La renuncia de García Ortiz consuma un mandato polémico y cuestionado desde que sustituyó a Dolores Delgado

El paso por la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz, que ha renunciado al cargo tan sólo cuatro días después de el Tribunal Supremo haya dictado contra él una condena de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados, ha estado rodeado de polémica desde que en julio de 2022 sustituyó a la también muy cuestionada desde amplios sectores de la carrera Dolores Delgado, su compañera en la Unión Progresista de Fiscales.

Las peticiones de dimisión realizadas principalmente desde asociaciones como la mayoritaria Asociación de Fiscales o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales --que ha ejercido la acusación popular durante el juicio-- fueron reiteradamente desoídas por García Ortiz, incluso cuando el Supremo anunció que le sentaba en el banquillo.

De hecho, antes de que se abriera la causa que finalmente le ha costado su puesto por los hechos cometidos en relación con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el Pleno del Senado, con mayoría del PP ya aprobó instar su cese al Gobierno, una decisión también inédita que no tuvo entonces ninguna consecuencia para García Ortiz. Pese a que siempre ha defendido su inocencia, finalmente ha sido la sido la querella presentada por el empresario Alberto González Amador la que ha propiciado su inhabilitación, lo que le obligará a dejar el cargo.

Ascenso fulgurante

Delgado - cuando estabas al frente de la Fiscalía- propició su ascenso desde su puesto como fiscal de medio ambiente en Galicia hasta un lugar clave como es la jefatura de la Secretaría General Técnica, de especial importancia para la toma de decisiones por parte del Ministerio Público, convirtiéndole en su mano derecha.

Algunas de sus conductas más criticadas, como las relativas al caso Stampa, le enfrentaron en su día con gran parte de la carrera antes de ser fiscal general y la situación fue enconándose tras su cuestionada confirmación como fiscal general por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez surgido del 23-J, ya que por primera vez en democracia el número uno de la Fiscalía española no contó con el aval de idoneidad por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Cuestionamiento en el CGPJ

Ya para su primer nombramiento como fiscal general en julio de 2022 el Consejo del Poder Judicial se fracturó a la hora de otorgar a García Ortiz el aval de idoneidad: un total de siete vocales del sector conservador aludieron a su participación en actos que han creado "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir". Se referían concretamente a la participación de García en un acto organizado por el PSOE de Galicia en 2019. La situación se agravó el pasado noviembre, después de que el nuevo titular de Justicia, Félix Bolaños, decidiera mantenerle al frente de la Fiscalía General: el nuevo dictamen directamente le tachó de no idóneo pese a cumplir los requisitos legales.

Por otra parte, no es la primera vez que el Supremo resuelve en contra de García Ortiz, el alto tribunal ya lo puso en la picota al anular en mayo de 2024 el nombramiento de su antecesora como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La decisión obligó al Consejo Fiscal a valorar si concurría algún tipo de incompatibilidad con su desempeño por ser la esposa del exjuez y ahora abogado, Baltasar Garzón, cuya labor profesional está muy ligada al ámbito del que venía siendo responsable desde hace casi un año a través de la Fundación FIGBAR. 

Dicha compatibilidad fue validada dos meses más tarde pese a que la mayoría del Consejo renunció a votar al considerar que se hurtó a este órgano de la documentación necesaria para abordar el debate. Lo relevante es que llovía sobre mojado, pues el pasado mes de noviembre el Supremo ya había anulado el ascenso a la cúpula fiscal de Dolores Delgado, llegando decir que con esta decisión Álvaro García Ortiz incurrió en "desviación de poder". 

Stampa y amnistía

En cuanto al denominado Caso Stampa se criticaron las decisiones adoptadas desde el órgano técnico que llevaron a alargar la investigación interna a Ignacio Stampa, uno de los fiscales de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo. Dicha investigación, abierta a raíz de unas informaciones que resultaron manifiestamente falsas, sobre la especial relación del fiscal con una de las abogadas de la acusación de Podemos, fue fundamental a la hora de no otorgarle una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, lo que supuso su expulsión del caso. Se da la circunstancia de que este fiscal ha denunciado ahora a la ex militante del PSOE Leire Díez, por tratar de sacarle información que buscaría perjudicar a fiscales Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Otra de sus decisiones más cuestionadas fue su veto a que el Consejo Fiscal --parte de cuyo origen es electo y con mayoría de fiscales de corte conservador-- presentara un informe al Senado en relación con la proposición de ley de amnistía. Se argumentó que este órgano carece de competencia para informar proposiciones de ley en tramitación parlamentaria, como era el caso, pero su decisión fue calificada de política en contraste con la adoptada por el Consejo General del Poder Judicial, que sí respondió al requerimiento de la Cámara Alta con un documento muy duro contra el concernido de la ley. A esta postura se sumó la negativa de la Fiscalía a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el Supremo, razón por la que se criticó también su acercamiento al Gobierno de Sánchez.

Ahora, se condena a Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente es que también le impone dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado. También se le impone una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una cantidad muy alejada de los 300.000 euros que solicitaba.

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