El Govern realiza 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por incumplir la ley del alquiler

El Govern y los Comuns han vuelto a chocar este miércoles en el Parlament por uno de los temas estrella de la legislatura: la vivienda. El partido de Jéssica Albiach ha acusado al ejecutivo catalán de "dejación de funciones" a la hora de aplicar la ley que pone límites al precio del alquiler. La Generalitat se ha defendido asegurando que en lo que va de año ha hecho 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por una posible vulneración de los derechos de los consumidores en los anuncios de pisos.

El rifirrafe se ha producido durante la sesión de control al Govern en el Parlament. La diputada de los Comuns Susanna Segovia ha reprochado al conseller de Empresa i Treball, Miguel Sàmper, que la Agència Catalana de Consum no esté persiguiendo como debería las inmobiliarias que no han adaptado los anuncios a la nueva legislación. "Es increíblemente fácil entrar en un portal y comprobar los incumplimientos, los fraudes y las estafas", ha lamentado.

La tesis principal de los Comuns es que algo está fallando si ya han pasado diez meses desde que se aprobó el decreto y aún no se ha tramitado ninguna sanción. "No se están poniendo al servicio de las personas que alquilan cuando tienen los recursos y el personal para dar respuesta", ha criticado. Además, ha lamentado que la Agència Catalana de Consum no tenga ninguna campaña en marcha para "defender los derechos de los arrendatarios".

No se están poniendo al servicio de las personas que alquilan

Susana Segovia

— Diputada de los Comuns

Se necesita rigor en el recorrido jurídico de las sanciones para que sean efectivas

Miquel Sàmper

— Conseller de Empresa y Treball

Sàmper ha intentado contrarrestar los dardos de los Comuns con algunos datos. Ha asegurado que, en lo que va de año, la Generalitat ha hecho 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por anuncios que potencialmente podían vulnerar la ley. De estas inspecciones, han salido 138 expedientes por cuestiones como que en estos anuncios inmobiliarios no se informa de los precios de referencia o de la condición de gran tenedor del propietario de la vivienda.

El Govern se defiende de las críticas de los Comuns replicando que, si aún no hay sanciones, es porque la legislación incorpora un procedimiento "garantista" que tiene varias fases hasta llegar a la multa final. Su argumento es que el Tribunal Constitucional ya tumbó algunos artículos de la ley catalana de alquiler del 2022 y que ahora tiene que ser muy riguroso para no volver a chocar contra otra advertencia así. "Se necesita rigor en el recorrido jurídico de las sanciones para que sean efectivas", ha zanjado.

Consecuencias en los presupuestos

Los Comuns han aprovechado la intervención para volver a advertir al Govern de que, si no acelera la aplicación de la ley y empieza a sancionar a quienes la incumplen, no negociará los presupuestos de la Generalitat. "Si no tenemos presupuestos y vamos atrasados en la negociación es también por la dejadez de funciones de su departamento", ha dicho Segovia, que ha pedido al conseller que "no le tiemblen las piernas" con este asunto. Los Comuns, junto con ERC, son decisivos para que el ejecutivo catalán pueda tener unas nuevas cuentas públicas para el año que viene. Sàmper se ha intentado mostrar conciliador con el grupo de Albiach asegurando que el Govern y los Comuns tienen en común que consideran la vivienda como un "reto de país".

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