El PP vincula la escalada del caso Cerdán al final de Sánchez pero descarta la moción de censura

"Van a caer todos, y Sánchez va a caer con todos". La frase con la que el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, concluyó su intervención de urgencia este miércoles, tras la salida de la cárcel de Santos Cerdán, en el escritorio del Congreso de los Diputados -el lugar más solemne de la Cámara Baja para dirigirse a los medios de comunicación- hacía planear de nuevo, en un lugar del Palacio de las Cortes solo separado del hemiciclo por el pasillo central (la célebre 'M-30'), el fantasma de la moción de censura. Ese instrumento que apenas fue anecdótico las primeras cuatro décadas de la historia democrática (dos mociones en todo ese periodo, ambas infructuosas) y que en los últimos ocho años se ha empleado nada menos que cuatro veces, a una media de una cada dos años, incluida la única que tuvo éxito, y que en 2018 aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia tras derrotar a Mariano Rajoy.

Enseguida los informadores trataron de desentrañar si el número dos del primer partido de la oposición estaba abriendo el camino hacia esa posibilidad, pero solo pudieron llevarse a la boca una sesuda reflexión de Tellado sobre la responsabilidad política del jefe del Ejecutivo en el escándalo: "Nosotros creemos que caerán todos, y que una cosa son las responsabilidades judiciales y otra cosa son las responsabilidades políticas, y que ningún político puede no asumir las responsabilidades políticas que acarrean sus actos y decirle al conjunto de la ciudadanía que hay que esperar a que actúe la justicia. No, las responsabilidades penales se dilucidan en los juzgados, en sede judicial, y aquí hay muchas que se tendrán que dilucidar: en un juzgado de Badajoz, en un juzgado de Madrid, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, pero las responsabilidades políticas se dilucidan en la sede de la soberanía nacional, en las Cortes", concluyó aludiendo tanto al caso Ábalos-Koldo-Cerdán como a las causas que se siguen contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, contra su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, por la que se abrirá juicio oral, así como al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, visto ya para sentencia.

En privado, diversos dirigentes populares se mueven en el equilibrio de reclamar esas responsabilidades, e incluso de recordar que la moción de Sánchez en 2018 (defendida por Ábalos en nombre del Grupo Socialista, remarcan) se produjo con la corrupción como leitmotiv, pero al mismo tiempo escurrir el bulto cuando se les plantea que, dadas las circunstancias, por qué no impulsar esa moción de censura. "Vamos a ver si Gabriel Rufián empieza a pedir responsabilidades", asegura con indisimulado sarcasmo al respecto un dirigente de la dirección nacional popular, aludiendo al portavoz de ERC en Madrid.

El apoyo de Junts

Aunque es obvio que no es al independentismo de izquierdas al que se mira ante la eventualidad de una moción presentada por Feijóo, sino al conservador, más en concreto a Junts per Catalunya, algo que sigue sonando a quimera en la política española. La aritmética no sería viable de otra manera y Vox no tiene el número suficiente de diputados para impulsarla, a diferencia de la legislatura anterior, en la que presentó dos mociones fallidas de antemano contra Sánchez, una del propio Santiago Abascal en el otoño de 2020 y la que protagonizó en el año 2023, antes de las elecciones generales celebradas ese año, el profesor y ex dirigente del Partido Comunista de España (PCE), Ramón Tamames.

En otras ocasiones, Feijóo ya se ha referido a la esterilidad política de presentar una moción si no tiene los apoyos suficientes. Sin ir más lejos el pasado mes de junio, cuando se conoció el primer informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sobre Cerdán, que provocó su cese fulminante como secretario de Organización del PSOE y su renuncia al acta de diputado por Navarra. "No voy a dar un balón de oxígeno al señor Sánchez para que le ratifiquen en este momento", argumentó entonces, al mismo tiempo que sostuvo que "en el momento que vea alguna posibilidad, la voy a utilizar", condicionando siempre la hipótesis de la moción al apoyo previo a la misma.

En Génova se tiene la convicción de que lo revelado esta semana es lo suficientemente grave, o debería serlo, para hacer caer a cualquier gobierno, tanto por los más de seis millones de euros que a través de mordidas de Acciona por concesiones de obra pública habría recibido Cerdán, como por el hecho de que en 2024 el entonces número dos del gabinete de Sánchez, el hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, se reuniese con la conocida como 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, y con el empresario imputado Javier Pérez-Dolset, quienes buscaban informaciones comprometedora sobre mandos de la UCO.

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