Los Pujol presentan un libro de Banca Catalana y un BOE para demostrar el origen lícito del dinero en Andorra

La sesión de este martes del juicio por la fortuna oculta de la familia Pujol en Andorra ha arrancado con las cuestiones previas que planteó el abogado Pau Ferrer, en nombre de Mireia, Marta, Oleguer y Pere Pujol, cuatro de los siete hijos del expresidente Jordi Pujol Soley. El letrado se encomendó al Boletín Oficial del Estado (BOE) y a un libro sobre Banca Catalana ("Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis", de los periodistas Siscu Baiges, Enric González y Jaume Reixach), que quebró en 1982, lo que dio lugar a una querella contra el expresidente catalán que terminó archivada.

Con ello, la defensa trata de demostrar que el dinero en Andorra procedía del legado ('deixa') que dejó a la familia el abuelo y padre del expresident, Florenci Pujol, lo que serviría para negar el origen ilícito del dinero y, en consecuencia, el delito de blanqueo de capitales. Tanto el libro, editado en 1985, y el BOE se centran en Florenci Pujol. El primer documento detalla que el padre del expresidente catalán, fundador de Banca Catalana, se dedicó al contrabando de divisas durante el franquismo, lo que le permitió amasar una fortuna.

"Es una investigación periodística", ha recalcado el abogado de los hijos de Pujol sobre la obra que solo se puede comprar en internet de segunda mano. El objetivo, ha incidido, es trazar el “perfil económico y empresarial de Florenci Pujol”, también fundador de Banca Catalana, para acreditar la tesis de que los fondos que nutrieron las cuentas andorranas procedían del legado del abuelo.

El BOE del 9 de marzo de 1959 aportado en el juicio recoge una lista de contribuyentes sancionados o investigados por tenencia de activos en el extranjero, entre quienes se encuentra Florenci Pujol. Esos fondos, según la defensa de la familia del exmandatario, fueron los que acabaron en cuentas corrientes en Andorra.

La procedencia del dinero

El esfuerzo de la familia Pujol en aclarar la procedencia del dinero resulta clave para que exista o no un delito de blanqueo. Y este esfuerzo fue acompañado por el de los abogados de los empresarios, que insistieron en que el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción les genera indefensión, al no concretar la actividad ilícita de donde proceden unos fondos que se considera que han sido blanqueados a través de operaciones simuladas. El letrado Pau Ferrer, en nombre de cuatro de los hijos de Pujol, también ha presentado al tribunal documentación tributaria de sus clientes y ha insistido en sus alegaciones en la "lesión del derecho de defensa" por la "falta de concreción" de la acusación del fiscal, un argumento repetido por las defensas.

En esta línea, Luis Jordana de Pozas, abogado de Bernardo Domínguez, el empresario mexicano que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola, se ha preguntado: "Si los fondos son desconocidos, ¿cuál es el antecedente del delito de blanqueo? Exactamente ninguno, ninguno, ninguno". Fermín Morales, defensor de Francesc Robert, exdirector de la TV de Andorra vinculado a Pujol junior, ha recordado que la justicia del país vecino excluyó que las comisiones rogatorias que contestaba pudieran ser utilizadas para perseguir los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. "No había una homogeneidad legislativa entre los dos Estados respecto al blanqueo", ha subrayado.

Por su parte, José María Fuster-Fabra, en nombre del empresario Josep Mayola Comadira, lo ha expresado de forma similar, tras señalar que lo que en principio "parecía un delito de tráfico de influencias se acabó convirtiendo en un delito de blanqueo de capitales, que, a la vez, se ha convertido en una especie de comodín del público", siempre acompañado del de asociación ilícita. El resto de abogados defensores han argumentado también la presunta vulneración de derechos fundamentales y la prescripción del delito, aún siendo continuado, a la vez que cuestionaron algunas de las entradas y registros practicados durante la instrucción de la causa, solicitando su nulidad.

'Operación Cataluña'

En esta sesión, la 'Operación Cataluña' ha aparecido de la mano del abogado Óscar Morales, codefensor del empresario Luis Delso junto a José Antonio Choclán. El letrado ha recordado el único episodio de las prácticas cuando menos controvertidas de la policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy que ha terminado en condena: la introducción de un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol por el que era director adjunto policía, Eugenio Pino.

El abogado Diego Artacho, defensor del empresario catalán Carles Sumarroca Claverol, ha denunciado la "persecución" a la que ha sido sometida su familia, empezando por el padre del acusado, Carles Sumarroca Coixet, uno de los fundadores de Convergència Democràtica (CDC), junto al expresident Jordi Pujol. El letrado ha aportado información "sobre estas maniobras sobre la familia Sumarroca, que, a su entender, fue investigada por mantener una amistad con la familia Pujol. En este sentido, ha precisado que pese a las declaraciones del financiero catalán Javier de la Rosa que relacionaron en su día a Carles Sumarroca padre con Banca Catalana, se sobreseyó el procedimiento contra él, tras seis años de investigación. Y ha asegurado que ciertos elementos que podían corresponder al padre se atribuye ahora a su hijo.

El letrado Emilio Zegrí, que representa al empresario Carles Vilarrubí, ha subrayado que se ha producido vulneración de derechos fundamentales y ha protagonizado un pequeño rifirrafe con el presidente del tribunal que le interrumpió en su alegato: "Me parece claramente ineficaz todo lo que está diciendo", le ha reprochado el magistrado presidente. A lo que el letrado le ha respondido que sus cuestiones previas no deben depender de la hora a la que le toque intervenir. Ha sido el último y se acercaba la hora de acabar la sesión. Este miércoles será el turno del fiscal Fernando Bermejo y de la abogacía del Estado que deberán responder a todas las cuestiones planteadas por las defensas, que no son pocas.

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