La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo

"Un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él". Así de rotundamente reaccionaron desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en alusión a su pareja, Alberto González Amador, a la hora de valorar la condena de inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo contra el aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Este análisis parece adelantar una postura activa de los abogados de la pareja de la presidenta madrileña frente a la decisión del alto tribunal, habida cuenta de que ya se ha abierto juicio oral contra el empresario-- por fraude fiscal, falsedad documental, delito contable e integración en organización criminal-- y tiene pendiente otra instrucción por corrupción en los negocios y administración desleal, en la que se trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar comisiones irregulares e ingresos procedentes de Quirón.

Por el momento, fuentes de su defensa señalan que hay que ser prudentes y estudiar la sentencia que dicte el Tribunal Supremo en los próximos días contra García Ortiz antes de decidir si sus argumentos permiten presentar cuestiones de nulidad relacionadas con la primera de estas causas.

En el procedimiento por fraude se produjo la filtración que afectó inicialmente a la negociación de un pacto con la Fiscalía para tratar de soslayar el juicio, a cambio de reconocer delitos y pagar a Hacienda. En principio no se tiene previsto ningún movimiento inminente en este sentido, pero no se descarta del todo en función de lo que se diga por el Tribunal Supremo.

Confesión desvelada

Ya durante el juicio, la defensa de González Amador, que ejerce el abogado Gabriel Rodríguez Ramos, apuntó que la nota de prensa enviada desde la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo de 2024, con la que se habría cometido, al menos en parte, el delito de revelación de datos reservados, incluía "un relato institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca" del Ministerio Público sobre su cliente.

Ello habría vulnerado gravemente su derecho de defensa, pues al airearse el reconocimiento del delito fuera del ámbito de la negociación de la conformidad--que es estrictamente confidencial entre el abogado y el fiscal de un caso-- se quebró la presunción de inocencia del empresario. A juicio del letrado, "no era necesario para neutralizar ningún bulo ni para saber de donde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad", y menos aún revelar sus detalles. El pacto se siguió negociando tras este suceso e incluso se llegaron a fijar unos compromisos de condena y pagos, si bien estos nunca llegaron a nada, por lo que la defensa también manifestó durante el juicio que cualquier conformidad nacía muerta tras todo lo ocurrido.

Por su parte, el empresario utilizó su declaración durante la vista en el Supremo para cargar duramente contra Álvaro García Ortiz en relación con el momento de la filtración del correo electrónico en el que su defensa ofrecía un pacto a la Fiscalía. "El fiscal García Ortiz me había matado públicamente", llegó a manifestar. La cuestión, ahora, es estudiar si de todas estas circunstancias derivaría alguna causa legal que afecte al desarrollo del juicio que próximamente se celebrará por fraude contra González Amador.

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