Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo por los contratos de mascarillas y que Pedro Sánchez declare en el juicio

Las acusaciones populares en el caso Koldo, bajo la dirección letrada del Partido Popular, solicitan 30 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García en relación con los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. Para este último se piden 7 años de prisión por la atenuante de confesión. También reclaman para a,bos una multa de al menos 594.000 euros.

Las acusaciones achacan a Ábalos y Koldo pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación, mientras que a Aldama le atribuyen esos mismos delitos, salvo el último. Así, y ante la elevada pena y después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la convocatoria de una vistilla sobre la libertad de los investigados, las acusaciones reclaman al magistrado Puente que “acuerde la prisión provisional” de Ábalos y Koldo García, “para evitar el riesgo de fuga, dado que el acusado tiene motivación y capacidad para sustraerse a la acción de la justicia, ante la proximidad de una condena”.

En relación con otros hechos que se han incluido en esta parte de las pesquisas, como son las circunstancias que rodearon el rescate de Air Europa y la nota de prensa emitida por el Ministerio de Transportes con Ábalos de titular, las acusaciones populares reclaman la declaración, en calidad de testigo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al igual que el Ministerio Fiscal, el PP, Hazte Oír, Iustitia Europa y el resto de acusaciones piden que comparezca el ex consejero delegado de Globalia-Air Europa. Francisco Javier Hidalgo.

Montero, también testigo

Otra de los testigos solicitados es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “mencionada por su relación jerárquica” con su jefe de gabinete, Carlos Moreno Medina. También reclaman que testifique la ahora líder de los socialistas madrileños y exministra de Industria, Reyes Maroto, por su relación con su subordinado Juan Ignacio Díaz Bidart, a quien reclaman en el mismo sentido su comparecencia. Igualmente en relación con Hacienda, piden que deponga el asesor en el Ministerio de Montero, Ignacio Granada, quien habría participado en una de las gestiones que la trama habría realizado para Aldama.

También las acusaciones proponen como testigos a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz, y a su hija Leonor González Pano, y al chófer que supuestamente la trasladó: Álvaro Gallego García.

Más que Anticorrupción

La petición incluida en su escrito de calificación provisional supera lo reclamado por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito que se conoció este miércoles reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y seis meses para Koldo, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 millones de euros a cada uno por cinco delitos diferentes.

Como origen de la trama, las acusaciones apuntan en su escrito, al hecho de que Ábalos y Koldo conocieran durante la campaña de las elecciones primarias a la secretaría general del PSOE. Apuntan que el primero, "que había estado históricamente vinculado a la formación política en la Comunidad Valenciana" se incorporó a la campaña del candidato Sánchez y "asumió en ella un papel central" junto con otros compañeros del partido como Adriana Lastra y Santos Cerdán, actualmente investigado en otra pieza separada sobre presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública también vinculadas a la denominada trama Koldo. En este punto, introducen que Koldo se encargaba de custodiar los avales obtenidos en favor del candidato que ambos apoyaban.

Asimismo, vinculan el origen de la trama corrupta en el ascenso de Sánchez a la Secretaría General del partido, por la contratación de Koldo como chófer de Ábalos "lo que a la postre le procuraría un rápido ascenso profesional de la mano" de éste que se disparó cuando el PSOE llegó al poder.

El "atractivo" de Aldama

En este punto del relato de hechos, las acusaciones populares sitúan a Aldama, uno de cuyos "principales atractivos" era, según el escrito, "su bien nutrido catálogo de relaciones en el extranjero, especialmente en Hispanoamérica". Así, le sitúan "de enlace" en las relaciones mantenidas entre el Gobierno de España y diversos políticos venezolanos, lo que le habría valido el "reconocimiento" del propio presidente del Gobierno, así como "consolidar su relación con la cúpula" del Ministerio de Transportes. Es en este marco donde sitúan el "concierto de voluntades" que permitió las adjudicaciones millonarias a la empresa Soluciones de Gestión --introducida por Aldama-- además de otras acciones relacionadas con "una muy intensa y lucrativa relación en los años venideros", que persistió incluso tras el cese de Ábalos como ministro.

Además de otras pruebas, y en relación con la petición de documentación de cara al juicio, las acusaciones solicitan al instructor que requiera al PSOE para que aporte “los documentos justificativos de las liquidaciones de gastos elaborados por la Secretaría de Organización durante el periodo en que el Ábalos dirigió el área, incluyendo los tickets justificativos de los pagos realizados”. También, que entregue “por escrito los procedimientos de aprobación y liquidación de gastos, así como la política de gastos en vigor en la etapa de Secretario de Organización del acusado José Luis Ábalos".

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