El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general y prepara ya su relevo para "los próximos días"

El Gobierno "respeta el fallo, pero no lo comparte". El fallo adelantado de la sentencia condenatoria contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, con una pena de multa y dos años de inhabilitación, ha cogido por sorpresa al Ejecutivo. Con todo, Moncloa prepara ya su relevo para los "próximos días". Su sustituto "será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho", como se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según apuntan fuentes del Gobierno que no esperarán para activar ya el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado.

El Gobierno al completo y el propio Pedro Sánchez reiteraron durante todo el procedimiento la inocencia de Álvaro García Ortiz con el argumento de que “siempre ha defendido la verdad y persiguiendo el delito”, incluso cuando se estaba produciendo el juicio. Tras la sentencia, desde el Ejecutivo han querido reconocer igualmente la labor de Álvaro García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".

En pleno juicio, el Ejecutivo se mantuvo enrocado en la inocencia del fiscal general con la interpretación de que no había “ninguna prueba contra él”. La condena es una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, así como dos años de inhabilitación especial para el cargo que García Ortiz ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha acatado la sentencia contra el fiscal general por el “deber legal de respetar” la decisión judicial, pero a ello ha añadido que el Gobierno también tiene el “deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”. A través de una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Bolaños ha ratificado con semblante serio que en los próximos días se activará el mecanismo para nombrar a un sustituto de Álvaro García Ortiz, cuya sentencia por revelación de datos reservados inhabilita a dos años.

"El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del Fiscal General del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa", apuntó para justificar la decisión de poner en marcha su relevo.

Confianza en las instituciones

Tras mostrar su renocimiento a la labor de García Ortiz y su “compromiso” en defensa “de la ley y de la verdad”, el titular de Presidencia y Justicia ha pedido que la “discrepancia” del Gobierno no conlleve una "desconfianza generalizada en las instituciones", particularmente en la justicia. "España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial", equilibró. Asimismo, ha lanzado un dardo con un mensaje de defensa de quienes “velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz”.

Finalmente, Bolaños ha cargado contra quienes han puesto en duda a lo largo de este proceso la labor tanto de periodistas como de fiscales que velarían por este derecho a recibir información veraz y aplicar la ley. Por ello ha justificado que el Gobierno “siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías” para concluir que "estaremos siempre a su lado".

Dos votos particulares

La sentencia condenatoria contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos cogió al ministro de Transformación, Óscar López, a la salida de un acto público, por lo que ha evitado valorar la decisión. “Cuando lo lea, lo valoraré”, esquivó a los medios para responder que “voy a morderme la lengua y ser prudente", sobre el hecho de que si se esperaba esta decisión. Una prudencia que duró poco en Moncloa, al mostrarse contrarios al fallo, que tuvo dos votos particulares, favorables a la absolución, frente a cinco.

La pena impuesta al fiscal general es la multa mínima prevista para este delito (de 12 a 18 meses) y la mitad de la inhabilitación especial para empleo o cargo público (de uno a tres años). El tribunal le absuelve de los demás delitos de los que era objeto de acusación, entre ellos, el de revelación de secretos por el que González Amador, pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le pedía 4 años de prisión.

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