Claves de una semana de órdago

Si hay un protagonista esta semana es Álvaro García Ortiz. No tanto por su persona como el hecho de haberse convertido en el primer fiscal general del Estado condenado. Aún falta conocer la sentencia y, por tanto, los motivos por los que la sala del Tribunal Supremo que lo ha juzgado concluye su culpabilidad. El fallo se ha conocido apenas una semana después de que el caso quedara “visto para sentencia” y se alcanzó sin unanimidad, pese al carácter “histórico” de lo que tenían entre manos.

Pero el impacto político de la decisión supone una batalla ganada para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la guerra política que la enfrenta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Agravada por la “humillación” de que García Ortiz deberá indemnizar, además, con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y procesado por dos delitos fiscales, otro de falsedad documental y un cuarto de organización criminal. Según la lectura que se extiende entre los socialistas y que los enerva.

Se trata de un primer “estacazo” judicial contra Sánchez, que defendió públicamente la inocencia de García Ortiz —incluso durante la celebración del juicio— y que ahora ve cómo se encienden las alarmas en el PSOE ante el devenir del resto de causas judiciales —el caso David Sánchez y el caso Begoña Gómez— que rodean al presidente.

Unas alarmas que, sin embargo, no se activaron en el PSOE ante las acciones de Santos Cerdán, el otro protagonista de la semana tras su salida de prisión. Pero no tanto por la imagen de la libertad recobrada por el que fuera secretario de Organización del PSOE – y que coincidió con la de Sánchez en un mitin junto al candidato socialista en Extremadura y procesado en el caso del hermano del presidente-, sino por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que detalla la trama que supuestamente organizó para obtener comisiones ilegales del 2% de obras adjudicadas por el Gobierno. La red, según el informe, se habría puesto en marcha pocos días después de la victoria de Sánchez en las primarias de 2017 frente al aparato socialista, con Cerdán como uno de los principales artífices de aquella gesta. A ello se suma la imagen de su mujer usando la tarjeta con total impudicia.

De ahí la sensación de “decepción” pero, sobre todo, de “enfado” en el seno del PSOE contra Cerdán por el daño a un proyecto que se reivindicaba como el triunfo de las bases frente a las élites. Una estafa para los militantes y para un proyecto que escaló hasta el Palacio de la Moncloa combatiendo la corrupción y que ahora obliga a Sánchez a rendir cuentas -solo desde el punto de vista político- de las acciones de sus dos últimos secretarios de Organización. No hay que olvidar en esta convulsa semana que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el predecesor de Cerdán, José Luis Ábalos, 24 años de prisión y la próxima semana podría verse al exministro camino de prisión.

Pero una vez más, la principal mordida de la corrupción es la que asesta a la democracia. Y ahí también hay que sumar el caso destapado por la UCO en Almería y que se ha llevado por delante, de momento, a la cúpula del PP en esta provincia. Las alarmas, esta vez, tampoco sonaron en la formación que preside Alberto Núñez Feijóo ni en el partido en Andalucía que controla Juanma Moreno. El intento del partido de acotar el caso apartando a los implicados y eludir responsabilidades “in vigilando” desmonta la estrategia con la que el PP señala a Sánchez como responsable último de las acciones de Ábalos y Cerdán, que ya dirime la justicia.

Sin embargo, el mayor coste de estas actuaciones recae sobre la democracia y las instituciones – en una semana en la que se conmemora el 50 aniversario del 20-N y la llegada de la monarquía parlamentaria- porque crece la desafección política y el mantra de que “todos son iguales”, caldo de cultivo para los populismos y los movimientos antisistema. Como decía estos días Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, “los ciudadanos no se merecen este destrozo que solo hace que alentar el voto a los partidos que abogan por destruir las reglas de un sistema que los que lo tendrían que defender no defienden suficientemente”.

Todo esto mientras el precio de una docena de huevos supera los tres euros, tras haber aumentado un 22% en el último año. Y Unicef sitúa a España con una tasa del 34,8% de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, la segunda posición más elevada de la Unión Europea.

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