Catalunya tendrá listo en un mes el informe sobre la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Hace justo un mes el president Salvador Illa asumió el compromiso de estudiar la prohibición en Catalunya de la compra de viviendas con fines especulativos y, este jueves, el Parlament le ha exigido que no se demore en la presentación del informe. La Cámara catalana ha aprobado sendas mociones idénticas de ERC y la CUP que exigen al ejecutivo que presente "las conclusiones" del estudio "antes de que acabe 2025".

Lo interesante de las mociones aprobadas es que ERC y la CUP han pactado su contenido con el PSC, el partido del Govern. Eso compromete algo más al ejecutivo catalán a la hora de cumplir con este plazo. Los textos han salido adelante con el apoyo de los 72 diputados de las formaciones progresistas del hemiciclo: los socialistas, los republicanos, los anticapitalistas y también los Comuns. Junts, con 35 escaños, se ha abstenido y el resto de grupos -27 votos- han votado en contra.

Aparte de presentar el estudio en un mes, la moción también exige al Govern que durante el primer trimestre de 2026 presente "diferentes alternativas estratégicas, normativas y programáticas" para regular esta compra especulativa. Lo que han buscado ERC y la CUP, en definitiva, es que el compromiso de Illa con este tema no se demore y empiece a tomar decisiones cuanto antes.

¿Llegará Catalunya a prohibir la compra de viviendas con fines especulativos? Esta es la pregunta del millón. El Govern se ha comprometido a explorar al máximo el marco normativo y en ello anda. Los que han llegado más lejos son los Comuns que ya han hecho una propuesta concreta: reformar la ley catalana de urbanismo. Hasta ahora, el único precedente sobre el tema es un informe jurídico del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que concluyó que sí que era una medida viable siempre que se aplicara "con carácter excepcional, territorial y temporal". Nadie lo ha puesto en práctica hasta la fecha.

Un debate polarizado

El debate de este jueves en el Parlament ha dividido el pleno en dos. Por un lado, toda la izquierda y el centroizquierda se han mostrado partidarios de estudiar a fondo la medida. Por el otro, todo el centroderecha, la derecha y la extrema derecha se ha mostrado enfadada por esta posibilidad. Con las mayorías actuales, la balanza se decanta hacia la izquierda. Lo que no está claro es si, llegado el día que se presente una propuesta en firme para regular este tema, la izquierda se mantendrá unida.

La diputada de la CUP Laure Vega ha defendido la necesidad de regular la compra especulativa para poner "la política al servicio de la economía popular". Su diagnóstico es que la vivienda es la "unidad mínima" de cualquier persona para desarrollar un proyecto vital y ahora mismo no solo no se está garantizando, sino que "se están echando a vecinos [de los barrios] para meter a ricos". No está claro hasta dónde quiere llegar el PSC en este asunto, pero la diputada Eva Candela ha defendido que las fuerzas políticas que quieran una solución tienen que "hablar y llegar a acuerdos". "La vivienda no puede ser hoy un negocio, tiene que ser un derecho", ha proclamado.

Se están echando a vecinos para meter a ricos

Laure Vega

— Diputada de la CUP

ERC y los Comuns han intentado combatir el mantra de que esta regulación es un ataque a la propiedad privada. "No solo no es un ataque, sino que queremos que más personas tengan acceso a la propiedad", ha dicho la diputada republicana, Mar Besses. Según ella, hoy en día el mercado inmobiliario sigue siendo un "negocio demasiado rentable para quienes acumulan propiedades" mientras no garantiza el acceso de todo el mundo a una vivienda en condiciones. En la misma línea ha apuntado Susanna Segovia (Comuns), que ha considerado que prohibir la compra especulativa generará nuevos propietarios: "Se trata de frenar la compra [de pisos] para invertir y favorecer la compra de pisos para vivir".

Es un ataque a la propiedad privada

Àngels Esteller

— Diputada del PP

El resto de partidos han puesto el grito en el cielo. Para la diputada de Junts, Glòria Freixa, la izquierda se ha instalado en una dinámica de "a ver quién dice más tonterías". Pese a todo, su partido se ha acabado absteniendo. Ha coincidido en el diagnóstico la popular Àngels Esteller, para quien todas estas medidas son un "ataque a la propiedad privada". Mónica Lora (Vox) ha intentado vincular el problema de la vivienda con la "inmigración masiva" y Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha dicho que intervenir el mercado de la vivienda hasta este punto sería un "peligroso retroceso económico, democrático y jurídico". Fijadas las posiciones de todo el mundo, ahora solo queda esperar al informe del Govern para finales de año.

Suscríbete para seguir leyendo