce "si los hechos son ciertos" y que los contados en esa información "eran veraces" y "llegaron sin mácula a la ciudadanía" como 'noticia criminis' que da origen a la investigación sobre la fortuna en Andorra. "Era tan veraz esa noticia que motivó la explicación barroca que dio [el expresidente catalán] Pujol Soley" el 25 de julio de 2024, ha afirmado el abogado del Estado para negar "un pecado original" que ahora sea capaz de frustrar su enjuiciamiento.

Pruebas no contaminadas

Ocio ha negado que las pruebas remitidas por la justicia andorrana se puedan entender "contaminadas" por la presunta revelación de secretos alegada por las defensas y se ha remitido a la propia celebración del juicio oral para poder comprobar si la Agencia Tributaria española podía alcanzar sus propias conclusiones sobre los delitos presuntamente cometidos, "con independencia de lo que digan las comisiones rogatorias" cursadas por el principado. Ello gracias a la documentación intervenida en las entradas y registros que se practicaron en los domicilios de los acusados y en sus empresas.

La defensa del principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, alegó que las 21 comisiones rogatorias remitidas por Andorra vetaban que la información que facilitaba a la justicia española se pudiera utilizar para investigar delitos fiscales o de blanqueo de capitales, que son justo de los que se acusa a Jordi Pujol Soley y a sus hijos.

La Abogacía del Estado, que actúa como acusación particular, solo acusa por los delitos fiscales de los que también se atribuyen a Josep y Jordi Pujol Ferrusola y a la exesposa de este último, Mercè Gironès, que se enfrentan respectivamente a 14, 29 y 17 años de cárcel. También lo hace por los delitos de falsedad documental por los que deberán responder varios de los empresarios que también se sientan en el banquillo por presuntamente pagar comisiones a la familia Pujol o ayudar a ocultar el dinero ilícitamente obtenido.

El abogado del Estado ha negado que se puedan considerar prescritos esos delitos y que ciertos informes periciales se obtuvieran después de la última prórroga de la instrucción, punto en el que ha explicado que se habían solicitado con anterioridad, lo que evita que deban quedar fuera de la causa.

Salvo Josep

El juicio se reanudará el próximo 10 de diciembre, momento en que el presidente de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, anunciará qué decisión adoptan sobre las cuestiones previas esgrimidas durante las dos primeras sesiones de la vista por las defensas.

Este miércoles a las sesiones han asistido todos los hijos del expresidente catalán, menos Josep. Todos los acusados fueron eximidos por el tribunal de tener que desplazarse a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) para seguir el juicio. Pujol Soley, que puede seguirlo desde su domicilio por videoconferencia, no volverá a conectarse hasta que le toque declarar en mayo.

Suscríbete para seguir leyendo